La exempleada de Victoria Donda le inició a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo un juicio laboral por tenerla casi una década bajo un régimen de informalidad y sin registrarla, a través del cual pretende una reparación económica cercana al millón de pesos.
Se trata de Arminda Banda Oxa (62), la mujer que prestó servicios para la exlegisladora del Frente de Todos entre 2007 Y 2016 y quien la demandó no solo por tenerla trabajando ‘en negro’ sino porque cuando Donda regularizó la situación en 2016, le pagó durante cinco años el mismo monto: 5.000 pesos mensuales. Finalmente, Banda Oxa se consideró despedida en enero de 2021.
Tras el fracaso de la conciliación laboral obligatoria, Banda Oxa trabó el juicio por $ 827.518 y presentó la denuncia contra Donda en el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, con sede en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En su momento, cuando el caso tomó repercusión pública la exlegisladora Cuando salió a la luz la discusión con la empleada doméstica, la funcionaria difundió un comunicado en el que se defendió asegurando que “los aportes laborales y los pagos salariales fueron hechos en tiempo y forma. Así consta en los registros de ANSES y AFIP”.
Sin embargo, diario Clarín accedió a los recibos de sueldo de la Banda Oxa y en los mismos se dio cuenta de que la funcionaria tuvo registrada a su empleada doméstica por 48 horas mensuales y un pago de $5.000, hasta diciembre de 2019. Debido a esto, Donda reconoció que le pagaba ese salario desde julio de 2016, aunque sin especificar cuál era la carga horaria en ese entonces.
En enero de 2020, la titular del Inadi tenía registrada a su empleada en ANSES por 50 horas semanales y le pagaba “en blanco” $5.000 mensuales, pese a que el mínimo establecido en esa época era de $134 la hora. Es decir, que tendría que haberle pagado por lo menos $6.700.
En un período de 55 meses, Victoria Donda le pagó a Banda Oxa el mismo sueldo, pese a que la escala salarial pasó de $ 51 a $ 158,95 la hora, en ese período.
Qué ocurrió entre Victoria Donda y su exempleada durante 2020
La denunciante sostuvo que Victoria Donda le adeuda el pago de varios meses de salario, situación que comenzó en marzo de 2020 con el establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). “A partir de dicha medida y atento a la falta de prestación de servicios, la empleadora comienza a no abonar mis salarios (ni siquiera la parte que se hallaba registrada por debajo de los salarios mínimos legales), motivo por el cual incrementé mis quejas verbales a fin de solucionar los incumplimientos que me aquejaban”, afirmó la trabajadora.
“Sorprendió la negativa de Donda Pérez a abonar mis insuficientes salarios durante el período de restricciones, toda vez que la demandada no sufrió restricción salarial alguna y, además, contaba con libertades para movilizarse y cancelar mis salarios sin inconveniente alguno, dada su condición de funcionario público”, planteó la empleada doméstica.
Tras el pago de dos meses, Banda Oxa aseguró que la funcionaria “intentó convocarme a prestar servicios (a pesar de la prohibición legal imperante), señalando que podía trasladarme en el vehículo oficial que el INADI pone a disposición de la Sra. Donda Pérez, toda vez que se encontraba vedado el acceso al transporte público para mi actividad”.
La empleada sostuvo que rechazó el ofrecimiento y determinó que Donda no le pagó por varios meses hasta que finalmente abonó “la suma de $21.500”, con la que “pretendió cancelar con ese monto los salarios de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020”.
“Agotada de tantos incumplimientos y de las dificultades que debía enfrentar a una edad avanzada para poder hacerme de mis ingresos, a lo que cabe agregar la falta de pago de aportes por todo el primer período de la relación laboral en la que me encontré sin registro alguno, decidí intentar jubilarme”, detalló la damnificada y afirmó que en el momento que la mujer solicitó que se regularice su situación previsional de los 10 años en los que había prestado servicios “sin registro alguno”.
La denunciante aseguró que Donda se negó y le pidió que renunciara, “a cambio de conseguirme un Plan Social o bien una contratación en el INADI, instituto estatal que ella dirigía. Ante dichos ofrecimientos, que tomaron estado público en el marco de una causa penal que se inició al respecto, decidí formalizar mi reclamo” de regularización del contrato de trabajo.
