El Gobierno provincial buscará aclarar en audiencia pública aspectos del acuerdo concretado con Edemsa que prorrogó por 20 años la concesión a la distribuidora eléctrica, a cambio de que abandone un reclamo por $146 mil millones por aumentos de tarifas no percibidos en el pasado. También se acordó un plan de obras ligado al reconocimiento de sus costos en los cuadros tarifarios futuros que pague el usuario.
La audiencia se realiza en el complejo Le Parc, de Guaymallén, desde las 9.30. También se tratará una suba del VAD (Valor Agregado de Distribución) para todas las distribuidoras, la primera del año, que será del 15% promedio.
A través del decreto 70 publicado en el Boletín Oficial a fines de enero, el Poder Ejecutivo le renovó a Edemsa la concesión que vencía en 2028 por 20 años más (hasta 2048) y acordó también que la empresa debe llevar adelante un plan de obras valuado en $ 17 mil millones.
El convenio incluyó una reducción del canon de concesión que tiene como destino el Fondo Compensador de Tarifas, del 10 al 6%.
El coordinador de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos Manuel López González, será el encargado de exponer sobre el convenio por parte del Gobierno. Más allá de que ya está en firme el arreglo y lo que se discuta en la audiencia no será vinculante.
Es un hecho que habrá preguntas y cuestionamientos de asociaciones y profesionales en la audiencia. Entre ellas, que la audiencia pública haya sido convocada después de celebrados los acuerdos que tienen implicancia directa en la temática tarifaria de Edemsa, y no antes. También que no se haya proporcionado “información relevante” de lo pactado.
Uno de los planteos elevados a la Secretaría de Servicios Públicos es en base a que estudios se ha calculado el valor de la prórroga de la concesión de Edemsa por 20 años, en $64.322.000.000. También, por otro lado, cuál es la valuación oficial de los ingresos no percibidos por Edemsa en el período agosto de 2008 a diciembre de 2022.
Otro punto que se plantea en los cuestionarios es que como se incrementarían las tarifas del servicio público eléctrico que pagan los usuarios en el futuro, estas deberían haber sido tratadas en “audiencia pública previa”.
