El abogado Gustavo Riera Martínez pasó sin sobresaltos la audiencia pública, previa a la votación que llevará adelante el Senado el martes próximo. El gobernador Alfredo Cornejo lo propuso para reemplazar al contador Mario Francisco Angelini como Vocal del Tribunal de Cuentas.
El letrado, que se desempeña actualmente como secretario relator del Tribunal, cosechó 872 adhesiones para ocupar ese cargo y una sola impugnación. Además se presentó el expresidente del organismo, Salvador Farrugia, para respaldarlo públicamente.
En tanto, los cuestionamientos de la oposición pasaron sobre los controles del organismo sobre los fideicomisos de la Provincia, no particularmente a su candidatura, por lo que resultó airoso de la exposición ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
“Esta reunión tiene como objetivo intentar demostrarles a los señores senadores por qué deberían apoyar mi candidatura. Desde el punto de vista objetivo, cuando se propuso la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, uno de los aspectos que se discutió mucho fue la inclusión de un abogado dentro del cuerpo de vocales del Tribunal de Cuentas”, inició su defensa Riera.
“Hoy la ley prevé que deben haber tres vocales contadores, por lo cual se cumple con el objetivo de la norma. Pero creo que es importante que lo integre un abogado porque el control que hace el tribunal, si bien tiene una base contable, la tiene frente a los aspectos de legalidad de esa ejecución presupuestaria. Entonces todas las observaciones que hace el tribunal tienen que ver con la confrontación de la ejecución dentro de la legalidad”, explicó.
Y agregó: “Podrán decir, ya está el presidente. El presidente es abogado pero administra. No es parte y no tiene secretario técnico. Si bien firma como un cuerpo colegiado, no es parte de las decisiones. Creo que puedo hacer un aporte en esa circulación de los proyectos de fallo. Igual que cualquier cuerpo colegiado hay un preopinante. Y creo que puedo hacer un aporte de mis conocimientos legales a los conocimientos contables y viceversa. Me parece enriquecedor”.
“Desde el punto de vista subjetivo, independientemente de todos los cursos y posgrados que uno pueda hacer, hace más de 20 años que me dedico a la abogacía pública. Llevo 7 años en el Tribunal de Cuentas y me he nutrido, no solo de lo formal, sino del trabajo y colaboración de cada uno de los auditores del tribunal y del equipo de la secretaría relatora, que en su mayoría son abogados con 20 años de antigüedad. Me han nutrido de aprotes que no se consiguen en cursos ni en diplomaturas”, sostuvo el abogado.
Y completó: “Si los señores senadores me acompañan con su voto en este acuerdo, es lo que creo que puedo aportarle a este Tribunal de Cuentas”.
La senadora peronista Mercedes Derrache puntualizó sus consultas sobre las sociedades anónimas que integra el Estado Provincial y los fondos fiduciarios. Aseguró que algunas empresas como Emesa carecen de controles y no podría ocurrir lo mismo con Impulsa Mendoza, que va a “manejar millones” con el desarrollo minero en Malargüe.
“Mendoza Fiduciaria en los últimos años no ha presentado nunca un balance y el Tribunal no ha abierto una cuenta para ellos. Se lo dejo como una inquietud, ya que usted va a ser parte, que el Tribunal trabaje sobre un acuerdo específico sobre sociedades del Estado con controles apropiados para sociedades privadas. Porque no es la misma ejecución en el sector público que el privado”, apuntó la legisladora del PJ.
Por su parte, el jefe del Interbloque de La Unión Mendocina, Germán Vicchi, expresó preguntas en un sentido similar. “En algunos de los fallos que emiten, muchas veces cuando se tratan de empresas, hacen alusión a que hay determinadas actuaciones que son responsabilidad de la Sociedad. ¿Hasta donde debe llegar el Tribunal de Cuentas en el análisis de las decisiones que toman estas empresas cuyo accionista es el Gobierno de la Provincia?”, planteó el legislador.
Y Riera respondió: “En realidad no es una cuestión que el Tribunal tenga discrecionalidad. Está establecido en las normas legales. El tribunal hace un control de legalidad en la ejecución presupuestaria. No puede opinar sobre las decisiones de gestión. Solo hace un control para que se ajuste a las normas legales y constitucionales. Si es buena o no, no nos corresponde. Hay otros organismos como Fiscalía de Estado que están a cargo de esto”.
Una vez finalizada la audiencia, el abogado respondió ante la prensa que resultó positiva la exposición en la audiencia pública. “No fueron cuestionamientos a mi persona o mi candidatura, son más dudas técnicas atinentes al Tribunal y creo haberlas respondido. Me parece que el debate fue enriquecedor, con mucha altura y fundamento técnico. Las preguntas que se hicieron fueron inquietudes de índole técnica, no del plano personal, así que me pareció buena la audiencia e interesantes las preguntas. Creo haberlas respondido con suficientes argumentos”, aseguró.
El despacho para que el pliegue sea tratado en el recinto el próximo martes reunió las firmas del oficialismo y se espera que se apruebe por mayoría simple, ya que Cambia Mendoza tiene los votos para lograrlo. Vale recordar que será una sesión secreta.
