Este lunes, la sala compuesta por los jueces María Teresa Day, Dalmiro Garay y José Valerio, decidirá sí avala o no la sustracción de celulares de las cárceles de Mendoza. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Justicia empezó con la “extracción progresiva” de aparatos. Propone además incrementar el número de visitas y comprar más dispositivos para emergencias.
El Ministerio de Seguridad informó que ya está aplicando un “plan estratégico” para la extracción progresiva de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios, priorizando a aquellos internos que tienen antecedentes de utilizar estos dispositivos para estafas, delitos cibernéticos o actividades violentas.
Según establece el Código de Ejecución de la pena privativa de la libertad, en su artículo 98, se considera una infracción “utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación” por parte de los internos. Sin embargo, desde el año 2020, por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se habilitó la tenencia de teléfonos para los internos y luego la decisión se prorrogó hasta este año por el conflicto de partes. Mientras tanto, casi siete de cada diez reclusos -de una población carcelaria de 6 mil personas-, tienen un dispositivo a mano.
El 10 de enero pasado, el juez de Ejecución penal Sebastián Sarmiento, resolvió ponerle fin al beneficio y dispuso una serie de requerimientos para llevar adelante la quita de celulares, con un período gradual mínimo de 6 meses. Pero el Ministerio Público Fiscal respondió que debía iniciarse apenas entrada su vigencia, por lo cual presentó una apelación que escaló hasta la Corte. Lo mismo hizo, de forma paralela, la Defensoría General de la Provincia pero para oponerse a la sustracción de teléfonos, argumentando que resultaron útiles para mejorar la conducta de los presos, entre varios puntos. Esto es lo que deberá resolver la Corte este lunes, en la audiencia programada a las 9 en el cuarto piso del Poder Judicial.
En ese marco, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se plegaron a la postura del MPF y explicaron cuál es el plan para mitigar el impacto de la quita masiva de celulares en las cárceles. Proponen incrementar el número de celulares de uso para emergencias y además implementar un sistema de visitas semanales, con pago de pasajes incluido a familiares que vivan lejos.
La ministra Mercedes Rus le explicó a Los Andes que “la situación excepcional de la pandemia quedó atrás, junto con toda excepcionalidad y contemplación de estos beneficios tales como celulares para cada interno”.
A la espera de la resolución de la Corte, la ministra aclaró que desde principios de año no se están recibiendo más celulares de los internos que ingresan y han aplicado también el “plan estratégico” para la extracción progresiva de los teléfonos.
“Esto se ve ayudado por las recientes resoluciones de Clasificación de Internos, Categorización y Reglamento Alto Perfil que ordenan y facilitan el control intramuros”, comentó la funcionaria.
“Es un desafío lo que venimos haciendo de no recibir más celulares, dado que gracias a este amparo, las personas privadas de la libertad lo consideran una injusticia, que tienen un derecho adquirido y eso genera tensión intramuros y hace difícil la convivencia”, reconoció.
La ministra señaló que entienden “la importancia de mantener el vínculo entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Por eso, desde la cartera proponen ampliar el sistema de visitas y volver al régimen semanal, con un “gran esfuerzo de logística y organización”.
En el plan del Gobierno también se incluye el pago de en pasajes a aquellos familiares que residan lejos de las cárceles y quieran visitar a las personas privadas de libertad, pudo saber Los Andes.
Mientras que descartaron como “inaplicable” el requisito que planteó el juez Sarmiento de instalar telefonía pública en cada uno de los pabellones. “La resolución judicial que pide la instalación de un sistema de telefonía pública en cada pabellón es inaplicable en contextos penitenciarios, ya que las cárceles no son lugares de acceso libre al público”, explicó Rus
“Además, hemos recibido informes de los proveedores de telecomunicaciones que confirman la imposibilidad técnica de cumplir con esta condición”, aseguró la ministra.
El Ministerio de Justicia plantea también aumentar el número de dispositivos que cuenta el Servicio Penitenciario para “casos especiales de contactos urgentes y emergencias familiares, y/o algún otro sistema controlado de acceso a telefonía, siempre bajo control y supervisión”. Se trata de una compra de alrededor de 50 celulares, que formarán parte de la Ley de Presupuesto 2025, que será presentado esta semana por el gobierno en la Legislatura.
