Tras casi cinco años de investigación a la organización barrial Tupac Amaru, por presuntas estafas, corrupción y manejos financieros en la construcción de viviendas con recursos públicos, dos novedades prometen revitalizar la causa judicial que la defensa de los acusados ya daba por caída.
Hace dos días, se decidió la primera condena a una integrante de la Tupac, Lourdes Oviedo, por estafar a una familia a la que se le prometieron casas a cambio de dinero y participación política. Pero no menos importante es la aparición de varios arrepentidos que están aportando pruebas y que podrían complicar la situación de Nélida Rojas, líder del grupo.
Para la Fiscalía, la condena es un paso “importantísimo” en el camino de tratar de comprobar la culpabilidad de la cúpula de la organización kirchnerista, al considerarla una de las “mano derecha” de Rojas.
Pero la principal clave es que en Tribunales informaron que desde febrero han comenzado a desfilar varios arrepentidos que apuntan a Rojas y su familia, lo que hace pensar que se rompió el “pacto de silencio” de los integrantes de la Tupac, teniendo en cuenta que hasta hace pocos meses la única persona que había declarado había sido Rojas.
Fuentes cercanas a la investigación que conduce Flavio D’Amore destacaron que se esperan para los próximos meses nuevos juicios abreviados de integrantes de la Tupac Amaru que podrían rebajar sus posibles condenas, siempre y cuando admitan la comisión de los delitos por los que se los imputa.
No obstante, entienden que más allá de estas resoluciones judiciales, el objetivo principal es conseguir más información desde adentro de la organización que pueda comprometer a los principales líderes.
Entre los avances que rescatan quienes llevan adelante esta investigación, es que dentro de la causa principal “ya figura un fallo con la firma de una jueza que reconoce que en esta organización ha habido un delito de estafa, y se avaló la tesis de la fiscalía”.
Lo cierto es que el último viernes la mujer fue condenada en un juicio abreviado a un año y tres meses de prisión por el delito de estafa. Si bien estaba imputada en 10 causas, por una de ellas pidió este acuerdo con la fiscalía. La jueza Natacha Cabeza fue quien firmó la sentencia en la que se consideró a Oviedo partícipe necesaria de las estafas.
Oviedo se desempeñaba como delegada de la Tupac Amaru y fue denunciada por una familia que sostuvo que le prometieron viviendas a cambio de pagos mensuales (en total entregaron alrededor de $40.000), participar en diversas marchas y trabajar en la construcción de los barrios que estaban ejecutando. No obstante, nunca recibieron esas casas.
Para la defensa de Rojas, no se trata de una condena a la Tupac, ya que aseguran que Oviedo no sólo no era cercana a Rojas, sino que “fue expulsada en 2014 por la propia organización” al conocerse esa irregularidad.
La causa
Rojas está imputada desde el 9 de abril de 2017 por asociación ilícita, coacción agravada, extorsión y estafa. Varias de estas acusaciones pesan también sobre su esposo Ramón Martínez y sus hijos.
Además, la causa ha tenido un sinfín de contramarchas, con fallos importantes (como el de la Octava Cámara del Crimen) que fueron luego anulados por la Suprema Corte, cambios de fiscales y hasta la jubilación de un juez que la tenía a cargo, lo que ralentizó la investigación.
Según datos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), desde fines del primer gobierno de Cristina Fernández hasta que concluyó su segundo mandato, la organización construyó 331 casas con fondos enviados por la Nación, mientras que inició pero no finalizó 704, que dejó con diversos grados de avance y que ahora está terminando la Provincia por su cuenta.
“Lawfare”
A partir de ahora, se esperan nuevas audiencias con varios planteos de nulidades presentados por la defensa de Rojas. Pero también se pedirá el sobreseimiento de dos dirigentes peronistas: el intendente de Lavalle, Roberto Righi, y el ex titular del IPV, Omar Parisi, imputados por fraude a la administración pública. “Hubo sospechas pero no se pudieron reunir pruebas”, argumentaron.
El abogado de Rojas, Alfredo Guevara, opinó que la causa “se va cayendo a pedazos” y que este “gol en contra” ocurrió “porque dividieron la causa por departamentos para no involucrar a Alfredo Cornejo y Marcelino Iglesias, que también firmaron los documentos para la construcción de viviendas. Fue todo direccionado”.
Guevara consideró que el juicio a Oviedo no afectará a los demás co imputados ya que se trata de “una condena individual”.
Para el letrado, el oficialismo y la Justicia “quieren involucrar a Nélida y su familia pero no tienen argumentos. Es otro caso de lawfare y fake news”, consideró, y declaró que esta causa “transcurre entre la condena mediática sobre la organización y un triunfo espectacular que tenemos en las audiencias”.
Cronología
Fines de 2016: lluvia de denuncias de ex miembros de la Tupac Amaru
Abril de 2017: imputación y detención de Rojas y parte de su familia
Marzo de 2018: un fallo de la Octava Cámara libera a todos los imputados
Diciembre de 2018: la Corte anuló la resolución de la Octava Cámara
Abril de 2019: imputan al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y el ex presidente del IPV, Omar Parisi.
Noviembre de 2019: el procurador suma tres fiscales a la causa. Luego, queda solamente Flavio D’Amore.
Julio de 2020: se jubila el juez que tenía la causa, Marcos Pereira.
Abril de 2021: se pide el sobreseimiento de Righi y Parisi.
Mayo de 2021: primera condena a una integrante de la Tupac Amaru en un juicio abreviado.
