El Gobierno Provincial recibió en las últimas horas un rechazo por parte del Gobierno Nacional por la asignación de terrenos en la zona del valle El Azufre, en Malargüe, para el desarrollo de un centro de esquí por parte de la empresa El Azufre SA.
Precisamente se trata de la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo presidente, Martín Cosentino, manifestó su “absoluto rechazo” a la asignación de las 12.600 hectáreas, que según marcó son “propiedad del Estado Nacional, pertenecientes al Campo Potreros de Cordillera Norte”.
Según establece en el documento de Cosentino, “el mencionado Campo, situado dentro de la zona de seguridad de frontera, le corresponde al ESTADO NACIONAL en mayor extensión, por expropiación dispuesta por Decreto N° 3.892 de fecha 5 de junio de 1967, inscripto el dominio a su nombre en el Registro de la Propiedad”.
“En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el ESTADO NACIONAL, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, acotó.
También destacó que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, informó que en la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, “no se halló pronunciamiento alguno respecto a la aceptación para que la Provincia de Mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble ‘Campo Potreros de Cordillera’ a laempresa EL AZUFRE S.A”.
“En función de todo lo expuesto, solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”, y agregó que el presente rechazo “se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO”.
Respuesta local
Desde el Gobierno provincial respondieron con dureza al peronismo y también cuestionaron el documento de la AABE. Indicaron que la nota “está expedida sólo por el presidente pero no tiene el aval del directorio” y aseguraron que se trata de una “jugada del camporismo”.
“Es una simple nota, sin carácter administrativo formal”, acotaron, y también mencionaron que el peronismo local hizo referencia a la nota “antes que ingresara formalmente a Casa de Gobierno”.
Por otro lado, aclararon que el terreno “no se ha transferido a nadie”, y que “sólo se trata de una asignación” de los mismos.
Finalmente, también comentaron que “no se ha dicho que Nación no participa del proceso”, y que cuando la empresa presente el proyecto, “ahí es cuando le corresponde intervenir a la Nación. Si lo quieren frenar, ese es el momento en el que podrán intervenir”, respondieron.
Es necesario recordar que la asignación fue realizada por decreto (el 2.138) el 23 de diciembre y en aquel momento el Poder Ejecutivo sostuvo que no resultaba “necesario ni posible realizar una licitación pública”, ya que la facultad de asignar terrenos se vinculaba “con situaciones preexistentes, como la presencia de Gendarmería o de ocupantes que ya invirtieron en la zona, y que no son pasibles de un concurso de proyectos u ofertas”.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, detalló también que esas tierras son de frontera y propiedad de la Nación, pero que la provincia “tiene la posesión y puede asignarlas”. Esto significa que, si bien no puede trasladar la propiedad a privados, sí se las puede asignar para los fines de explotación que habilita el convenio con el Estado nacional. En cuanto a los plazos, a diferencia de lo que sucede con una concesión, la asignación no tiene un tiempo determinado. Ibáñez resaltó que el proceso cuenta con un dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
Mientras tanto, el senador Lucas Ilardo, quien ha comandado las críticas por parte del Frente de Todos, expresó al respecto: “Desprolijos en el mejor de los casos, este accionar oscuro sobre tierras de nuestra cordillera nos ha dejado al borde de ser demandados judicialmente y a todos los mendocinos en alerta por el manejo turbio de los bienes del Estado”.
