Luego de 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que había aplicado sobre Mendoza por el estado de las cárceles Almafuerte y San Felipe y por posibles violaciones a los derechos humanos, lo que supone una buena noticia a nivel nacional y por supuesto para el Gobierno provincial, que debió trabajar y realizar reformas estructurales en el sistema carcelario mendocino.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, participaron en Estados Unidos de una audiencia de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se puso este tema sobre relieve, teniendo en cuenta que la audiencia fue programada de oficio por el organismo internacional para tratar los avances sobre las medidas cautelares aplicadas a las cárceles mendocinas Almafuerte y San Felipe en 2014, por violaciones a los derechos humanos de los internos en diversas presentaciones de abogados ante la CIDH.
Durante esta reunión, en la que también estuvieron presentes Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Javier Salgado, representante de Cancillería, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el abogado Carlos Varela Álvarez (quien en 2014 impulsó las medidas cautelares), en el que ambas partes solicitaron el levantamiento.
Según consta en el documento de Varela Álvarez, las presentaciones que hacían referencia a un estado deplorable de los complejos penitenciarios mendocinos, particularmente Almafuerte y San Felipe, con constantes violaciones a los derechos humanos de decenas de internos, ha cambiado a la fecha.
Entre los fundamentos que mencionó el abogado en su documento, se destacan los siguientes:
- 1. Ha disminuido la violencia carcelaria e institucional.
- 2. Ha mejorado sensiblemente la calidad y capacitación del servicio penitenciario, en el sentido de asumir un profesionalismo, mucho debido a la labor de su Director Eduardo Orellana, el que también supo entender los tiempos de cambio.
- 3. Ha habido notable crecimiento de estructuras nuevas y modernas en materia de prisiones como Almafuerte II y Estrada.
- 4. Ha habido inversión en la Dirección Penitenciaria de Mendoza
- 5. La mayoría de los puntos de la medida cautelar han sido cumplidos al menos parcialmente.
- 6. Se ha adoptado un sistema procesal pena adversarial y más ágil.
- 7. Se ha logrado separar a los jóvenes adultos en la más moderna de las instituciones.
- 8. A pesar de lo que se preveía en la pandemia por el COVID 19, su población penitenciaria pudo mantenerse con todas las dificultades que se produjeron.
- 9. No resulta posible mantener una medida cautelar por más de diez años. No se ha agravado la situación, por el contrario, creo sinceramente que se está mejor y Mendoza puede salir de esta medida con acciones que permitan un mejor disfrute de derechos pero también con mayor eficiencia y control entre las instituciones.
“Esencialmente las condiciones de urgencia y gravedad, extremos que son esenciales para la adopción de Medidas Cautelares en este caso sobre los penales de Mendoza, no las encuentro hoy acreditadas como para mantener su vigencia, pero ello no quiere decir que ambos penales no necesitan mejoras en sus condiciones de alojamiento o distintos servicios y por ello recomiendo a la CIDH diversas medidas y programas que considero útil para su verificación del levantamiento de las medidas”, agregó.
Conformidad del Gobierno
En diálogo con Los Andes, Rus señaló que se trata de un “gran logro haber podido presentar al comisionado de la CIDH este acuerdo y una exposición integral sobre la situación de Mendoza en materia penitenciaria” y defendió la gestión, al sostener que el servicio penitenciario mendocino “es el mas grande de todo el oeste argentino y referente nacional”.
“Esto es sumamente importante si queremos ser efectivos en materia de seguridad, no puede haber producción de seguridad sin un sistema penitenciario legitimo que contenga detenciones”, dijo, y remarcó que en promedio por día la policía aprehende 15 personas por hora. “No todo se judicializa, pero debe haber un sistema en regla que acompañe ese nivel”, sostuvo.
En tanto, D’Agostino señaló que el Acta Acuerdo que se presentó ante la CIDH “demuestra que la situación fáctica ha cambiado y se han cumplido las recomendaciones por parte del Gobierno provincial en estos últimos 8 años de gestión”.
“La situación en la que se recibieron los penales provinciales es hoy es infinitamente superior. Esto demuestra una verdadera política pública en materia de Servicio Penitenciario que ha sido reconocida y reflejada por nuestra parte ante la CIDH en esta reunión de trabajo y en la firma de este acuerdo”, sostuvo.
Es importante tener en cuenta que si las cautelares de la CIDH se extendían, podrían haber derivado en una judicialización total del procedimiento internacional, lo que hubiese generado a la Provincia estar bajo la lupa en términos de violaciones a los derechos humanos.
Además, la provincia, así como también el país, se exponían a posibles sanciones económicas y el riesgo de obtener informes incluso condenatorios de la CIDH.
Para el Gobierno, el alivio reside además en poder establecer una agenda de seguridad más fuerte, teniendo en cuenta que si para la CIDH los establecimientos no estaban en condiciones para alojar la cantidad de internos que hoy tiene, “habría generado consecuencias negativas en los propios jueces mendocinos a la hora de decidir si un detenido transita el proceso de investigación fuera o dentro de la cárcel. La Justicia iba a ser más flexible, y eso habría sido un problema para el trabajo en seguridad”, mencionaron.
“No hay sistema de seguridad eficiente si no hay cárceles que contengan”, acotaron.
Reformas carcelarias
Las transformaciones en el sistema carcelario incluyeron la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, con el que se pudo reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad.
“El acuerdo cierra un círculo, de recibir un Servicio Penitenciario sancionado internacionalmente a uno referente nacional como en el que se ha transformado”, afirmaron la ministra y el subsecretario.
La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
A futuro
Varela Álvarez mencionó algunos puntos que deberían tenerse en cuenta en el corto plazo:
- 1. Aprovisionamiento de ropa de cama, colchón y elementos de higiene para toda la población carcelaria de manera mensual y regular.
- 2. Aprovisionamiento de los artículos de seguridad de cada pabellón y módulo.
- 3. Remisión de la historia clínica del interno al juez o fiscal del interno.
- 4. Garantizar efectivamente el acceso a la salud de todas las personas detenidas.
- 5. Alerta temprana para las personas con adicciones o con síntomas de suicidios.
- 6. Colocación de celulares a cargo y regulados por el servicio penitenciario para que los internos tengan comunicación con su defensa, juzgado y familia. U otro método similar que permita el derecho a la información y comunicación libre y gratuita.
- 7. Cese de los encierros prolongados para las personas aisladas o refugiadas en ambas cárceles.
- 8. Remisión urgente al Procurador Penitenciario, a la Suprema Corte de Justicia y Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza de toda la información presentada en esta Medida Cautelar a los fines que visiten las unidades carcelarias y remitan información detallada de la problemática encontrada y las acciones realizadas.
