El abogado Pablo Llonto y el fiscal Felix Crouse presentaron una denuncia ante la Justicia para investigar a diputados libertarios y a penitenciarios por la visita a represores. Ambos sostienen que podrían haberse violado normas del Servicio Penitenciario Federal, poniendo en riesgo a visitantes y dando posibilidades de fuga. Al mismo, se habría cometido falsedad ideológica por ocultarle a por lo menos dos diputadas el motivo de la visita.
Luego de que las diputadas libertarias Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci aseguraran haber sido “engañadas” y no saber que iban a visitar a represores, Llonto y Crouse presentaron denuncias ante el juez del Tribunal Oral Federal 5 de Capital Federal, Daniel Obligado, para que se investiguen “de manera urgente” posibles delitos penales cometidos por quiénes organizaron la visita. Como ocurrió en el penal de Ezeiza, Obligado remitió la denuncia al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.
Tanto para Llonto como para Crouse, querellantes en decenas de causas de lesa humanidad, este engaño cometido por los organizadores de la visita, entre los que estaría el legislador Beltrán Benedit, no sólo es un delito de falsedad ideológica, sino también significa que no se cumplieron los requisitos exigidos para ingresar a la Unidad Penitenciaria. La responsabilidad de esto, implicaría a funcionarios penitenciarios.
Falsedad ideológica y violación de normas del Servicio Penitenciario
Según el artículo 8 del decreto 1136/97 que regula las visitas a presos, éstas serán concedidas “previo pedido o conformidad del interno, quién podrá en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada”. Ante esto, lo que deduce Llonto, es que si las diputadas Arrieta y Bonacci no sabían a quiénes iban a ver en el penal, no podían haber hecho el pedido correspondiente.
“Ante la gravedad de los hechos (visitantes engañados y llevados a una visita que no pretendían), debe iniciarse una investigación por violación del Reglamento, lo cual de repetirse puede habilitar la posibilidad de riesgos para los visitantes, posibilidades de concretar fugas, y además deja al desnudo la poca seriedad en el cumplimiento de normas por parte del personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal (SPF), concretando un incumplimiento de las obligaciones del estado argentino, conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, denunció Llonto en su escrito presentado ante Daniel Obligado.
En tanto, para el fiscal Crouse, esta visita podría una entre varias más, todas con posibles irregularidades. “Estas hipótesis iniciales ameritan realizar una amplia y minuciosa pesquisa al respecto confirmar o desechar tales hipótesis, sino para desentrañar los motivos y fines del encuentro con los condenados por tan graves crímenes, tanto como averiguar si existen otros casos como los reseñados”, reclamó Crouse.
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