Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara que el diputado Gerardo Milman (involucrado en la causa del atentado) continúe en su banca, el Frente de Todos presentó un pedido de expulsión del legislador por “inhabilidad moral”, mientras que el PRO salió en su defensa.
Milman está en la mira desde que un testigo lo acusó de haber dicho “cuando la maten (a Cristina), yo estoy camino a la Costa”. El diputado presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti y negó haber pronunciado esa frase, que le atribuyó un asesor parlamentario.
También están involucradas las secretarias de Milman, Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes habrían estado en el bar Casablanca junto al diputado cuando hizo mención del intento de magnicidio, que se produjo dos días después.
Por ese y otros hechos, cinco diputadas del bloque oficialista presentaron un proyecto para expulsar a Milman. El texto lleva las firmas de Mara Brawer (CABA), Carolina Moisés (Jujuy), Hilda Aguirre (La Rioja), Mónica Macha (Buenos Aires) y Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego).
Sin embargo, la iniciativa opera más como un gesto de presión política que como una amenaza real, ya que ya que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso porque la Constitución Nacional exige una mayoría de dos tercios de los votos para echar a un legislador.
“Sabemos que no tenemos los números, ni siquiera tenemos quórum propio. Habrá que recurrir a la voluntad política de otros bloques, incluido el del propio Milman. Pero sirve como llamado de atención para no dejar pasar este tipo de actitudes”, fundamentó la fueguina Yutrovic, una de las firmantes del proyecto.
De hecho, el único antecedente de expulsión desde 1983 es el del exdiputado catamarqueño del PJ Ángel Luque, padre de Guillermo, uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990. Se lo apartó de la Cámara por haber dicho, en un reportaje, que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el asesino.
“Inhabilidad moral”
Las diputadas que promueven la expulsión por “inhabilidad moral” advierten que “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio está lejos de ser esclarecido” y, por el contrario, “se encamina hacia la impunidad”.
Además, a lo largo de cuatro páginas de fundamentos, mencionan varias conductas sospechosas, como la contratación de las hermanas Gómez Mónaco en áreas de Inteligencia sin experiencia alguna, cuando Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich.
También se habla de irregularidades en facturaciones, contrataciones de agentes de Inteligencia y contratos de alquiler. “Los hechos relatados (…) sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este Cuerpo lo degrada y lo devalúa”, concluyen las diputadas.
El pedido fue presentado luego de que Cristina, en su última aparición pública, cuestionara la falta de sanciones sobre Milman, al comparar su situación con la de un exdiputado (el peronista salteño Juan Ameri) que fue suspendido por haber tenido una conducta indecorosa con su pareja en plena sesión (finalmente el diputado presentó la renuncia).
Cristina también puso como ejemplo el desafuero del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. “El arquitecto De Vido fue desaforado y dos años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho”, comparó la vicepresidenta en el acto en la localidad bonaerense de Avellaneda.
Defensa del PRO
El bloque de diputados del PRO, que encabeza Cristian Ritondo, emitió un comunicado en defensa de Milman y denunció que “el kirchnerismo está montando un show electoralista y dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia”.
“Cuando algún integrante de la oposición que componemos sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa”, plantearon los legisladores.
A su vez, señalaron que el oficialismo intenta “equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual vicepresidenta”.
Causa del atentado
La Cámara Federal porteña, con el voto favorable de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, le encomendó a la jueza Capuchetti que amplíe la indagatoria de Nicolás Carrizo, líder del grupo de los vendedores de copos de nieve, por el hallazgo de mensajes comprometedores en su celular.
La decisión respondió a un planteo de los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti y luego fue apelado.
