Este martes, Gabriela Neme, reconocida concejala formoseña, fue detenida durante la protesta realizada contra el Gobierno nacional y el provincial por las nuevas restricciones ante la suba de contagios de coronavirus en las últimas semanas.
La dirigente política fue llevada en un patrullero a la comisaría y desde allí grabó con su teléfono celular lo que iba ocurriendo. “Yo me subí voluntariamente al patrullero, pero ahora no sé hacia dónde me llevan”, aseguró.
Durante su transmisión en vivo a través de las redes sociales, Neme denunció: “A los empleados que les hacen los PCR porque son contactos estrechos los obligan a seguir trabajando, poniendo en riesgo a su familia y a todos”.
En medio de su detención, la concejala agregó: “Me están llevando para la nueva Formosa, para poder leerme el acta. Pero no sé si estoy detenida, porque subí en forma voluntaria al patrullero pero en vez de llevarme a la Comisaría 1ª. que está a cinco cuadras, me llevan a otro lado. Es porque tienen miedo de que les pase otro 21 de noviembre cuando la gente se autoconvocó. Pero yo me pregunto: ¿Tiene que pasar todo este escándalo para que me autoricen a firmar el acta?”
A inicios de marzo, Neme había resultado herida también en su provincia, durante las fuertes protestas que ocurrieron contra el cuestionado manejo de la pandemia por parte de Insfrán. A su vez, la mujer ya había sido detenida a mediados de enero por haber denunciado las condiciones inhumanas en las que se encontraban las personas en los centros de aislamiento en Formosa.
La criticada gestión del coronavirus en el distrito tuvo otro capítulo la semana pasada, cuando el gobierno provincial cargó 10.000 contagios de COVID-19 al registro nacional en apenas 48 horas.
Este fuerte aumento de casos en Formosa fue atribuido a un retraso en la carga de datos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). De esa manera, el gobierno de Insfrán realizó una actualización de sus notificaciones de casos de coronavirus de meses previos pendientes de carga.
Sin embargo, el Ejecutivo nacional apuntó hacia la propia provincia por la demora en la carga en el sistema de los nuevos casos de la enfermedad.
La provincia que gobierna Gildo Insfrán aplicó desde el inicio de la pandemia una política sanitaria de restricciones durísimas, que estuvo envuelta en graves denuncias de violaciones de derechos humanos por organizaciones tanto locales como internacionales. Como mostró TN, se instalaron en Formosa centros de aislamiento que funcionaban virtualmente como centros de detención, en los que se juntaban además contagiados con personas con testeos negativos.
