El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, levantó la voz contra la decisión del presidente Javier Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias argentinas. Esta medida, que complica la liquidación de haberes, ha suscitado una fuerte reacción por parte del funcionario, quien incluso insinuó la posibilidad de que la provincia judicialice la situación.
En un claro gesto de descontento, Boasso, quien responde al gobernador Maximiliano Pullaro, calificó la medida como “otra trastada del presidente” enfatizando que, mientras Milei busca el consenso de los gobernadores para sus leyes, simultáneamente impone por decreto un recorte de fondos que legalmente corresponden a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias.
La controversia gira en torno al reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, donde se deja sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Estos artículos regulaban las transferencias de ANSES a las provincias en concepto de anticipos a cuenta del resultado definitivo del déficit de cada sistema previsional.
El impacto de esta medida se extiende más allá de Santa Fe alcanzando a otras provincias como Buenos Aires, Chaco, Chubut y Córdoba, entre otras. En este contexto, Boasso ha denunciado lo que considera “una apropiación indebida de fondos” por parte del Gobierno nacional.
En línea con las declaraciones de Pullaro, Boasso destacó la deuda que el Estado nacional mantiene con Santa Fe cifrada en alrededor de 700 mil millones de pesos. Esta suma, según el funcionario, podría haberse destinado a importantes obras en beneficio de los santafesinos.
Además, Boasso hizo hincapié en que “hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio” y que existe la necesidad de “aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.
Finalmente, el secretario de Seguridad Social recordó que las Cajas de Jubilaciones no son “la casta”, sino el fruto de los aportes realizados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Ante esta situación, la provincia de Santa Fe evalúa la posibilidad de recurrir a la vía judicial para detener el recorte de fondos que afecta a estas instituciones tan importantes para los argentinos.
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