Lo que acaba de fallar la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la presencialidad de las clases en Capital Federal no es nada más que la confirmación de un concepto clarísimo establecido de manera taxativa en la reforma de la Constitución Nacional de 1994: el carácter autónomo del jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, con facultades equivalentes a los de una provincia, pese a que su denominación sea la de “ciudad constitucional federada”.
Por lo tanto, son los gobernantes de la Capital quienes, como en cualquier otra provincia, tienen autoridad para determinar acerca del dictado de las clases frente a un DNU dictado por el gobierno federal.
Está claro que el debate acerca del modo en que se deben dictar las clases es una cuestión fundamental porque se afectan derechos adquiridos de alumnos y padres, según lo expresan muchos y crecientes reclamos de los implicados, pero el fallo de la Corte no se relaciona en primer término con esa cuestión que en gran medida debe resolverse dentro de las atribuciones de las instituciones políticas, sino con lo que sí efectivamente compete definir a la Justicia: el debate sobre la autonomía y el federalismo según lo establece nuestra Carta Magna.
Es casi un hecho que el oficialismo nacional, y particularmente su ala más dura expresada en la gobernación de la provincia de Buenos Aires (Kicillof es un delegado de la autoridad política que cada día más en detrimento del presidente ejerce la vicepresidenta de la Nación) acusará de aberración (como ya lo anticipó) la decisión de la Corte denunciándola de entrometerse en temas que corresponde definir a la política. Pero lo que se olvidan quienes así piensan es que en realidad fue la política quien se entrometió con lo constitucional al tratar de imponer al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), institución de coordinación de políticas no prevista constitucionalmente, por encima de la autonomía de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en un intento más del centralismo por avanzar sobre los territorios conducidos por la oposición.
Cuando Alberto Fernández y Larreta intentaron acordar políticas para pelear en conjunto contra la pandemia, la furia K comenzó su labor de desgaste de esa relación. Primero lo logró cuando le sacaron plata a la Capital con la excusa de pagar a la policía y desde ese entonces la hostilidad jamás cesó siendo el intento de prohibir las clases en la CABA el deseo de poner al AMBA por encima de la CABA para quitarle la autonomía a la Capital transformándola, como era antes del ’94, en una dependencia del gobierno nacional.
Ese es el fondo de la cuestión, lo que se intentó bajo la excusa de la suspensión de las clases: subordinar el territorio de Rodríguez Larreta a la hegemonía K, con un presidente ultra debilitado, al cual no le queda más que obedecer órdenes luego de que lesionaran su autoridad a niveles insostenibles con su investidura.
La Corte viene a ordenar la cuestión frente a un ataque de las fuerzas kirchneristas en afirmar que la Capital no es una provincia, sino una entelequia que debe subordinarse a ellas. Fallando contundentemente que las atribuciones de la jefatura de gobierno porteña son equivalentes a la de cualquier otra provincia.
El chavismo en Venezuela aplicó la misma estrategia: cada vez que un Estado local estaba en manos de la oposición, le creaban por encima otra entidad para quitarle autonomía. El AMBA es el instrumento de Cristina y Kicillof (acatado por el cada vez menos existente Alberto Fernández) para quitarle autonomía a la CABA y ubicarla bajo su égida.
La decisión de la Corte, sin decirlo, combate específicamente contra ese intento centralista y hegemónico, con lo cual se garantiza la furia kirchnerista contra sus miembros.
La guerra recién empieza, pero la batalla por la Capital, en su presente capítulo, se ha ajustado a derecho.
