En las últimas horas, la Justicia decidió sobreseer a Victoria Donda, interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en un caso iniciado por su empleada doméstica.
Se trata de la denuncia en la que Aminda Banda Oxa, la empleada, había acusado a la funcionaria pública de incurrir en el delito de defraudación contra la Administración Pública luego de recibir un ofrecimiento de un cargo en el Estado por parte de Donda.
Según la versión del abogado de Banda Oxa, que publica Infobae, la propuesta (cuyos audios se viralizaron en redes sociales) surgió luego de que la trabajadora intimara a Donda a saldar aportes adeudados y regularizar otros aspectos del vínculo contractual.
Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello en una resolución firmada este jueves, dictaminó que la conducta investigada no constituye un delito.
El juez llegó a esa conclusión luego de investigar si en algún momento se había comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el Inadi.
Fuentes judiciales explicaron que durante ese proceso no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación.
Los delitos contra la administración pública reprimen a funcionarios que hubieran realizado algún tipo de acto bajo una motivación que se encuentra ajena a la tarea que realizan.
Para probar dicha motivación, es necesario que exista un acto administrativo. Y en este caso, ese elemento no se halló, explicaron especialistas con acceso al expediente.
Justicia laboral
De todas maneras, la decisión de Casanello no impide que Donda pueda ser investigada por violar algunas de las obligaciones adherentes a su función, fijadas en el artículo 3° de la ley de ética pública.
Y tampoco limita ni pone en cuestionamiento el reclamo de la empleada doméstica en la justicia laboral, ya que lo resuelto hoy sólo determina que la conducta atribuida no es un delito penal.
