Directivos y trabajadores de ATE avanzaron este miércoles en Buenos Aires con un paro de actividades e ingresos masivos y simultáneos en edificios de ministerios del gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza fue en rechazo de “cesantías masivas” de empleados del Estado: estiman que este fin de semana largo hubo 11 mil despidos.
Durante la mañana, hubo una serie de conflictos tanto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi) como en la Secretaría de Trabajo.
Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del Inadi, mientras que en la Secretaría de Trabajo de la Nación hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones del Inadi intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes.
En diálogo con Noticias Argentinas, parte del personal declaró que notificaron “casi 40 despidos” y que la Policía, que estaba presente en el lugar, “tenía orden de reprimir”. Muchos de los empleados se enteraron de su desvinculación en el mismo momento y otros recibieron, mediante correo electrónico institucional, la comunicación de la cesantía de sus contratos.
Uno de los testimonios que se viralizó fue el de una mujer, empleada del Inadi, que había ingresado a trabajar en el año 2008 y que le faltaban meses para jubilarse.
“En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones. Me quedo sin ingresos hasta que salga mi jubilación”, expresó la mujer en C5N.
Por su parte, los trabajadores del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que actualmente es una de las secretarías que dependen del Ministerio de Capital Humano, decidieron realizar una protesta con retención de tareas por 14 contratados a los que desvincularon sin motivo.
En medio de las protestas, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado” y aseguró que “es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.
Y advirtió a quienes protestan: “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondiente de cada caso”.
Seguí leyendo:
