Es parte del proceso de evaluación del nuevo Informe de Impacto Ambiental. Se verificaron las condiciones del yacimiento y corroboraron aspectos mencionados en la documentación.
La Policía Ambiental Minera realizó controles en PSJ Cobre Mendocino
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Prensa Gobierno La Policía Ambiental Minera realizó controles en PSJ Cobre Mendocino
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Prensa Gobierno Un mes después de que PSJ Cobre Mendocino (exproyecto San Jorge) presentara ante la Dirección de Minería un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) para el desarrollo, construcción de mina y producción del yacimiento de cobre ubicado en Uspallata, la Policía Ambiental Minera realizó inspecciones sobre las tareas previas de exploración.
“Durante la visita, se observó el estado de los caminos de acceso e internos, las instalaciones del campamento, y el galpón donde se almacenan las muestras de las perforaciones realizadas durante la etapa de exploración (que cuentan con declaración de impacto ambiental). Cabe destacar que el proyecto se encuentra actualmente sin actividad, en una etapa de prefactibilidad”, señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera.
Además, amplió que el objetivo de la inspección fue "constatar las condiciones en las que se encuentra el proyecto PSJ Cobre Mendocino en el departamento Las Heras. De la inspección realizada no se hicieron observaciones, dado que la empresa ha cumplido con todos los requerimientos técnicos y legales”, amplió.
El Ministerio de Energía y Ambiente se prepara para iniciar el proceso de evaluación del Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Este proceso incluirá una audiencia pública abierta a todos los ciudadanos y requerirá la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura provincial, como indica la Ley 7722.
Este proceso contará con la participación de múltiples entidades sectoriales, entre las que se encuentran:
Estas entidades realizarán evaluaciones con las que se busca "garantizar" que el proyecto cumpla con todos los requisitos ambientales, sociales y legales antes de avanzar a la etapa de explotación.
Además, contará con el análisis de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). En caso de que se apruebe, de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), la que coadyuva con los controles, y donde puede participar la comunidad.
El proyecto minero San Jorge (PSJ) anunció su relanzamiento formal el 10 de enero y prometió una inversión inicial de U$S 559 millones, que le permitirían ingresar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
La empresa sostuvo que adaptaron el Informe de Impacto Ambiental incorporando los últimos estándares internacionales en sostenibilidad y mejores prácticas de la industria minera. Se trata de cambios a tono de los que el Gobierno provincial defendió para impulsar los proyectos mineros que se aprobaron para Malargüe.
La historia de proyecto San Jorge estuvo signado por la polémica. Hace 11 años fue rechazado por la Legislatura, en medio de la presión social por el cumplimiento de la Ley 7722, pero ahora aseguran que lo modificaron para que llegue a ser aprobado.
“Este proceso incluye la implementación de tecnologías avanzadas en los métodos de producción, lo que asegura una operación más eficiente y responsable con el entorno, alineada con los compromisos del proyecto hacia el desarrollo sostenible y el respeto por la comunidad y el ambiente”, manifestaron.
Hay que recordar que años atrás la empresa pensaba utilizar ácido sulfúrico para la explotación de cobre vía lixiviación. No obstante, luego se viró hacia el método de flotación (separación de los minerales) utilizando xantato.
Como esta sustancia también fue objetada por sectores ambientalistas, desde la empresa decidieron ir directamente a la Justicia en contra del artículo 1 de la ley 7722, ya que, en las restricciones que aparecen en dicho artículo, no solamente se prohíbe la utilización de ácido sulfúrico, mercurio, cianuro, sino que también impide la utilización de “otras sustancias tóxicas”.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente inconstitucional ese artículo al fundamentar que “al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de ‘otras sustancias tóxicas similares’, se aparta del principio de legalidad”. Además, indicaron que en este aspecto “la ley adolece de una gran indeterminación”.
El proyecto cuenta con una inversión inicial estimada de 559 millones de dólares. La inversión inmediata posterior a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es de 15 millones de dólares en los primeros 12 meses, prometieron desde PSJ.
Y aseguraron que el período de construcción será de entre 18 y 24 meses. La estimación inicial de la vida útil de la mina es de 16 años, con la posibilidad de una proyección de hasta 27 años, sin considerar los sondajes adicionales que se realicen para la extensión de su vida.
Esto significaría, la creación de empleos directos como indirectos en un total aproximado de 3.900 durante la etapa de construcción y 2.400 en la fase de operación (800 en forma directa y 1600 indirectos), detallaron.