La Justicia sigue adelante a nivel nacional con la megainvestigación contra la asociación Tupac Amaru, que tiene a su líder, Milagro Sala, condenada por la Justicia jujeña, y de la cual han aparecido nuevas declaraciones de arrepentidos, que podrían acorralar aún más a la dirigente social kirchnerista.
En Mendoza no hay todavía un juicio en el horizonte, cuando se está cursando el sexto año de investigación contra Nélida Rojas, la referente de la organización a nivel local. Ella junto a su familia y referentes cercanos, siguen en la mira de lo que corresponde a una serie de causas por asociación ílicita, estafas, administración fraudulenta e incluso extorsiones, acusados de estafar a familias mendocinas con la promesa de casas con fondos nacionales que administraba la Tupac, a cambio de dinero y participación política.
No obstante, en los últimos días se han motorizado tres causas por usurpaciones y amenazas, donde no está imputada Rojas, pero sí su pareja y su cuñado, según confirmaron a Los Andes desde la Justicia, en las cuales la fiscalía pidió elevación a juicio y se realizaron audiencias de oposición. También adelantaron que en los próximos días “habrá mayores novedades” en torno a otras causas, pero no dieron más detalles.
Avances y retrocesos
La investigación local ha tenido varias idas y vueltas en todo el desarrollo, con cambios de fiscales y movimientos en cómo encausar las denuncias que llegaron a fines del 2016. De lo que comenzó como una gran imputación por la mencionada asociación ilícita, impulsada por la fiscal Gabriela Chaves, hace ya un tiempo se ha redirigido la estrategia de la fiscalía hacia las estafas en primer lugar, así como también otras por amenazas y usurpaciones, sobre todo cuando tomó el caso el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore.
En contraposición, desde la defensa de Rojas y su familia, el abogado Alfredo Guevara ha señalado, y lo hizo esta semana nuevamente, que este es un caso de “lawfare cuyano”, y que semana a semana “se va cayendo la causa, porque no hay ningún delito”.
Al margen de estas posiciones y los movimientos que ha hecho la fiscalía, aún no hay fecha cierta por el momento en la cual se pueda llegar a algún tipo de juicio. “Hay infinidades de recursos que puede presentar la defensa”, acotaron.
Centenar de expedientes
Desde el Poder Judicial aseguraron a Los Andes que esa investigación por asociación ilícita “sigue abierta”, pero lo cierto es que D’Amore se ha centrado en potenciar las causas por supuestos delitos de estafas, de los cuales afirman que hay “más de 90 expedientes” en carpeta.
En la Fiscalía indicaron que hay una veintena de causas, la mayoría por estafas y también algunas por usurpación y amenazas, que están en procesos de audiencias de oposición a juicio, que se han estado desarrollando esta semana y también hay previstas para los próximos días.
No obstante, el avance más importante, de hecho, y que ha servido según los investigadores para “potenciar” la investigación, es el juicio abreviado que se realizó en mayo del año pasado, en el cual Lourdes Oviedo, calificada por la fiscalía como una persona de confianza de Rojas, admitió las estafas, lo que le valió una pena de 1 año y 3 meses de prisión en suspenso. La mujer fue condenada en 12 causas por estafas.
Con respecto a los expedientes, son “estafas particulares, usurpaciones y amenazas”, pero aclararon que siguen investigando el delito de fraude al Estado, en el cual D’Amore ha decidido unificar el expediente, que anteriormente estaba dividido por municipios.
“Las estafas se dieron porque el programa indicaba que había que pagar a quienes construían las casas. Pero eso no ocurría, ya que los mismos que construían eran los futuros beneficiarios, quienes además debían participar en las movilizaciones y participar activamente de la organización. Además, a muchos se las sacaron”, expresaron fuentes judiciales a este medio.
También indicaron que varias de ese centenar de denuncias fueron prescriptas, teniendo en cuenta que el auge de la Tupac Amaru comenzó en 2006, hace más de 15 años. “Hemos limpiado desde la fiscalía este tipo de causas. Incluso varias de las que comenzaron con Chaves, ya estaban en proceso de prescripción”, relataron.
De esta manera, con respecto a la “estrategia procesal”, expresaron que seguirán en el camino de probar las estafas, mientras en paralelo se sigue recolectando información sobre el resto de los delitos que involucran a Rojas y su familia.
