Unicameralidad: cómo es el modelo cordobés que genera cuestionamientos 20 años después

La experiencia cordobesa en unicameralidad es uno de los casos que pueden tenerse en cuenta para analizar el futuro de la reforma constitucional que propone Rodolfo Suárez. Mientras que hay quienes defienden el sistema actual por la agilidad y el esquema de representación, similar al del proyecto del Ejecutivo de Mendoza, otros lo defenestran por la falta de control opositor y la eliminación de los dos tercios necesarios de las bancas para tratar leyes sin haber pasado por comisiones. Por lo tanto, la mayoría oficialista no tiene obstáculos en los tratamientos.

El otro dato sobre el que el gobernador Suárez pone el acento es en la reducción del gasto político. Y lo mismo hizo el entonces gobernador José Manuel De la Sota en el 2001, pero con el correr de los años el espíritu austero se diluyó y hoy los costos son bastante altos según expone el diario La Voz del Interior de esa provincia.

Los meses de 2001 eran agitados y muy duros en Argentina, y por supuesto en Córdoba. La profunda crisis económica azotaba cualquier administración y por eso el 75% de la población cordobesa votó por un sí rotundo a una Reforma Constitucional basada en una reducción de los costos políticos que pregonaba De la Sota.

La provincia volvió al sistema unicameral que había tenido hasta 1871, pasando de 133 a 70 legisladores y una notoria disminución de la cantidad de sus empleados. En términos presupuestarios, pasó de gastar $46,3 millones a $11,9 millones de pesos. La representación se modificó con un sistema electoral mixto similar al que se propone en Mendoza: un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos por una lista única de toda la provincia, con bancas distribuidas por el sistema proporcional.

Según consigna Laura González, periodista de La Voz en una nota publicada el 14 de enero del 2018, la planta total del Poder Legislativo, que además de legisladores, la componen los empleados legislativos y administrativos, contaba con 1.476 empleados en 2001. Después de la reforma constitucional cordobesa, la planta de personal se redujo a 980 trabajadores en 2002. Este achique del 33% derivó en el número más bajo del que se tenga registro.

Los datos indican que el Poder Legislativo tenía en 2018 un plantel de 1.507 trabajadores, un incremento del 53,7% con respecto a 2002. Es en 2017 cuando se da el gran salto e ingresan 227 trabajadores. La versión que circulaba es que se hizo antes de que la Nación acordara con las provincias la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ponía un tope al crecimiento del empleo. De los 1.260 trabajadores puros del Poder Legislativo en 2018, el 48% está contratado y el 52% reporta en planta permanente.

En términos porcentuales, la Legislatura cordobesa insume un poco más del 0,5 por ciento del presupuesto total. En 2001 se llevaba 1,5 y en 2002, el 0,9 por ciento y para el 2019 se estipulaba que se acercaba al 0,6%. En participación del personal, representa el 1%: lo mismo que en 2001.

En 2001 habían 11 empleados por legislador. En el último año de la Bicameral, había 133 legisladores y 1.343 empleados. Se pagaban en total 1.476 sueldos.

Al año siguiente, la cuenta se elevó a 13 empleados por legislador. El primer año de la Unicameral, el número de legisladores se redujo a 70, y el de empleados, a 910. En total, eran 980 sueldos legislativos.

En 2017, la cuenta otra vez subía: 17 empleados por legislador. En 15 años, el número de legisladores sigue en 70, y el de empleados subió a 1.190. Son 1.260 sueldos legislativos.

Además, desde 2008 se sumaron 247 empleados legislativos por la creación del Consejo de la Mujer y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así se elevan a 1.507 el número total de salarios.

Acuerdos políticos de una cámara a otra

Julio Barbará fue Constituyente en el 2001 y es uno de los defensores del sistema unicameral desde varios puntos de vista. Mendocino de nacimiento –egresó del Colegio Universitario Central (CUC)- pero cordobés por adopción, expresó a Los Andes que “desde el punto de vista teórico, mientras mayor sea la complejización de un Estado para cumplir funciones oficiales, mayor es la pérdida de la libertad”.

“El hecho de que existan dos cámaras, una para representar a los distintos departamentos y otra para toda la comunicad, como un solo universo carece de sentido. En primer lugar porque el representante que va por un departamento y el que va elegido de manera universal, es decir diputados y senadores, ambos están involucrados en la defensa del territorio al cual pertenecen”, indicó.

Para Barbará, docente de Derecho Político en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) el hecho de “suponer que la Cámara de Senadores es un tamiz para una mejor legislación es una mentira, más con el nivel que muestran los representantes, que representan al partido del que se trate

Representatividad, control y calidad legislativa

De acuerdo con el proyecto remitido por Suárez, habría una Legislatura con hasta 48 legisladores, es decir, la misma cantidad que la actual Cámara de Diputados, por lo que se estaría eliminando el Senado completo, que cuenta con 38 escaños. Esa reforma implica también un cambio en la manera de elegir legisladores y en el mecanismo para la sanción de las leyes. El proyecto prevé que haya un representante por cada departamento, que será elegido por mayoría simple de votos (18 legisladores) y el resto se elegiría proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido.

Antonio María Hernández, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la UNC, fue invitado como Constituyente al igual que Barbará, pero decidió no participar porque “iba a ser un error grave en el sistema político de Córdoba.

“Señalé que el interior de la provincia se iba a quedar sin la suficiente representación y además, el control político iba obviamente a ser disminuido”, indicó a Los Andes.

Férreo defensor de la bicameralidad, reconoció que “con la reforma de 1987 había quedado un Senado numeroso, había seguir el modelo de Santa Fe que tiene un senador por cada departamento”.

“No se hizo, es unicameral con una particularidad: hay 44 legisladores por distrito único y 26 a razón de uno por departamento. El resultado es que rápidamente se alcanza la mayoría en la Legislatura y además hubo una modificación en el reglamento hecho por el oficialismo, no hay duda que los números son abrumadores porque se aprueban los proyectos que vienen del Ejecutivo y de esa misma forma abrumadora, se rechazan los pedidos de informe que hace la oposición”, manifestó el constitucionalista cordobés.

Para Barbará, esta mixtura entre un sistema proporcional y uno de carácter uninominal (uno por departamento) garantiza representatividad de todo el territorio. Para Hernández, se benefician las grandes ciudades y los lugares con menos habitantes quedan menos representados.

Con respecto a la doble revisión, el Constituyente que participó en el 2001 y que defiende la Legislatura con una sola cámara, asegura que el hecho de perderla “es una ficción porque el lugar donde se deben dirimirse las controversias, como el Congreso, se dan situaciones de planteamientos, de críticas de unos y otros y en general el Senado no hace sino ratificar los acuerdos en Diputados”.

Mientras que Hernández considera que “el sistema bicameral posibilita mucho mayor debate y mayor calidad en la sanción de las leyes. La función más importante que tiene un cuerpo legislativo es legislar y el control político. No hay ninguna duda que el control político es superior cuando es bicameral porque cualquiera de las cámaras puede pedir informes o comparecencia de ministros, es mejor calidad de las leyes y mayor control político”. Con respecto a los costos, afirmó que “debe haber un control republicano aunque lo que menos se controlan son los gastos legislativos”.

Por su parte, Barbará expresó que “la cuestión del costo es simplemente un argumento de carácter electoral. Es cierto que se ahorra y bastante, pero ese no es el motivo para pasar de una cámara a otra. Esa economía del dinero es colateral, lo otro es la eficacia en el gobierno y la modernidad en donde hay una cámara de representantes”.