La Unidad Fiscal contra la Ciberdelincuencia investiga la denuncia por el hackeo al celular del juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal que realiza el juicio de Vialidad por la presunta corrupción en la obra pública y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.
El caso, que fue denunciado por el propio Giménez Uriburu, está en manos del fiscal Horacio Azzolin que comanda la fiscalía de Ciberdelincuencia y que impulsó una serie de medidas “para establecer la identidad de la persona responsable”, señalaron fuentes a Clarín.
Las anomalías en el dispositivo del magistrado fueron detectadas el jueves pasado por la noche cuando se le informó desde la compañía prestadora de la línea que se había ordenado un cambio de chip que el juez no había gestionado ni autorizado.
Según denunció Uriburu ante la UFECI a cargo de Azzolín, recibió un mail de Movistar en el que le informaban que le habían cambiado el chip de su dispositivo. Y luego le aclaraban que si no había realizado él la gestión podía comunicarse al teléfono de atención al cliente *611.
Fue en ese momento que el juez Giménez Uriburu se dio cuenta que algo no andaba bien con su celular. Después de la comunicación correspondiente, lo que se consignó en la denuncia, es que para otorgar el chip por Autogestión, “Movistar pide los datos de cuenta corriente” del cliente.
Este último punto no es menor si se tiene en cuenta que en julio de este año, se denunció la intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del Consejo de la Magistratura, durante el fin de semana largo del Día de la Bandera. El área tiene a su cargo la custodia de esa documentación políticamente sensible.
Se detectó que en esa intromisión se revisaron los sobre con los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Se trata de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los ciudadanos tienen acceso a la declaración jurada con los datos general, pero no a los sobres donde están los número de cuentas bancarias y la dirección de las casas de los jueces, por ejemplo. A estos datos solo se puede acceder con una orden judicial.
Lo que inquieta en el marco de la causa que investiga el hackeo es el posible acceso a los datos de las cuentas corrientes del juez Giménez Uriburu teniendo como antecedente lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura.
Se encuentra en riesgo “cualquier información”
A partir del episodio el juez federal perdió la línea telefónica por completo, hasta que se comunicó con Movistar y la compañía procedió al bloqueo de la línea. Al día siguiente se le proporcionó un nuevo chip pero hay aplicaciones a las cuales aún no puede acceder.
Desde la investigación, explicaron que se encuentra “en riesgo cualquier información a la que se pueda acceder usando la SIM”. En ese sentido señalaron que quien tomo control de la cuenta de whatsapp “activó el segundo factor que no es la recuperación con SMS sino por la aplicación, con lo cual la empresa tarda siete días en reactivarla. Es un procedimiento estándar”.
En estos casos no se recomienda desde la fiscalía especializada en ciberdelincuencia, un cambio del aparato. Se recomienda “por un lado, activar el segundo factor de autenticación en todas sus plataformas y que la recuperación no sea por SMS sino por aplicación. Entonces si te duplican la SIM en principio no pueden recuperar las contraseñas. Desde luego, las operadoras deben reforzar sus controles para entregar nuevas SIM a quienes acrediten fehacientemente ser los titulares de la linea”.
En este sentido se procedió desde la fiscalía a cargo de Horacio Azzolín, con una batería de medidas tendientes a clarificar el hecho y determinar quién es la persona, o las personas, atrás del hackeo contra el celular del juez que interviene en el juicio contra la vicepresidenta.
