Un intendente peronista reaccionó con una drástica medida ante los múltiples saqueos que se produjeron en el conurbano bonaerense. Ariel Sujarchuk, de Escobar, firmó un decreto en el que dispuso de la eliminación de todo tipo de plan social o programa municipal para aquellos que estén involucrados en los hechos de violencia.
“Anoche a última hora firmé un decreto en el que se establece que la Municipalidad de Escobar suspende todo tipo de subsidio, becas y cualquier posibilidad de acogerse a programas municipales entre todas aquellas personas que se encuentren vinculadas y/o fomenten hechos de violencia”, anunció ayer el jefe comunal en una publicación desde sus redes sociales.
Según Sujarchuk, los desmanes ocurridos en distintos puntos del país —entre ellos, el municipio que gobierna— tuvieron una motivación electoral y “forma parte de una vieja forma de hacer campaña política buscando generar caos y confusión entre las y los vecinos que queremos vivir en paz social”.
Uno de los intentos de saqueo en Escobar ocurrió en la localidad de Maquinista Salvio, durante el 22 de agosto, donde un grupo de adolescentes y jóvenes apedrearon una sucursal del supermercado Día ubicada en la intersección de la ruta provincial 26 y la calle 9 de julio, detalla Infobae.
Tras la denuncia, la policía llegó al lugar antes de que se produzcan los robos y detuvo a seis personas, entre ellos, cuatro chicos de entre 12 y 15 años, y dos jóvenes apenas mayores de 18. Según se comunicó oficialmente, todos ellos ni siquiera pertenecían al barrio ni a la localidad.
“No fueron a buscar alimentos, fueron a buscar un conflicto orquestado desde oscuros intereses”, evaluó el intendente. “Desde el primer momento repudiamos estas maniobras espurias que utilizan a niños, niñas y adolescentes y por eso disponemos todas las herramientas del Estado Municipal para ir contra quienes instigan estos episodios”, agregó.
Según Infobae, el jefe comunal se puso a disposición para investigar contra quienes instigan estos hechos de violencia, aportando los datos que se recolectaron para suministrarlos a la Justicia. En ese marco, avanzó “cortando de cuajo la posibilidad de ser beneficiados por las políticas del Estado” a las personas involucradas en este tipo de delitos, que “de ninguna manera puede subsidiar a aquellos que delinquen o instigan a la violencia”.
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