Gobernadores de provincias norteñas quieren reeditar la promoción industrial, programa que rigió durante tres décadas y que luego de un reclamo que realizó Mendoza a la Nación, terminó en un acuerdo extrajudicial para hacer la megaobra Portezuelo del Viento.
En este caso, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo en una radio porteña (AM 750) que pedirá al presidente Alberto Fernández que se vuelva a la promoción industrial en al menos 9 provincias del norte argentino, las que integran la región Norte Grande (NOA-NEA), para otorgar ventajas tributarias a las empresas que se radiquen allí.
“Fuimos perjudicadas por el unitarismo, pero Alberto Fernández está haciendo cosas por el federalismo”, destacó el gobernador rojano, que es optimista respecto a que se pueda implemengtar nuevamente el régimen de la promoción industrial, que tiene el objetivo de incentivar mediante exenciones impositivas la radicación de empresas en esos territorios.
La ley fue sancionada en 1974 (gestión de Juan Domingo Perón) y rigió en las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca. Allí se les dio exenciones de Ganancias e IVA a empresas, que variaban desde 100% en los primeros cinco años hasta 15% en otros 10 años más.
Mendoza y Portezuelo del Viento
En Mendoza los recuerdos de este régimen no son buenos, más allá de que la demanda que inició la provincia terminó en un arreglo extrajudicial para que la Nación se haga cargo de la megaobra Portezuelo del Viento. Fue durante la década de los 90 cuando comenzó todo, ya que el ex gobernador Arturo Lafalla inició ese reclamo a la Nación luego de que el entonces presidente Carlos Menem prorrogara la promoción industrial para las provincias de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja.
Según recuerda el senador provincial Juan Carlos Jaliff, “el reclamo iniciado por el Gobernador Arturo Lafalla era contra tres decretos de Menem (8047/96, 1125/96 y 67/97) y buscaba que se restituyera a Mendoza las sumas de dinero que por coparticipación dejaba de percibir, por la desgravación de impuestos a empresas del régimen de promoción industrial”.
“Al estar establecidos por decreto y no por una ley, como establece nuestra Constitución, aquellos eran inconstitucionales”, detalló. El juicio fue continuado primero por el gobernador radical Iglesias y luego por la de Cobos, donde finalizó en un acuerdo extrajudicial con la gestión de Néstor Kirchner de Portezuelo del Viento, que si bien hay una licitación en curso, aún Fernández tiene que resolver un laudo por si se tiene que volver a realizar o no un estudio de impacto ambiental.
