Janina Ortiz, suspendida diputada de La Unión Mendocina (LUM), fue finalmente imputada este miércoles por la Justicia en el Polo Judicial por “coacciones agravadas”, luego de conocerse un fallo en su contra de la Suprema Corte de Justicia y que allanó el camino a la Fiscalía.
La exfuncionaria de Las Heras está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart (imputado en la otra causa); y luego la obligó a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma, según se sostiene en el expediente judicial.
Janina Ortiz quien declaró este miércoles en la causa, aseguró que toda la investigación y el expediente está enmarcado en una red de “inconsistencias, mentiras y contradicciones en las mismas denuncias” por las cuales fue imputada.
Asimismo, dijo que “en las mismas desgrabaciones que el Ministerio Público Fiscal le hizo al teléfono de una de las denunciantes, consta que esta fue una causa armada, política y a costa de mentiras”.
Y remarcó: “Jamás hubo amenazas mías para que se acostaran con ningún funcionario y menos que iba a perder el trabajo. Ahora espero, confío en Dios, que ahora que la imputación es formal y como lo solicité el Ministerio Público Fiscal, que se tomen las pruebas y testigos que aporté; más otros que solicitamos y que no se le dieron cumplimiento”.
“Soy inocente de todo lo que se me ha acusado en la causa”, insistió.
Dilaciones
Las investigaciones sobre este caso y otros por presuntos actos de corrupción en Las Heras tienen más de un año, y si bien varios exfuncionarios y hasta el propio exintendente, Daniel Orozco (esposo de Ortiz), están imputados, la Justicia no lo había podido hacer con ella, debido a diversas presentaciones judiciales que hizo su abogada, María Elena Quintero.
Lo que allanó el camino fue un fallo de Sala, conformada por los ministros Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, en la que se rechazó de manera unánime una presentación de un recurso extraordinario federal, con la que la abogada buscaba la participación de la Corte Suprema Nacional en contra la resolución dictada por la propia Suprema Corte el pasado 8 de abril.
En aquel fallo, se rechazaron dos planteos, que eran por un lado un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad contra las resoluciones en contra de Ortiz del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento (magistrado que conformó el Tribunal Penal Colegiado 2).
La defensa
La abogada de Ortiz sostuvo que “era una situación esperable” la imputación, y expresó que una vez que se deniega el recurso extraordinario por parte de la Corte, queda la “instancia de la queja”, ante el máximo tribunal nacional.
Quintero insistió en que su defendida “siempre estuvo sometida a proceso”, ya que “se presentaron pruebas que no fueron tenidas en cuenta por el Ministerio Público y ahora se ha pedido que tras la imputación formal, se realicen todas las medidas probatorias que están pendientes de producir”
La letrada defendió todo el proceso realizado ante la Justicia y sostuvo que no hubo “dilación”, sino que se detectaron “irregularidades groseras” por parte del Ministerio Público Fiscal, que motivaron sus presentaciones.
Para Quintero, ha habido una “notable” dilación respecto a toda la investigación, y particularmente respecto a las medidas que han presentado para peritar.
“Deben producir pruebas como pericias a la denunciante, citación a diversos testigos que surgen de la causa y también a Soledad Guzmán”, agregó la letrada, respecto a la joven que denunció que Ortiz supuestamente la había obligado a grabar a Oyhenart, y luego pedirle dichas grabaciones “con un 38 sobre la mesa”.
La reacción de Cornejo
Quien habló sobre este tema al respecto fue el gobernador Alfredo Cornejo, quien ha sido uno de los apuntados por Ortiz de supuestamente estar detrás de una “causa política”.
El mandatario consideró que “siempre es bueno que funcione la Justicia”, y si bien sostuvo que una imputación “no significa una culpabilidad”, cruzó a Ortiz, al sostener que “paradójicamente se ha negado a ser imputada”.
“Si es imputada puede defenderse, si tiene pruebas, seguramente puede demostrar su inocencia”, razonó.
Al margen de esto, opinó que la Justicia “ha tardado muchísimo” en llegar a este paso con este caso de coacciones agravadas. Y amplió: “No hay muchas causas que hayan recorrido tantas apelaciones como esa”.
“Esperamos que la Justicia resuelva sobre eso y resuelva bien, por el beneficio particularmente de la Administración Municipal de Las Heras y por la gente, la ciudadanía de Las Heras”, cerró.
