La política energética del Frente de Todos nunca arrancó y la pandemia ya no era una excusa. Cuando le fueron a pedir cosas concretas a Sergio Lanziani, el hombre a cargo de la cartera, no había nada. Por eso ayer el Gobierno lo echó y nombró en su lugar a un cristinista puro, el diputado neuquino Darío Martínez.
Hay consenso en el Gobierno sobre que Lanziani es “un buen tipo y un gran técnico”. Pero el misionero no tenía espalda política en el interior del gabinete, a pesar de su buen diálogo con el presidente Alberto Fernández. Se llevaba mal con su jefe directo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Lanziani no había arrancado bien. En los primeros cuarenta días de gestión le renunciaron Maximiliano Galli, subsecretario de Coordinación Operativa, y Federico Martelli, que ocupaba la jefatura de Gabinete de la cartera, a donde llegó proveniente del Grupo Callao de la mano nada menos que de Santiago Cafiero.
Fueron ocho meses difíciles para Lanziani. Kulfas lo relegó de las negociaciones más importantes que este gobierno tuvo hasta acá en materia energética: el Plan Gas 4 que que regirá desde octubre y hasta 2024; y el barril criollo de petróleo a 50 dólares.
El dialogo de Kulfas con las empresas productoras de gas, por ejemplo, fue llevado adelante junto al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y al CEO de YPF, el mendocino Sergio Affronti. Se trata nada menos que del plan de estímulos (con subsidios) a la producción de gas para garantizar la actividad en 2021 en una primera escala.
Pero el summum de Lanziani fue en abril. Allanaron la casa de una mujer en la ciudad misionera de Oberá por difundir noticias falsas sobre el coronavirus y encontraron durmiendo allí al entonces secretario de Energía. Él lo adjudicó a su interna política con Carlos Rovira, caudillo provincial, conductor del partido Renovación y presidente de la Legislatura.
Desde ese momento, Lanziani empezó a perder el dialogo con Fernández. Y ahora, ante la falta de planes para lo que será la pospandemia, el Presidente decidió apartarlo en un contexto de cambios que podría no terminar en el misionero, según las fuentes consultadas por La Voz.
Un duro, a pelear
En el cargo fue nombrado Martínez. Su designación fortalece el posicionamiento el cristinismo en el centro de la política energética del Gobierno. Y por otro lado saca a la luz ciertas diferencias entre Kulfas y el ministro de Economía, Martín Guzmán: ahora Energía pasará a la órbita del economista heterodoxo que eligió Fernández para la silla más caliente y se ganó el respaldo de Cristina.
Martínez fue convocado por Fernández justo cuando se disponía a ponerse al frente de la discusión legislativa para la nueva Ley de Hidrocarburos que el Gobierno enviará próximamente al Congreso con Vaca Muerta como joya a desarrollar.
De entrada Martínez y Guzmán tendrán una tarea complicada: digitar el descongelamiento de tarifas de electricidad y gas justo en la salida de la pandemia y con riesgos de salto inflacionario por la emisión monetaria sin precedentes con la que el Gobierno financia el gasto social.
Martínez venía presidiendo la Comisión Energía y Combustibles desde marzo de 2018, después de que el titular de esa área Julio De Vido fuera detenido por hechos de presunta corrupción en octubre de 2017 tras perder sus fueros.
El flamante funcionario, de 45 años, integra el kirchnerismo más cercano a la vicepresidenta. Tiene muy buena relación con Máximo Kirchner y con La Cámpora. Asumió en diciembre en la banca tras ser electo en octubre de 2019 tras competir contra el Movimiento Popular Neuquino a pesar de que él ya era legislador con mandato hasta 2021.
Martínez una de las figuras más importantes del peronismo kirchnerista en Neuquén. Y si bien el Gobierno de Fernández trabaja en sintonía con el gobierno provincial del MPN como aliado, no se descarta que el flamante funcionario pueda usar el cargo como plafón para ir por la gobernación de su provincia en el futuro.
Su designación no cayó mal en el sector energético, dado que Martínez tiene conocimiento en la materia. Hoy 30 empresas operan en Vaca Muerta y el 80% de ese megayacimiento está en Neuquén, provincia a la que el Gobierno.
