El exgobernador de Tucumán y “caudillo” peronista José Alperovich fue trasladado al penal de Ezeiza tras ser condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y exsecretaria.
El dirigente político fue llevado a la cárcel federal apenas este martes por la tarde terminó el juicio en el que, además, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
La sentencia se dictó tras ser acusado de perpetrar nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y exasesora entre 2017 y 2018, en incidentes ocurridos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Tucumán.
El juez Alejo Ramos Padilla dio el veredicto, en medio de un fuerte operativo policial, en contra del exmandatario provincial de 69 años. Alperovich arribó a Ezeiza con la cabeza gacha, vestido con un tapado negro, pantalón azul y zapatos.
Los primeros hechos por los que Alperovich fue incriminado ocurrieron en Buenos Aires a fines de 2017, poco después de que la víctima comenzara a trabajar como su asesora. En ese entonces, Alperovich era senador y viajaba frecuentemente con su sobrina a Buenos Aires. Dos de los abusos ocurrieron en el departamento que el dirigente posee en Puerto Madero, mientras que los casos más graves se produjeron en marzo de 2018 en Tucumán.
Alperovich esperó la decisión judicial junto a sus cuatro hijos en el interior de los Tribunales de la calle Paraguay al 1.500. Según fuentes del caso, tenía la obligación de aguardar la lectura del veredicto en las instalaciones de esa sede judicial. Hasta el momento del fallo, el exgobernador tucumano entre 2003 y 2015 se había mantenido en libertad desde que fue denunciado en noviembre de 2019, contando únicamente con una prohibición de salida del país.
La defensa de Alperovich intentó descalificar a la víctima durante el alegato, argumentando que la acusación utilizó las “mismas frases” con las que se incriminó al actor Juan Darthés, recientemente condenado en Brasil.
Como la condena todavía no quedó firme, la defensa de Alperovich podrá apelar el fallo y recurrir a Casación para intentar una modificación en la sentencia o un posible traslado a otra penitenciaría federal.