Las complejidades del procedimiento
Desde la Corte entienden que es un tema sumamente complejo la quita de celulares. El juez Valerio será uno de los tres magistrados que deberá resolver y sin preopinar, señaló hace unos días que “los argumentos a favor y en contra son muy fuertes”.
“Además hay que ver cómo se instrumenta, si se puede instrumentar para todos o no se puede instrumentar”, expresó.
Existen varios condicionantes en la quita de celulares, entienden desde la Justicia. Uno de ellos es el momento del año para realizarlo. El juez Sarmiento le explicó a Los Andes que decidió postergar su resolución desde diciembre a enero porque hacerlo durante las Fiestas hubiera sido caótico.
“Yo lo resolví en enero, porque considero que pasadas épocas que son más convulsionadas en la cárcel, como en el fin de año, puede ser el momento para rediscutir o para tomar este tipo de decisiones”, aseguró. De la misma forma defendió el “retiro gradual” porque “no puede hacerse de un día a otro, ya que no es ni operativa ni técnicamente viable”.
Las posturas enfrentadas
El 9 de septiembre, se llevó adelante la audiencia de apelación, en la que la sala compuesta por los jueces Day, Valerio y Garay, escuchó a las partes que se oponen al mecanismo que dictó el juez Sarmiento el pasado 10 de enero.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Guzzo, se opuso a estos condicionamientos y pidió que la quita de celulares se lleve adelante en un plazo no superior a un mes, desde la vigencia de la resolución.
Mientras que los defensores encabezados por el doctor Gabriel Galeota solicitaron que se extienda la autorización de los celulares hasta diciembre de 2025, basándose en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que prorrogó la emergencia sanitaria.
Entre los puntos que destacaron como “positivos” ante los jueces, mencionaron que a través del uso del celular se redujo la “agresividad” en los complejos penitenciarios por la comunicación directa con familiares; que también se mejoró el acceso a la educación, sobre todo universitaria; y que fortaleció su derecho a defensa ante cualquier eventualidad por el contacto directo con los abogados.
También propusieron la instalación de una red de Wi Fi particular para controlar las comunicaciones de los internos, donde aseguran se podrían bloquear las llamadas sospechosas y evitar las estafas. “No se podrían incorporar chips truchos, salvo los que realmente existen, a través de una inteligencia artificial colocada”, dijo la defensora Isabel Pérez Palacio.
El fiscal Guzzo expuso por su parte que resulta “anacrónico e infundado” hablar de emergencia sanitaria en 2024 y que la Justicia debe “dejar de pecar de ingenuidad” en ese sentido.
“En todo lo que es comunicación, el MPF jamás ha estado en contra de que se mantenga porque es lo que dice justamente la ley. Pero no en la forma en la que hoy se está llevando a cabo, donde una persona privada de la libertad tiene a su disposición el teléfono las 24 horas del día, en las mismas condiciones que las tiene una persona que está en situación de libertad”, sostuvo.
Crean el Consejo PenPePstas buenas intenciones que presentan los señores defensores no hay ninguna razón jurídica que autorice que podamos mantener esta irregularidad que existe hoy de que cada persona privada de la libertad pueda tener un teléfono celular para ser no solo lo que debe garantizar el Estado, sino lo que quiera, inclusive seguir cometiendo delitos”, apuntó el fiscal Guzzo.
Crean el Consejo Penitenciario Regional de Cuyo
Mendoza, San Juan y San Luis avanzan en el Plan Integral de Seguridad Regional que pusieron en marcha los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Claudio Poggi en mayo pasado. El jueves pasado se reunieron autoridades penitenciarias de las tres provincias y crearon el Consejo Penitenciario Regional Cuyo.
Estuvieron presentes el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana; la directora y el subdirector del Servicio Penitenciario de San Luis, Karina Mantelli y Juan Carlos Serrano; el director y subdirector del Servicio Penitenciario de San Juan, subprefecto Enrique Delgado y subprefecto Carlos Suárez, y la oficial adjutor Yamila Schiffel, perteneciente a la Asesoría Letrada de esa provincia.
La reunión se desarrolló este jueves con el objetivo de tratar temas como las políticas de integración entre las tres instituciones; la inteligencia penitenciaria y gestión de datos; la promoción de la Primera Jornada Regional de Análisis y Manejo de la Información, y el diseño colaborativo de políticas de profesionalización de agentes penitenciarios para la región Cuyo.
