El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación determinó que el 25 de septiembre comenzará el juicio político contra Walter Bento, el juez federal con competencia electoral que fue suspendido y ahora corre el riesgo de ser destituido de su cargo por presunto mal desempeño de funciones.
Si esa definición se produjera en el juicio político, que definirá la suerte del magistrado antes de fin de año, Bento podría caer en prisión porque perdería automáticamente los fueros y en la causa penal por asociación ilícita tiene numerosos pedidos de prisión preventiva, ante los cuales ya no tendría inmunidad.
El Jury se llevará a cabo a partir de las 10 en la sala de audiencias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, situado en el tercer piso de Libertad 731 de la Capital Federal.
El Jury de Enjuiciamiento arrancará, como estaba previsto, en paralelo al juicio penal, que ya transitó nueve jornadas de un proceso que durará por lo menos dos años, según fuentes judiciales; y que tendrá un día clave en la próxima audiencia, que será el 6 de septiembre, ya que declarará el magistrado “por todos los hechos”, tal como lo adelantó este jueves en Tribunales Federales.
En el caso del juicio político, se espera que haya algún tipo de definición o sentencia para el 27 de noviembre, por lo que las audiencias durarían pocas semanas y el resto del resto será para la establecer el fallo. Hay que recordar que el Jury tiene siete miembros: dos jueces, cuatro legisladores nacionales y un abogado.
LOS DOS BANQUILLOS DE BENTO
Bento fue procesado por el juez Eduardo Puigdéngolas por presuntamente liderar una asociación ilícita en la cual favorecía a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales. Actualmente afronta el juicio penal por ello.
En tanto, fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron a Los Andes que el debate del Jury de Enjuiciamiento podría poco tiempo porque “se fijan tanto las declaraciones como así también las duraciones de las mismas”.
“Estarán las palabras de apertura, donde tendrán lugares miembros de la acusación y de la defensa, luego declararán los testigos, que son 10; y finalmente se fijará la fecha de los alegatos de cierre. Posteriormente se dará la sentencia. No hay más que eso”, acotaron. En este sentido, también dijeron que Bento “puede o no hablar” en el juicio político.
Por otro lado, Los Andes dialogó con Miguel Piedecasas, presidente de la comisión de Acusación de la Magistratura, quien se limitó a señalar que sostiene “la acusación contra Bento (en el Jury) y vamos a pedir la destitución como juez federal. Entendemos que hay un conjunto de pruebas que lo complican al magistrado. Tenemos elementos”.
También agregó que no es “inédito” el hecho que corra el juicio penal en paralelo al juicio político. “Ya ha ocurrido en otras ocasiones, no es ningún problema ni se obstaculizan entre ellos”.
Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura abrió el procedimiento de remoción contra Bento y lo suspendió en sus funciones el 31 de mayo. En el plenario de este organismo, los miembros votaron por unanimidad a favor de esta medida.
EL JUICIO POLÍTICO
En la resolución del Jurado de Enjuiciamiento firmada este martes, se dispuso la citación para el 25 de septiembre a los representantes de la acusación del Consejo de la Magistratura Piedecasas, Eduardo Vischi y Roxana Reyes; así como también al propio Bento y a sus abogados Gustavo Gazali y Mariano Fragueiro Frías; más al defensor público oficial Santiago García Berro.
“Hágase saber al doctor Bento que su incomparecencia no postergará ni suspenderá el juicio, el que se sustanciará con su defensor de confianza y/o el defensor público oficial que lo asiste”, marca el comunicado del Consejo de la Magistratura.
Por otro lado, el 27 de septiembre se citará a declarar a los testigos Juan José Domnicz, Raúl Cavecedo, Cristián Bejer, Viviana Lourdes Megazzini, Mariana Andrea Álvarez y Carolina Calello a las 10 “bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública y haciéndoles saber las previsiones del artículo 243 del Código Penal de la Nación”.
En tanto, para el 28 de septiembre, declararán de manera remota desde la provincia los siguientes testigos: Alfredo Rodríguez, Raúl Ricardo Sánchez, Gabriela América Del Camó, Mariela Andía y Florencia Elías.
Ya el 29 de septiembre, será el turno, también de forma remota, de Martín Pereyra, Segundo Correas, Mauro Manno y Francisco Villegas Ciacera.
