La secuencia histórica indica que el mejor año para Mendoza en cuanto a inversiones públicas ha quedado bastante atrás ya. Fue 2007: de los gastos totales del Estado, 14% tuvo ese destino. Nunca más pudo un gobierno ocupar ese volumen de dinero en proyectos perdurables, ajenos a la prestación básica de servicios y la cobertura de gastos corrientes.
Ese año se inauguró, como obra emblemática, la cárcel Almafuerte, en Cacheuta. Más allá de la gestión de Cobos, que por entonces se subía al carro de la concertación kirchnerista que lo llevaría a convertirse en vicepresidente de Cristina, eran tiempos de bonanza económica a nivel nacional. Había viento de cola.
La inflación rondaba el 10%, el país crecía al ritmo de por lo menos el 4% por año. El mensaje de elevación del Presupuesto 2007 a la Legislatura daba cuenta de este marco favorable. Hablaba de “un contexto macroeconómico de crecimiento sostenido” e indicaba que la economía había acumulado “cuatro años (2003-2006) de fuerte expansión” con “presencia de importantes superávits de las cuentas fiscales y externas”.
El cuadro histórico que el Gobierno provincial presentó al enviar el Presupuesto 2022 da cuenta también de otros buenos años para la inversión pública, tanto en gestiones peronistas como radicales.
En 2005 y 2006, también en el gobierno de Cobos, la inversión fue del 11%. Bajó a 10% al comienzo de la era de Celso Jaque, pero se mantuvo en dos dígitos hasta que el malargüino le entregó el poder a otro justicialista: Francisco Pérez.
Los problemas financieros que tuvo Pérez son por todos conocidos (los gastos corrientes superaban a la recaudación y no reunía dinero para pagar los sueldos estatales hacia el final de su periodo) y, por supuesto, se reflejaron en los números de la inversión. La obra pública y la adquisición de bienes bajó a la mitad del máximo de 14 puntos, o menos, entre 2011 y 2015. Su sucesor, en consecuencia, asumió con muchas deudas por pagar.
Esto derivó en que uno de los peores años para este rubro de las cuentas fuera 2016, cuando arrancaba la gestión del radical Alfredo Cornejo: apenas se invirtió 5% de los gastos totales del Estado.
Desde entonces, se empezó a remontar la cuesta de las obras. En 2018, en consonancia con otro breve periodo de crecimiento a nivel nacional, que se extendió desde 2017 hasta el primer trimestre del nuevo año, se llegó a uno de los puntos más altos de la década: 11%.
En 2019, un año electoral en el que se despedía Cornejo, la inversión volvió a bajar a un dígito (9%). Pero después el panorama se agravó, debido a que sobrevino la noche de la pandemia: en 2020, con todos los recursos concentrados en la atención de la emergencia sanitaria, apenas se invirtió 4%.
La secuencia planteada por el Gobierno deja en blanco el casillero de los números para el año en curso. Hay controversia al respecto. En medio de la campaña el peronismo mendocino denunció que hubo una notable “subejecución presupuestaria” de la obra pública en 2021. Los resultados finales, dicen en este bando, demostrarán con suerte que apenas la mitad de lo proyectado por Rodolfo Suárez para obras logró su concreción.
El Gobierno desmiente el pronóstico opositor, pero no arriesga números para contrastar. Recién hacia febrero, las planillas oficiales de la ejecución presupuestaria blanquearán los resultados de este año.
Es una realidad que la situación del coronavirus y el cierre de actividades que produjo la cuarentena tuvieron su impacto en las obras. Todos los reconocen, más allá de la batalla política.
En tanto, el futuro inmediato plantea mejoras. Para 2022, el Gobierno provincial estima que la inversión pública trepará al 9%, el mismo número de la prepandemia (2019).
No incluye esta proyección los fondos que Mendoza sigue recibiendo de la Nación para la construcción de Portezuelo del Viento, que se reservan aparte, porque la obra todavía no ha sido adjudicada. Si arrancara Portezuelo, la inversión podría trepar al 12% el año que viene con los primeros trabajos, se entusiasman en el Gobierno.
Por otro lado, si se cumplieran las proyecciones oficiales, la inversión en Mendoza sin contar Portezuelo apenas superará en 2022 el promedio histórico de los últimos 20 años, que es 8.3%. No es lo ideal: un resultado satisfactorio implica llegar a los dos dígitos, reconocen las propias autoridades.
Los responsables del ciclo político iniciado en Mendoza en 2016 ostentan siempre a su favor, de todos modos, el buen manejo de las cuentas públicas. Afirman que los procesos de recuperación son largos y, aunque hubo etapas con gobierno del PJ en las que las cifras de la inversión no fueron malas, culpan a las gestiones peronistas de haber producido un “desastre” que se generó por la incorporación masiva de empleados públicos entre 2008 y 2015.
“Sosteniendo el sendero actual, Mendoza puede regresar a los niveles de 2007″, concluyen en el gobierno actual, en referencia a las últimas inversiones de Cobos, que 14 años después, se han convertido en un anhelo.
Ciertamente, la dimensión de los gastos programados para cada año (379 mil millones de pesos planean gastar en 2022), le exigen al Gobierno pensar en un Estado que despegue cada vez más de los requisitos mínimos de encender la luz y llevar al día los sueldos de los empleados públicos.
