Hay una avanzada del interior para reclamarle al Gobierno nacional una porción más importante de la torta que se conforma con el Impuesto a los Combustibles (IC). Desde los entes provinciales que conforman Consejo Vial Federal y la Federación Argentina de Trabajadores Viales, empujan un proyecto de ley que está en el Senado nacional. En caso de aprobarse, la Dirección Provincial de Vialidad recibiría 700 millones de pesos adicionales para invertir en la recuperación de caminos.
El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza, Osvaldo Romagnoli, relata que desde el Consejo Vial Federal se debatió y distribuyó el proyecto de ley del senador de Frente de Todos Antonio Rodas (Chaco), que fue presentado en noviembre de 2020 y está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional desde el 3 de diciembre de 2020.
Ese proyecto propone reducir paulatinamente la parte que se queda el Gobierno nacional para gastos corrientes y lo que distribuye la Nación para infraestructura del transporte para que se destine a las vialidades provinciales.
El impuesto a los combustibles ha sido célebre. Es el gravamen que, según la causa penal contra Cristóbal López, la petrolera Oil cobró a los consumidores al vender naftas pero no lo habría transferido a la AFIP. Según la acusación judicial, retuvo 8.000 millones de pesos.
Del precio de los combustibles líquidos, entre 55% y 60% es carga fiscal. El primer impuesto sobre la nafta nació en 1932, era cinco centavos de peso por litro (regía el peso moneda nacional creado en 1881, que con el correr de los años perdió 13 ceros, por los sucesivos cambios ocurridos desde 1969 hasta la convertibilidad de 1991). La totalidad del impuesto era destinada a la red de caminos. El impuesto se creó casi simultáneamente a la creación de la Dirección Nacional de Vialidad.
Con los años se fueron creando las direcciones provinciales, así en 1958 se dispone que el fondo vial conformado por el impuesto a las naftas llegue a las provincias: el 65% se lo quedaba Vialidad Nacional y el 35% se distribuía a las provincias: 30% en partes iguales, 20% por población, 20% proporcional a la inversión propia de las jurisdicciones y 30% por el consumo de naftas (es decir proporcional a la recaudación en cada provincia).
Hoy sólo el 6,24% de los recursos del impuesto a la transferencia de los combustibles va a las vialidades provinciales. Con el correr de los años se fueron incorporando beneficiarios del impuesto y se fue perdiendo el objetivo que era que los usuarios de los caminos (consumidores de combustibles) aportaran al mantenimiento. Al mismo tiempo hubo un avance de Nación sobre los recursos destinados a las provincias, debido al recurrente déficit fiscal. En los 90 entra en el reparto la Anses, por la necesidad de reforzar el financiamiento de jubilaciones y pensiones tras la creación de las AFJP y el sistema de capitalización.
En la actualidad, el 28,69% de lo recaudado por impuesto a los combustibles (IC) va destinado al Sistema Único de Seguridad Social (Anses). Es el principal destino. El otro gran beneficiario es el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte (28,58%) que administra el Gobierno Nacional. El Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se lleva 15,07% (que también se coparticipa), el Tesoro nacional se queda con 10,4% para gastos corrientes, otro 10,4% va a las provincias, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que también administra el Gobierno nacional, se lleva 4,31% y el fondo de Compensación del Transporte Público se lleva 2,55% del total.
El fondo de Compensación del transporte público es un viejo conocido en la provincia. El impuesto a los combustibles es una de las fuentes de financiamiento dónde salen los subsidios para sostener el precio del boleto y que es motivo de amargas quejas en el Gobierno provincial, porque la mayor parte de la plata va a parar al área metropolitana de Buenos Aires.
El fideicomiso de Infraestructura Hídrica se usa para recuperar zonas productivas y mitigar los efectos de inundaciones en campos y redes viales y ferroviarias; mientras que el fideicomiso de Infraestructura del Transporte no va todo a obras de Vialidad Nacional, sino que también se distribuye en compensaciones de tarifas de transporte terrestre, parte al sistema ferroviario y parte a la compensación del precio de peajes.
El 10,4% que va a las provincias de la recaudación del IC es un tanto engañoso. Del monto total, 3,12% va a obras públicas en general y no exclusivamente a la recuperación de caminos y otro 10% al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (Fedei) que depende del Consejo Federal de Energía Eléctrica: el presidente de ese organismo es el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación Federico Basualdo, quien ganó relevancia mediática cuando el ministro de Economía Martín Guzmán quiso echarlo del cargo y no pudo por presión del kirchnerismo.
El proyecto del senador Rodas propone reducir en cuatro años el porcentaje destinado al Tesoro nacional hasta llegar a cero. Lo mismo propone para el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, pero para dejarlo en 14,38% del total de lo recaudado por el IC. Esas disminuciones se sumarían paulatinamente al 10,4% destinado a las provincias hasta llegar al histórico 35%, aún cuando una parte de ese porcentaje vaya al Fedei y a otras obras públicas. Así 21% del total recaudado por el impuesto iría a las vialidades provinciales.
En 2020, el IC recaudó 195.659 millones de pesos. Con el porcentaje actual de distribución, las vialidades provinciales recibén 12.909 millones de pesos. Si se aprobara la ley del senador Rodas, para obras viales irían 41.088 millones.
El titular de Vialidad provincial, Osvaldo Romagnoli, dice que el proyecto de ley que se empuja desde el Consejo Federal Vial “respeta todos los destinos salvo el porcentaje que va al Tesoro nacional. Además creemos que es mesurado, para recuperar lentamente la capacidad de inversión de las provincias”.
Ricardo Peña es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Vialidad Mendoza (Soevi) y secretario de administración y actas de la Federación Argentina de Trabajadores Viales de la República Argentina. La federación de viales es la que viene insistiendo desde hace años con este tema. “Es el cuarto proyecto que presentamos. Los recursos de las provincias son escasos y la infraestructura vial se deteriora. Queremos volver a recuperar la red vial, que es el patrimonio más grande de la provincia. No hay estructura que tenga el valor monetario de los caminos”.
