La Cámara de Diputados aprobó incorporar el vandalismo rural al Código Penal. La iniciativa contempla penas de hasta 10 años de prisión por ataques a la producción agropecuaria y daños a silobolsas, entre otras conductas.
Con 162 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, se aprobaron modificaciones al Código Penal sobre Vandalismo Rural.
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Diputados Argentina
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca incorporar el vandalismo rural al Código Penal, con sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos agropecuarios o provoquen daños a bienes vinculados con la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, correspondiente al diputado de Unión por la Patria Luis Basterra.
El texto recibió modificaciones consensuadas entre su autor, Martín Ardohain, y el legislador del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez. La propuesta fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo. En cambio, se opusieron la mayoría de los diputados de Unión por la Patria, la izquierda e Independencia.
La iniciativa establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlos.
El máximo se elevaría a dos años si la intrusión obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o genera un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas, la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito con una pena mayor.
El proyecto también contempla sanciones para quienes destruyan silobolsas u otros productos que formen parte del proceso productivo agropecuario. En esos casos, establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado.
La pena podría llegar a 10 años de cárcel si el hecho es cometido por tres o más personas que actúen coordinadamente y provoca la pérdida total de la producción en curso o impide continuar el ciclo productivo, transportar los productos o comercializarlos.
El autor de la iniciativa, Martín Ardohain, sostuvo que el proyecto incorporó aportes de distintos bloques y afirmó que las modificaciones brindan “muchísimas más certezas y tranquilidad” respecto de la propuesta que se votó. El diputado del PRO también argumentó que la legislación penal vigente no contempla adecuadamente algunos elementos y tecnologías utilizados actualmente en el campo.
“Este proyecto cubre vacíos legales del Código Penal e incluye lo que el Código de 1921 no podía ni imaginar: silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles o equipos de riego. Hoy, quien daña una bomba sumergible pone en riesgo toda la explotación”, afirmó Ardohain.
Por su parte, Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, respaldó la necesidad de incorporar esta figura penal y señaló: “Argentina necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural. Es algo que venimos pensando y trabajando hace mucho tiempo desde el Frente Renovador”.
También apoyó la propuesta el diputado de Provincias Unidas Sergio Capozzi, quien consideró que permite cubrir “un vacío legal fundamental” y sostuvo que el vandalismo, el robo, el hurto y la usurpación deben tipificarse como delitos y no como simples infracciones.
El radical Darío Schneider defendió la iniciativa al señalar que los ataques afectan tanto el patrimonio de las víctimas como las fuentes de trabajo en el interior del país. “Cuidar la producción agropecuaria es fundamental para garantizar la generación de empleo”, afirmó.
En sentido contrario, la diputada de izquierda Myriam Bregman rechazó el proyecto. La legisladora sostuvo que busca “blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra” y lo vinculó con un supuesto plan de Estados Unidos para la recolonización de la región.
Desde La Libertad Avanza, el diputado entrerriano Francisco Morchio defendió la propuesta por su impacto en las condiciones de seguridad de quienes trabajan en zonas rurales. “Este proyecto está pensado para el productor y el trabajador que viven en el campo y se encuentran lejos de una comisaría”, afirmó, y agregó que la contravención actual pasaría a convertirse en un delito penal agravado según el daño ocasionado.
