El destino de María Elizabeth Lizán en el Poder Judicial tendrá definiciones en estos días. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, elevó un oficio para que el Jury de Enjuiciamiento investigue a la jueza de familia por “mal desempeño en el ejercicio de función”. No obstante, el órgano no se ha reunido aún para votar si se inicia el proceso o se rechaza la denuncia.
Lizán, días después, presentó la renuncia al cargo para evitar una destitución (pena máxima del Jury) pero quien debe aceptarla o no es el gobernador Rodolfo Suárez. Todo indica que no le dará curso al pedido de la magistrada y de ser destituida, no podrá acceder a la jubilación de privilegio. A más tardar el 11 de agosto, el órgano integrado por legisladores y ministros de la Corte, tratará el oficio.
Hay movimientos, o los habrá en el Jury de Enjuiciamiento después de un largo tiempo. El órgano tuvo bastante actividad durante la gestión de Alfredo Cornejo. Trató casos emblemáticos cuyos resultados fueron la destitución de Anabel Orozco, la fiscal “viajera”, o Antonio Sánchez Rey, camarista laboral acusado de un arreglo millonario con una ART. En la era de Rodolfo Suárez casi no ha tenido actividad porque casi no han ingresado denuncias que motiven reuniones entre los 21 miembros que lo componen.
Este organismo es el encargado de evaluar sanciones, incluso la destitución, a jueces, fiscales, asesores, defensores oficiales y otros funcionarios con rango constitucional, como el titular de Irrigación. Está conformado por los siete miembros de la Corte, siete diputados y siete senadores. El presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay es el presidente del Jury.
Pelea por la composición
Justamente los lugares legislativos había sido motivo de charlas, luego de las elecciones. Cambia Mendoza pretendía más lugares que los que tenía. Sobre 14 sillas, el reparto era de 8 para el oficialismo y 6 para la oposición. Con los números del escrutinio definitivo, los radicales fueron por más y empezó la puja con el Frente de Todos, algo que terminó con un lugar más para el oficialismo en la porción que integran los representantes de la Cámara de Diputados.
Así, los miembros del Jury quedaron definidos de la siguiente manera en lo que respecta a diputados: José Orts, Cecilia Rodríguez, Marcos Reche, Jorge López y Gustavo Cairo por Cambia Mendoza; Marisa Garnica y Verónica Valverde por el peronismo. Desde el Senado fueron confirmados: Marcelo Rubio, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo y Mercedes Rus por el oficialismo, mientras que Lucas Ilardo, Mauricio Sat y Cecilia Juri son las voces de la oposición.
Con estos números, Cambia Mendoza tiene 9 votos y el Frente de Todos, 5. Si a esto se le agregan los votos de la Corte, la cuenta termina a favorable al oficialismo por 13 a 8. Dalmiro Garay, Pedro Llorente, María Teresa Day y José Valerio integran el “ala radical” aportando 4 votos; mientras que Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez conforman el “ala peronista”.
Sin embargo, las negociaciones sólo sirvieron para la nueva composición, porque no hubo asuntos para tratar. La última reunión que se había tenido en el Jury de Enjuiciamiento data de abril del año pasado. Allí se analizaron varios pedidos y el único que avanzó fue el de María Fernanda Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces en Las Heras. La denuncia la había presentado su entonces jefa, Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa.
La magistrada estuvo de licencia por síntomas de fatiga e insomnio durante dos años, período en el cual cobró entre 180.000 y 200.000 pesos mensuales de sueldo. Durante ese período en que no trabajó, no justificó 64 días de ausencia, por lo que el Ministerio Público de la Defensa le suspendió el pago del sueldo. En abril del 2021 finalmente se resolvió suspender a la magistrada por 10 días, y evitó la destitución. Esa fue la última reunión del Jury, hace 15 meses.
Lizán, la magistrada que activa el Jury
Es cierto que el Jury se reúne cuando hay asuntos por tratar, y no las hubo salvo el caso de Sarcinella. El presidente de la Corte, Dalmiro Garay envió un oficio a fines de mayo para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, María Elizabeth Lizán.
El pedido surge luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de la magistrada, que la Corte ordenó investigar. El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte, según consta en el oficio presentado, habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
La denuncia que ingresó por Secretaría Legal y Técnica “fue realizada por quienes trabajan en el Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras y derivó en una orden de instrucción que partió de la propia Corte. Como resultado, se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán como Jueza de ese tribunal.
“Entre las más graves se destaca ‘el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token “es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
Hay un testimonio fuerte, que consta en el expediente. “Ella dejaba el token en el juzgado para las firmas que fueran necesarias. En algunos casos puedo estar seguro que no revisaba lo que se firmaba. Sé que en las medidas inmediatas no las ha leído porque las firmábamos nosotros, dada la urgencia. Delegaba la tarea de utilizar el token ya que al principio le costó mucho la adaptación al sistema informático; entregaba su token a quien lo necesitara, era de uso público”, contó uno de los empleados del tribunal.
En efecto, esta circunstancia develó además que Lizán “no asistió a las capacitaciones brindadas por el Poder Judicial para utilizar el sistema de expediente electrónico”, remarcan desde el Poder Judicial. No obstante, el tema no terminaba en el token, sino que de acuerdo a lo declarado por otros empleados del tribunal “Lizán también pedía que le falsificaran la firma ológrafa, para que aquellos firmaran en su lugar”.
De esta manera, el pedido de intervención al Jury de Enjuiciamiento, concluye que “la magistrada denunciada ha dejado de cumplir obligaciones expresas emanadas de la normativa que le es aplicable y ha incurrido en una falta de vigilancia reiterada y grave del movimiento del Tribunal a su cargo”.
“Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”, dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado. Se apunta al “desorden de conducta”, que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento.
La renuncia para evitar el Jury
Días después de que ingresara el oficio de Garay, María Elizabeth Lizán presentó la renuncia al cargo. Desde junio espera por la decisión del gobernador Rodolfo Suárez, quien debe aceptarla o rechazarla.
Hay una tradición que viene desde la era de Alfredo Cornejo que es no aceptar renuncias de funcionarios que tienen pedido de Jury de Enjuiciamiento, hasta tanto el organismo no investigue y luego, se expida. Lizán correrá esa suerte pero debe ser el presidente de la Corte, Dalmiro Garay quien convoque a los miembros.
El resultado final del proceso tiene dos posibilidades: un fallo condenatorio que puede consistir en una suspensión temporal de hasta 180 días con reducción salarial, o bien la destitución en el cual perdería la posibilidad de jubilarse con el 82% móvil. El otro, y el mejor escenario para Lizán sería un fallo absolutorio, en cuyo caso el acusado quedará restablecido en la posesión de su cargo.
Varios pedidos de Jury para Lizán
María Elizabeth Lizán ya tiene experiencia en enfrentar una denuncia de este tipo. El caso más resonante data del 2012 cuando el Jury de Enjuiciamiento la suspendió durante 44 meses por un escándalo de adopciones en Tunuyán. Luego volvió a su cargo.
Desde el 2016 hasta ahora, recayeron dos pedidos más en 2017. Uno data del 20 de abril y fue denunciada por Elizabeth Pandolfino por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por el organismo. No se inició la investigación.
El segundo caso fue el mismo año, pero el 9 de noviembre. La denunciante, de apellido Calandria, también la acusó por “mal desempeño”. El resultado fue “emplazamiento para cumplimentar requisitos formales”. Este sería el tercer procedimiento que enfrenta en 5 años.