Con respecto a la “oleada” de arrepentidos que la fiscalía había sostenido el año pasado que se daría de acuerdo a la declaración de Oviedo, comentaron que sí hubo varias declaraciones, pero “no fueron tomados como arrepentidos porque no tenían participación en los hechos”, por lo que el fiscal pidió el sobreseimiento.
“Oviedo sabía lo que hacía y participó del delito. Lo admitió. En cambio, al resto no se les dio calidad de arrepentidos porque no tenían participación de los hechos. Éstos fueron engañadas; eran delegados en su mayoría, y además de trabajar gratis, repartían boletas, pagaban la cuota social e iban a marchas... todo por una casa”, acotaron.
Por otro lado, destacaron que en las causas por asociación ilícita, administración fraudulenta y las de estafas, rondan los 15 imputados, que van “repitiéndose” en cada uno de los expedientes.
El “lawfare cuyano”
Por el lado de la defensa, Guevara, como viene sosteniendo a Los Andes, afirmó que la causa “se va cayendo lentamente”, y no sólo habló de las prescripciones de causas por estafas que han ocurrido en los últimos meses, sino también de “9 causas de extinción de dominio” que habían comenzado en el ámbito civil contra Rojas y su familia.
“Tanto el decreto de (Mauricio) Macri, como la ley de Mendoza condicionan este tipo de acciones a la existencia de funcionarios públicos imputados. Cuando la fiscalía pidió el sobreseimiento de (Roberto) Righi y el resto de dirigentes, fue un efecto cascada”, señaló Guevara, quien agregó que “todo es escandaloso desde el punto de vista procesal”.
Según Guevara, también está caída la causa por fraude al Estado, al expresar que “se reconoce el sobreseimiento de los funcionarios pero con los miembros de la Tupac era distinto. Hay un limbo, dieron instrucciones a D’Amore para que reformule la acusación”, agregó.
También señaló que la causa por asociación ilícita “está frenada” y que pronto saldrá el sobreseimiento. No obstante, aclaró que irán “por la nulidad”.
En tanto, sobre las estafas, indicó que “prescribieron cerca de 20, pero están cayendo más”, y auguró que seguirá así “porque no hay elevaciones a juicio, todo sigue en etapa de investigación”.
Para Guevara, el problema en sí es que la defensa -por él – sostiene que no hay delito y que “no se discute nada fáctico, sino distintas miradas desde el punto de vista jurídico respecto de los hechos, pero no del hecho en sí”.
“Efectivamente la gente tenía que realizar algún tipo de actividades, pero lo sabían ¿Es o no un delito? Para que haya estafa tiene que haber engaño”, expresó el letrado. No obstante, añadió que “mientras todo esto se dilata, mis defendidos siguen sometidos a proceso penal con un plazo que excede de toda razonabilidad. La persecusión contra la Tupac permanece”.
Y siguió: “Dicen que la Tupac no decía a la gente que el programa de viviendas federal no exigía ser miembro, y que ahí radica el engaño. Nosotros decimos que si bien el programa no lo preveía, la organización tenía injerencia en el programa. No estaban mintiendo. Se construyeron mil casas. No se terminaron porque luego los detuvieron”, señaló.
Sobre este punto, la fiscalía sostiene que se utilizaron materiales de menor calidad a la exigida, y expresaron que también “dejaron a miles de familias sin viviendas”. Agregan que finalmente los municipios, el gobierno local y nacional concluyeron las obras de las casas.
Finalmente, Guevara aseguró que “desde el punto de vista penal son causas de poca monta. Hay un manto de duda y poca solidez de la acusación. Es lawfare cuyano. Lo inflaron y lo armaron”, terminó.
CRONOLOGÍA
Fines de 2016: lluvia de denuncias de ex miembros de la Tupac Amaru
Abril de 2017: imputación y detención de Rojas y parte de su familia
Marzo de 2018: un fallo de la Octava Cámara libera a todos los imputados
Diciembre de 2018: la Corte anuló la resolución de la Octava Cámara
Abril de 2019: imputan al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y el ex presidente del IPV, Omar Parisi.
Noviembre de 2019: el procurador suma tres fiscales a la causa. Luego, queda solamente Flavio D’Amore.
Julio de 2020: se jubila el juez que tenía la causa, Marcos Pereira.
Abril de 2021: se pide el sobreseimiento de Righi y Parisi.
Mayo de 2021: primera condena a una integrante de la Tupac Amaru en un juicio abreviado.
