El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, volvió a la cárcel por decisión de la Justicia. La decisión la tomó el Tribunal Penal Colegiado de San Martín, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia que lo condenó a 5 años de prisión en una causa por corrupción en 2018.
Salgado ingresó anoche al pabellón 6B del penal de San Felipe, complejo donde se encuentra también otro ex intendente, Luis Lobos, también condenado por causas de administración fraudulenta del Estado.
En este caso, hubo poca repercusión política respecto a la medida judicial tomada, y que tiene alto impacto, como la prisión efectiva de un ex funcionario público. Desde el radicalismo, el principal mensaje provino de la ex intendenta radical santarrosina, Norma Trigo, quien también ha sido investigada por irregularidades por el manejo de los fondos públicos.
“Finalmente puedo decir que tanto trabajo realizado en 2015 y 2016 para demostrar los ilícitos del #KirchneristaSalgado y su equipo no fueron en vano. La justicia siempre llega y es importante que Salgado pague su condena aunque sea solo por algunos de tantos delitos que cometió”, comentó en redes sociales la ex jefa comunal.
Los delitos de Salgado
En junio de 2018, Salgado fue condenado por varios delitos, a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos publicos, por el mismo tribunal que lo acaba de detener.
Uno de los delitos fue el manejo irregular que la comuna hizo de los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada, entre 2013 y 2016, donde también están imputados el concejal Marcial Ibarra (45) y su jefe de Acción Social, Flavio Araya (39). Salgado fue condenado como autor del delito de concusión y a los otros como partícipes necesarios.
También fue encontrado culpable de malversación de fondos por no haber construido una planta de destete que por convenio, la comuna acordó con el Iscamen y por el que recibió $ 1,5 millón. También fue condenado por desobediencia por no contestar un requerimiento de Fiscalía de Estado sobre una licitación. También fue condenado por administración infiel, por la emisión de cheques del municipio en la compra trucha de combustible a un lubricentro que nunca fue proveedor de la comuna.
Recordemos que el 31 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad, una serie de cuestionamientos formulados por Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, Mendoza, contra la sentencia que lo había condenado, por lo que quedó firme la condena del 2018.
Mientras tanto, desde el Tribunal Penal Colegiado de San Martín, los jueces Armando Martinez (Juez Presidente), Viviana Morici (Jueza vocal) y Zaida Landini (Jueza vocal) le negaron dos pedidos a su abogado: prescripción de la causa y prisión domiciliaria.
Por otro lado, el martes pasado, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Mendoza estableció la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al tratar la apelación del Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento del ex Intendente de Santa Rosa, en las causas por malversación de caudales públicos por la planta de destete y desobediencia por no responder un requerimiento de Fiscalía de Estado.
Norma Trigo y su gestión
Es importante destacar que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, ordenó en septiembre del 2021 el reintegro de parte de los haberes percibidos durante 2019 por funcionarios de la anterior gestión radical, al considerar que se trató de una liquidación irregular. La medida alcanza a 74 integrantes del gabinete de la ex jefa comunal Norma Trigo -ella incluida-, quienes deberán devolver al municipio $7,4 millones, en total.
Entre las personas alcanzadas por la medida figura la ex intendenta radical Norma Trigo, quien tiene que devolver $183.680,94, y también los secretarios, directores y otros cargos que se desempeñaron durante su gestión hasta diciembre de 2019. En total, el reembolso que deben realizar los ex funcionarios santarrosinos asciende a $7.458.906,28.
El reclamo por los haberes mal liquidados se remonta al inicio de la gestión de Destéfanis. En enero de 2020, la entonces recientemente asumida intendenta denunció ante la Fiscalía de Estado a su predecesora radical por haber pagado “sobresueldos” a su gabinete.
