Desde que se hizo pública la voluntad del Ejecutivo Nacional de intervenir y rescatar al Grupo Vicentin (vía expropiación u otra opción) hay numerosas opiniones cuestionando la decisión, agitando, sin fundamento y con el objetivo de asustar a la población, el fantasma de que cualquier empresa que esté en crisis va a ser expropiada.
Una de las empresas agroexportadoras más grandes de la Argentina está en concurso de acreedores poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y a miles de acreedores (comenzando por el Banco Nación que es el principal financista de las pymes argentinas), sin un plan que haga creíble que pueda salir de esta situación y con elementos para sospechar de un vaciamiento voluntario de la empresa por medio de sociedades radicadas en otros países.
Desde esta perspectiva, cualquier instrumento dentro de la legalidad que se use para evitar la quiebra del Grupo Vicentin, para evitar que se venda y se concentre más el sector o que pase a manos extranjeras, es beneficioso para la economía argentina.
Entre las voces que cuestionan la decisión, hay quienes lo hacen en nombre del empresariado y por la necesidad de contar con “reglas de juego claras”. Lo que más daño produjo a la seguridad jurídica y a las “reglas de juego claras” en la Argentina, es haber llevado la economía a un proceso de especulación financiera con endeudamiento externo irresponsable cuyo resultado fue de nulo impacto en las inversiones productivas por las brutales tasas de interés. Esto terminó con un círculo vicioso recesivo con caída del salario, consumo, ventas y por lo tanto cierre de empresas.
Lo que más daño produjo a la seguridad jurídica y a las “reglas de juego claras” en la Argentina, es haber llevado la economía a un proceso de especulación financiera con endeudamiento externo irresponsable.
Es llamativo que varios legisladores y funcionarios que fueron responsables de estas políticas sobreactúen una crítica a la intervención de la compañía, en nombre de la “seguridad jurídica” y la atracción de inversores.
Los exportadores de granos del país fomentaron y se beneficiaron con estas políticas de liberalización, incluyendo la quita de retenciones y, en este contexto, forzaron devaluaciones empobreciendo el país. Y por si fuera poco, gran parte de sus dividendos fueron fugados al exterior con maniobras de dudosa legalidad. Vicentin fue una de ellas.
Es inadmisible que un puñado de empresas que concentran la actividad exportadora de la Argentina imponga su tipo de cambio a través de medidas especulativas y coercitivas en perjuicio del resto del empresariado pyme que necesita de un mercado interno fuerte y dinámico.
Con una mirada estratégica para el desarrollo productivo del país, el Estado nacional debe arbitrar y tener capacidad para evitar todo tipo de maniobras especulativas en este sector. La intervención de la empresa, por las características de ésta, es un paso positivo en este sentido. Se podrá gestionar con mayor previsibilidad el comportamiento del mercado de granos, que incide directamente sobre la estabilidad del tipo de cambio y por lo tanto de toda la economía. Dicha gestión permitirá reducir la incertidumbre de la moneda y dará previsibilidad a los precios. Éstas son las “reglas de juego claras”) que necesitamos como empresarios.
Producción y edición: Miguel Títiro
