A partir del 1 de septiembre, Palmares Mall en colaboración con el Ministerio de Seguridad y Justicia, pondrán en marcha un sistema de monitoreo para fortalecer la seguridad de sus visitantes. Esta integración se concretó mediante la firma de un convenio de colaboración público-privado entre ambas entidades.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, firmaron el convenio con Diego Lago, apoderado de Palmares, para la incorporación de cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial. Se trata de la segunda empresa en acordarlo.
La integración de las cámaras de Palmares al sistema de videovigilancia tiene como objetivo ampliar la cobertura y eficacia del monitoreo en la vía pública y en lugares con acceso público en Mendoza por parte de las fuerzas de seguridad.
Palmares destacó que esta iniciativa lo convierte en el primer centro comercial en la región en integrar un sistema de reconocimiento en asociación con autoridades provinciales.
“Gracias a esta tecnología, en caso de detectar algún vehículo o individuo con antecedentes, se activará un operativo para localizar y abordar la situación de manera oportuna”, destacaron las autoridades del mall.
Este convenio sigue al acuerdo firmado a principios de mes con Sergio Omar Olivencia, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe), que fue el primer representante empresarial en adherir formalmente al sistema a través de un acuerdo oficial en el marco de la ley provincial 9562 de videocámaras.
La norma, aprobada por la Legislatura el 24 de julio, establece el marco legal para la integración de dispositivos de videovigilancia privados al sistema provincial.
QUÉ DICE LA LEY
La nueva ley regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, incorporando por un lado tecnología de inteligencia artificial; pero también agrega la posibilidad de contar con las cámaras instaladas por privados en lugares públicos.
Según la ministra Rus, este sistema es crucial no sólo para abordar diversos delitos y seguir trayectorias delictivas, sino también como evidencia fundamental en investigaciones y condenas efectivas.
Establece que el uso de videocámaras debe ser “proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial”.
Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
La normativa adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, “asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información”. Dicen en el gobierno además que se “garantiza el respeto por los derechos humanos, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia”.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2.170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial.
También contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados.
PRÓXIMAS ESTACIONES: SAN RAFAEL Y CAPITAL
“El trabajo que estamos realizando no es sencillo y quiero aclarar un punto importante: primero sancionamos la ley y luego definimos un criterio para determinar qué cámaras privadas íbamos a incorporar y cómo lo haríamos. Inicialmente, decidimos empezar por industrias y comercios, ya que no solo estamos protegiendo la producción y el comercio, sino también al público, dado que muchos de estos lugares son de acceso general. Esto nos brinda una doble protección”, dijo la ministra Rus sobre los convenios firmados hasta ahora.
Y agregó: “Era crucial establecer un criterio debido a la amplia variedad de posibles ubicaciones, que van desde cámaras en viviendas particulares hasta cámaras en organizaciones intermedias y pequeñas empresas, así como en grandes industrias y conglomerados”.
“Este proceso implica más que simplemente conectar cámaras; primero realizamos una evaluación técnica para determinar la viabilidad de integrar esas cámaras al sistema. Revisamos aspectos como el tipo de cámaras, si están orientadas hacia la vía pública o hacia espacios privados de acceso público, y las condiciones bajo las cuales pueden operar. Además, es obligatorio que los propietarios informen de inmediato cualquier fallo en el sistema, ya que esto es esencial para mantener la trazabilidad e integridad, conceptos clave en la nueva ley que aseguran que las grabaciones puedan ser utilizadas como evidencia en procesos penales, sin comprometer la investigación”, profundizó la funcionaria.
Para rematar, Rus afirmó: “Estamos en proceso de incorporar más cámaras, como con estaciones de servicio. También estamos trabajando con la Cámara de Comercio de San Rafael y ya hemos tenido una primera reunión con las cámaras de comercio de la ciudad de Mendoza”.
