Zamarbide: “El Acuerdo de Escazú brinda herramientas para proteger nuestros recursos naturales de los riesgos ambientales”

Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor de la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Más conocido como Acuerdo de Escazú, por la ciudad de Costa Rica en la que fue celebrado en 2018, significa un gran avance para que pueda llegar a la etapa de entrada en vigencia –falta que un país más lo ratifique-. Aquí, el discurso del diputado nacional por Mendoza, Federico Zamarbide, en la sesión que finalizó esta madrugada.

“Quiero reconocer, en primer lugar, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado mucho para que Argentina ratifique este Acuerdo. Nos han acompañado en la Comisión de Ambiente numerosos expositores, muchos de ellos jóvenes, comprometidos con la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales. Quiero destacar la importancia de este acuerdo para América Latina y el Caribe, que implica también valorar el aporte ambiental que hace nuestra región a todo el planeta, en medio de esta situación crítica que atravesamos a nivel mundial con la pandemia y el cambio climático. Tenemos un enorme capital: nuestros recursos naturales, bosques, fuentes de agua dulce que se encuentran frente a grandes riesgos y el Acuerdo de Escazú brinda herramientas para proteger al ambiente frente a esos riesgos”, comenzó afirmando el legislador.

Asimismo, Zamarbide destacó que representa una confluencia indispensable entre la protección ambiental y los derechos humanos. Al tiempo que puntualizó que sus pilares son demandas cada día más vigentes en nuestra sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones: acceso a la información, participación pública y acceso a la Justicia.

“Nuestro país cuenta con una buena cantidad de leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales, pero que en muchos casos no se implementan como corresponden o son incumplidas, como el caso de la Ley de Bosques. El acceso a la Justicia muchas veces representa para la ciudadanía el último recurso para reclamar por el derecho a un ambiente sano, este Acuerdo establece garantías y condiciones para el pleno ejercicio de ese derecho”, remarcó el diputado de la UCR.

“Si bien tenemos todavía que mejorar mucho nuestra legislación en materia ambiental, el principal problema de la conservación de los Recursos Naturales en Argentina es de gestión. Ahora se está hablando de modificar la Ley de Bosques, por supuesto que estamos abiertos a ese proceso y vamos a mejorar lo que haga falta de la ley. Pero que nadie nos distraiga, según el informe anual de Greenpeace, el primer semestre de este año se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos en Argentina. Entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se concentran el 80% de los desmontes del país. Y esto no se resuelve sólo con una modificación de la ley. El problema es de gestión, ya que casi todos estos gobernadores pertenecen a la coalición del Gobierno nacional: si tienen la verdadera intención de frenar los desmontes, gestionen ante esos gobernadores. Sino lo que demuestran es que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro. Ya hemos realizado, desde nuestro Bloque, pedidos de informe sobre los desmontes y reitero nuestra voluntad de tratar la ley y modificar lo que haga falta”, se explayó Zamarbide en la sesión.

Acceso a la información, un pilar fundamental

Respecto al acceso a la información, el diputado sureño subrayó que es uno de los derechos que el Acuerdo de Escazú busca garantizar. “Es uno de los requisitos para la transparencia en la gestión del Estado, sobre todo al momento de evaluar la implementación de las normas; si están cumpliendo o no con sus objetivos, cuál es el impacto real de determinadas actividades sobre la naturaleza. Sabemos que en materia ambiental siempre es mejor prevenir que recomponer, recordemos lo que dice nuestra juventud: ‘No hay planeta B’. No somos conscientes de la gravedad del cambio climático y de las consecuencias para nuestro país. Un ejemplo es mi provincia, Mendoza, donde el retroceso de glaciares y la disminución de las precipitaciones de nieve ponen en jaque la vida en los oasis y la producción agrícola. Tenemos que diseñar mecanismos de adaptación en forma urgente y vamos a insistir para que el Estado Nacional colabore con las provincias afectadas. El futuro ya llegó, nos quedamos sin agua cada vez con más frecuencia en el oeste argentino, los incendios en la zona central del país nos lo recuerdan también, las inundaciones frecuentes, las sequías prolongadas”, enumeró el legislador de Juntos por el Cambio.

En la misma línea, llamó a reflexionar sobre lo que todo esto significa en un país como Argentina, que depende en gran parte de su producción agraria. “En Mendoza tuvimos los incendios más grandes de la historia registrada hace un par de años. Con el cambio climático no es que llueva menos, sino que no tenemos un régimen hídrico. Entonces, grandes tormentas seguidas de grandes períodos de sequía generan un polvorín en nuestro monte muy difícil de combatir. Necesitamos adaptarnos y generar ciudades más resilientes. Y para eso tenemos que preguntarnos si como ciudadanos estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones de producción y consumo y reemplazarlos por otros más sostenibles. O si estamos dispuestos a disminuir nuestra Huella Hídrica y nuestra Huella de Carbono. Para esto es fundamental la participación pública, otro de los pilares del Acuerdo de Escazú, clave tanto en los procesos de revisión de proyectos, como en procesos de ordenamiento territorial y toda otra actividad que tenga impacto sobre el ambiente. El acuerdo de Escazú promueve medidas activas por parte del Estado para lograr la participación efectiva, consciente e informada de los distintos sectores de la sociedad”, determinó.

Por último, destacó la inclusión para todas las disposiciones del acuerdo de “dos principios de suma importancia en materia ambiental: el principio de no regresión y el principio de progresividad, que ratifican la necesidad de ir avanzando paso a paso en materia de protección de derechos sin la posibilidad de dar un paso atrás. Nuestro país aportó mucho para la concreción de este acuerdo desde sus inicios, hace ya varios años atrás. Ahora somos el décimo país en concretar su ratificación, habilitando que muy pronto se alcancen las 11 firmas necesarias para su entrada en vigencia. Realmente es un honor acompañar con el voto en esta oportunidad”, concluyó el diputado Zamarbide sobre el tratado internacional.