El Gobierno de Milei reglamentará un arancel para los extranjeros no residentes en las universidades públicas. De esta manera, se modificará la Ley de Educación Superior para que cada Casa de Estudios, si así lo decide, pueda cobrar a inmigrantes por estudiar allí. La iniciativa era parte de la Ley Bases.
La decisión se tomó al otro día de la marcha universitaria que se realizó en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Quienes vienen a estudiar a nuestro país, no se quedan y no pagan ningún impuesto, es razonable que hagan alguna contribución”, manifestó en el programa ¿La Ves? de TN el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Por algo están viniendo para acá, en sus países no debe ser tan accesible”, sumó Menem. La comparación de la situación con Chile es elocuente: para estudiar la carrera de Arquitectura se necesitan US$ 6.107 más US$ 203 de matrícula.
El presidente de la Cámara de Diputados aprovechó también y apuntó contra la oposición: “Quintela marchó contra el veto al financiamiento universitario pero le está descontando los días de paro a los docentes”.
De acuerdo al Ministerio de Educación. En el 2015 eran casi 56.000 extranjeros. En el 2017, 74.000. En el 2013, 2019, 100.382. En el 2021, 117.820. Ante ese marco, en el Gobierno sostienen que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes. Además, señalan que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.
La próxima reglamentación universitaria en detalle
Cabe mencionar que dicho capítulo de educación relegado de la Ley Bases, fija también diferentes criterios para distribuir recursos a todas las casas de altos estudios del país, observando la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
Según fuentes a las que accedió La Nación, la reglamentación está lista y en los próximos días será oficializada a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, repitieron funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell, al mencionado medio.
Ahora las dudas de su oficialización giran en torno a la polémica desatada por el reciente veto presidencial. Ahora, hay quienes sostienen dentro del ministerio de Educación que la reglamentación del proyecto se dará luego del debate parlamentario en Diputados, previsto para este miércoles 9 de octubre.
Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley de Bases, desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.
Una vez reglamentado el proyecto serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán o no a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país. De todos modos, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.
Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según detallaron fuentes de la cartera que conduce Torrendell a La Nación.
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