El Jury se limitará a analizar si el juez cometió mal desempeño por lo cual aclaró en la apertura a prueba del proceso dictaminó el 4 de agosto pasado, que la causa penal “excede el ámbito de competencia del Jurado de Enjuiciamiento”.
BENTO Y EL “RIESGO DE FUGA”
Para el fiscal Dante Vega, “existe riesgo de fuga” de Bento, por lo que señaló que sería importante la destitución del magistrado y por ende, su prisión preventiva mientras se lo juzga”. Recordemos que el magistrado tiene fueros, por lo que sigue en libertad, más allá de que pesen sobre él cinco órdenes de prisión preventiva.
El fiscal marcó que “toda la banda está detenida” menos el juez federal, a quien se considera la cabeza, y consideró que hay un “entorpecimiento” de la causa y de la investigación, estando el propio magistrado en libertad mientras sigue la causa en su curso.
“La banda está activa en cuanto a la posibilidad de fuga de parte de Bento, que tiene un rol preponderante, los recursos económicos y una posición de poder para hacerlo. También tiene la posibilidad de desnaturalizar el proceso. Bento ha perturbado el proceso desde que estaba secreto”, marcó Vega en una entrevista con Los Andes.
Por otro lado, comentó que “tendría impacto” si es destituido. “Hoy en día, en la situación en la que estamos, aseveramos que es una banda que permanece activa porque el jefe permanece en libertad. Las medidas que se toman al respecto son las que se pueden tomar: hacerlo saber. Todavía no es momento de tomar medidas de aseguramiento respecto del juez en particular porque es prematuro. Evaluaremos cuándo tomaremos esas medidas”, añadió.
Por otro lado, Vega puso énfasis en que la resolución del Jury de Enjuiciamiento es “irrecurrible”, por lo que se resuelva en términos de ese juicio, podría tener un impacto importante en términos del proceso penal.
LOS INTEGRANTES DEL JURADO
- Javier de la Fuente. Es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Daniel Bensusán. Es senador nacional del Frente de Todos por la provincia de La Pampa desde 2021. Su profesión es la de abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Representante del gobernador Sergio Ziliotto, Bensusán es apoderado del Partido Justicialista (PJ) de la provincia, de donde también es consejero titular y congresal. Fue ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa entre 2015 y 2021, durante las gestiones de Carlos Verna y de Ziliotto. También integró el Consejo de la Magistratura provincial entre 2008 y 2019.
- José Torello. Es senador nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. Asumió su banca en febrero de 2022 en reemplazo de Esteban Bullrich. Es abogado egresado de la UBA. Integra el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, a quien conoció en el colegio Cardenal Newman. Fue su jefe de asesores, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego en el Gobierno nacional. El kirchnerismo lo señala como parte de la denominada “mesa judicial macrista”. Entre 2002 y 2022 fue, además, apoderado del PRO. Su hermano Pablo Torello es diputado nacional y productor agropecuario.
- Anahí Costa. Es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Catamarca. Asumió su banca en 2021 en reemplazo de la exgobernadora Lucía Corpacci, que juró como senadora. Es abogada especialista en responsabilidad civil. Se desempeñó como subsecretaria en el Ministerio de Obras Públicas de Catamarca (2014-2019), y como secretaria de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia (2019-2022).
- Ana Clara Romero. Es diputada nacional del PRO por la provincia de Chubut, desde 2021. Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue concejal de Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, entre 2019 y 2021, y actualmente es candidata a intendenta de esa ciudad patagónica por Juntos por el Cambio.
- Alfredo Barrau. Es abogado por la matrícula federal.
- Javier María Leal de Ibarra. Es titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia desde 2001. Lo señalan como cercano al juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti. Encabeza la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, una entidad que nuclea a los titulares de las Cámaras de todo el país. De extensa trayectoria en la Justicia, ocupó diversos cargos de secretario y prosecretario en la Corte. También fue subdirector y director de la DAJUDECO, la oficina de escuchas judiciales, apuntada por presuntos actos de espionaje ilegal. Allí llegó de la mano del camarista porteño Martín Irurzun, conocido por la “doctrina Irurzun” a favor de la prisión preventiva de exfuncionarios kirchneristas.
