Un ex ministro de Seguridad salió al cruce de la remoción completa de una comisión evaluadora del Consejo de la Magistratura, que tomaba pruebas a aspirantes a jueces y magistrados que buscan ascender en la carrera, de la cual formaba parte.
El planteo de Gianni Venier (ministro del área durante toda la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador) sube las tensiones en tribunales, a pesar del receso de la feria judicial. Y genera una particular atención, dado el pasado político del reclamante y los planteos que realiza.
Venier no sólo objeta su remoción, si no que critica con dureza al propio Consejo de la Magistratura, al que acusa de desconocer las reformas judiciales que se aplicaron a partir de 2016.
Uno de los planteos que provocó la reacción de Venier es el punto en el que se cuestiona a la comisión evaluadora que integraba porque “no se realizan preguntas ni interactúan con el evaluado”. “La aseveración de que no se mantiene diálogo permítaseme indicar que desconoce cómo funciona el sistema de audiencias sancionado en la provincia desde los años 2016 a 2019, donde se reformó la ley 6730 convirtiéndola en un sistema de audiencias orales, donde todo se expone en ese momento y donde todo debe resolverse allí”, disparó el ex ministro de Seguridad.
Venier incluso advirtió que la remoción de los integrantes de la comisión evaluadora podría afectar las actuaciones de los jueces “aprobados” en el futuro. “Tal vez el Consejo no lo haya advertido, pero la acusación de incumplimiento realizada implica que los exámenes que fueron desaprobados como los aprobados, poseen una deficiencia de legalidad, ya que, si se mantiene este díctum y no es revocado, cualquier postulante puede acusar que el cargo ocupado al que aspiraba lo fue por una persona que recibió una aprobación viciada”, señala.
Y agrega: “Los propios abogados pueden, del mismo modo, solicitar la nulidad de las actuaciones de los magistrados que fueron aprobados por esta Comisión durante el ejercicio de un proceso”.
El conflicto crece
La cédula emitida por el Consejo de la Magistratura el 7 de este mes notifica a todos los miembros de la comisión asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas del cese de sus funciones, decisión que los integrantes tomaron por unanimidad. Es una de las cinco comisiones existentes, ya que también hay otras para los fueros Laboral, Civil, Familia y Penal de Menores.
Los nombres de quienes integran estos cuerpos de profesionales con función docente habían sido aportados por el propio Consejo de la Magistratura, las facultades de Derecho, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados. Si bien ninguno de ellos cobraba sueldos por su tarea, integrar estas comisiones otorgan “chapa” en la Justicia.
Por eso hay jueces, fiscales, abogados y ex funcionarios que asumen la tarea de tomar las pruebas escritas y orales a los aspirantes, que es el primer paso para la conformación de ternas de postulantes a jueces y magistrados.
Fueron muchos los integrantes de la comisión removida que protestaron ante esta medida. Es el caso de Venier, que era suplente en el organismo. Sin embargo, otro ex ministro de Seguridad, Miguel Bondino, prefirió mantenerse en silencio frente a la decisión.
Todo se precipitó a partir de una “visita” de miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos el diputado de Protectora José Luis Ramón, en la que estos miembros dijeron haber detectado “faltas al reglamento”. Entre otros reproches, señalaron que la comisión evaluadora no realiza preguntas ni interactúa con el evaluado y que el examen “debe ser autogestionado por el aspirante (lee las preguntas y las responde)”. También se quejaron de que la comisión “no respeta la duración máxima de una hora por examen” ni “el máximo de 8 horas por jornada de evaluación”.
La moción de Ramón fue acompañada por todos los miembros del Consejo, que está presidido por la ministra de la Corte Teresa Day y está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, los magistrados, los abogados y la Legislatura.
Pero a su vez, buena parte de los sancionados salieron al cruce y pidieron la reconsideración de una medida que los afecta en su “buen nombre” e incluso descalifica a aquellos que imparten justicia.
En este contexto, Venier indicó que el Consejo debió dar “derecho de defensa” y descalificó a los veedores por haber permanecido “no más de veinte minutos” viendo un examen de aspirantes a fiscales.
Sobre la falta de diálogo durante la evaluación, el ex funcionario afirmó que “si al aspirante se le preguntara cuando se equivoca, y vuelve a contestar, y se le vuelve a preguntar hasta que de la respuesta correcta, ese tipo de examen no sirve para la enorme función de ser magistrado de la Justicia de Mendoza”.
Y comparó el rol de los jueces con los de los médicos: “Un cirujano no puede equivocar el uso de su bisturí, porque los daños son irreversibles. Debe hacerlo bien de una sola vez porque su corte no tiene regreso. Del mismo modo opera una audiencia donde las partes expresan proposiciones verbales que determinan la libertad, la prisión, el patrimonio de toda persona sometida a proceso. Debe el futuro magistrado tener el conocimiento de una vez y bien, sin posibilidades de errores que se pagan muy caro”.
También se refirió al reproche de que en la comisión “no se interroga al aspirante respecto del caso práctico que debió conocer en oportunidad de la fase escrita”. “Que se le pregunte por el mismo caso abre las puertas para una forma de corruptela que podría darse en que el amigo de un posible miembro de una comisión entregue respuestas a lo que ya se tomó”, razona Venier.
“Si bien considero inobjetables a los miembros de la Comisión en la que me encuentro y de las demás, lo cierto es que esa forma abre puertas a una situación que, entiendo, no es buena para la imparcialidad que debe regir en estos exámenes”, agregó el abogado.
Ante los crecientes cuestionamientos de los magistrados y abogados mencionados, desde el Consejo de la Magistratura todavía no emanó una respuesta. “Se hará jurídicamente por escrito después de la feria porque el Consejo no está habilitado ahora”, respondieron desde ese ámbito, además de recalcar que la comisión removida había recibido “muchos cuestionamientos informales”.
