El nombre del sacerdote Javier Olivera Ravasi saltó a los medios cuando se conoció la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza y su encuentro con represores de la última dictadura militar. Fue acusado, por la diputada nacional Lourdes Arrieta, de propiciar ese encuentro.
La Diócesis de Zarate - Campana anunció a mediados de agosto, la expulsión del sacerdote Javier Olivera Ravasi. La decisión se tomó en respuesta a “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes”, las cuales, según la Diócesis, contradecían el testimonio cristiano.
Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad, incluido el secuestro y desaparición de la modelo Marie Anne Erize. Además de su labor sacerdotal, es conocido por sus ideas conservadoras y tradicionalistas, las cuales a menudo confrontan con las posturas del Vaticano a través de su canal de YouTube, “Que no te la cuenten”.
Luego de que se destapara el escándalo, la diputada nacional redobló la apuesta y le pide a la justicia que investigue “si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente”.
A través de la red social X, expuso una serie de documentos en los que aparece el nombre del sacerdote y se pregunta: “Estas sociedades, ¿están integradas por las mismas personas vinculadas con el sacerdote?” y a lo cual vuelve a interrogar: “¿Cuál sería su financiamiento?”.
“Hay una sociedad en Miami que tiene el mismo nombre que una sociedad en Argentina que integra este cura. Y en Georgia, Estados Unidos, también hay otra. Es una información que pude conseguir el fin de semana y tendría que investigar”, dijo Yamil Castro Bianchi a Radio 10.
Una de las respuestas que tuvo, provino del abogado Gregorio Dalbón. El letrado patrocina a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el intento de magnicidio en contra de su figura.
Su mensaje no pasó desapercibido. Citando a la expresión de Arrieta, le dijo que no pida por las redes sociales sino que haga la denuncia correspondiente. “Usted como diputada debe denunciar. No hacerlo la pondría en riesgo por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, manifestó Dalbón.
Lejos de tomarlo mal, Arrieta le devolvió la gentileza: “Lo estamos haciendo”, le respondió y arrobó a Yamil Castro Bianchi, el abogado que la patrocina en las últimas denuncias que ha hecho. Dalbón completó la gentileza del intercambio con un “Genial diputada. Con los genocidas no se negocia. Cordial saludo”.
