El 10 de junio de este año, el Tribunal de Cuentas emitió un fallo con sanciones millonarias a funcionarios de Vialidad Provincial, luego de que se abriera un juicio parcial sobre las irregularidades que se encontraron en la auditoría del ejercicio 2019. Su ahora ex titular, Oscar Sandes, debía pagar cerca de $ 3 millones entre multas y cargos. Pero no fue el único: varios empleados y empleadas recibieron fuertes sanciones económicas y aún continúan trabajando en la repartición.
El fallo de más de 111 páginas detalla un cúmulo de irregularidades y aplicó cargos millonarios, lo que implica la devolución por parte de los implicados del dinero gastado sin respaldo contable.
Además de Sandes, Elías David Jurado (Gerente de Economía y Finanzas), Juana Miriam Herrera (Jefe División Tesorería), Adriana Flores (Jefe Departamento Contaduría), Corina Gallardo (Gerente de Recursos Humanos y Administración) y José Mariano Yanzón (Jefe División Equipos) son los cinco nombres que aparecen en varios puntos del fallo. Si bien Sandes antes de irse les aplicó sanciones, desde Vialidad Provincial aseguraron a Los Andes que siguen formando parte de la planta de personal.
El ex titular se defendió en su momento de las denuncias, cuestionó la resolución del organismo de control y aseguró que fue él mismo quien formuló la denuncia para que se investigara el posible fraude en las cuentas públicas. En dicha denuncia, investigada por el fiscal Hernán Ríos, apuntó contra Gallardo, ex colaboradora suya en la Municipalidad de Godoy Cruz, a quien le pidió la renuncia.
Lo curioso es que el 31 de julio, en su última día de trabajo, Sandes aparentemente quiso dejar “la casa en orden”. A través de la Resolución N° 396, a la que tuvo acceso Los Andes, aplicó suspensiones y apercibimientos a sus ex subordinados. Aunque para algunos que conocen los pasillos de Vialidad se trató de “una burla” porque la máxima sanción es de 29 días de suspensión. Es el caso de Jurado, quien había recibido cargos por casi $ 2,8 millones del Tribunal de Cuentas. Es decir, gastó ese dinero sin demostrar en qué. Hoy, tras haber cumplido esa sanción, sigue en su puesto.
Igual que Herrera, la Tesorera, suspendida por 25 días con los mismos argumentos: incumplir el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 572/09) en varios ítems, entre los que están “la dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provea, el cumplimiento a las instrucciones de sus superiores jerárquicos sobre la forma de ejecutar sus tareas y sobre la organización del trabajo, y dar cuenta por la vía jerárquica correspondiente de las irregularidades en el servicio de las que tomare conocimiento”.
A la contadora Flores, Sandes decidió darle 15 días de suspensión. Mientras que el jefe de Informática, Yanzón, recibió sólo un apercibimiento.
El caso de Gallardo
La ex gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, está acusada de haberle falsificado la firma a Sandes en numerosas oportunidades. En el fallo del Tribunal se hace referencia al acta notarial adjuntada en donde Gallardo reconoce la adulteración de la firma.
“En el caso concreto se debe dejar en claro primeramente que el simple desconocimiento que el arq. Sandes hace de su firma, sin que acompañe otra prueba que sustente la veracidad de sus dichos no lo libera de responsabilidad”, dice el texto publicado en el sitio oficial del organismo de contralor.
Ella también recibió multas y cargos por sumas altas por parte del Tribunal, aunque Jurado y Sandes se llevaron la peor parte. Es la única que renunció a Vialidad tras el escándalo, aunque regresó a su puesto de planta reservado en la Municipalidad de Godoy Cruz, donde hoy sigue trabajando. Por eso el peronismo acusa al intendente Tadeo García Zalazar de “esconder” a una funcionaria acusada de irregularidades con fondos públicos.
Desde la comuna se ampararon en la ley 5892, que en su artículo 42 establece los causales de exoneración de agentes públicos y que no incluye una resolución por parte del organismo de contralor. Por ese motivo, advirtieron: “Debemos esperar el resultado de la investigación penal pertinente, la que, en caso de contener en la condena la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, cesaría en su cargo inmediatamente”.
