El gobernador Rodolfo Suárez adelantó este miércoles que presentarán en breve a la Legislatura los nombres de 23 profesionales de la Salud, para que sean exceptuados por la recientemente constitucional ley de Tope de Sueldos, que impide que algún trabajador estatal, salvo casos contemplados por la ley o por excepciones votada por los legisladores, puedan cobrar más que lo que percibe el Gobernador.
Fue en una conferencia de prensa en Lavalle, cuando Suárez habló sobre la migración de profesionales de la Salud del sector estatal, por lo que puso en énfasis el tema del topeo de sueldos, sobre el cual comentó que “lo que menos necesitamos es que se vayan, por eso vamos a excepcionar cerca de 23 profesionales del Hospital Notti, del Lagomaggiore y del Hospital Central del topeo salarial”.
Además agregó que son “grandes profesionales que atienden distintas especialidades, y que están recibiendo importantes ofertas del exterior en dólares, pero hay que evitar que se vayan”.
De esta manera, se espera que en los próximos días estos nombres sean tratados en la Legislatura Provincial, que es la que debe avalar ese cobro de salario por encima de lo que recibe mensualmente el mandatario.
Como ya se ha mencionado en varias oportunidades, el único nombre que ha sido exceptuado de tener un tope de sueldo es el director del Registro Provincial de Huellas Genéticas, Miguel Marino.
Los Andes intentó conocer quiénes son los 23 nombres que mencionó Suárez, pero el Gobierno sostuvo que aún no los tienen en claro.
Recordemos que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se mostró en contra de la constitucionalidad de la ley y abrió varios frentes judiciales para frenar el tope de sueldos, debido a que entienden que no debe ser una elección “a dedo” del Gobernador la que dispona de mayores aumentos a los médicos, sino que “debe estar contemplado de forma automática en la ley a través de paritarias”.
Carlos Alico, abogado de Ampros, mencionó a Los Andes en la edición del 16 de mayo que hay 4 grandes medidas que se han tomado por parte del gremio en base a la ley de tope de sueldos.
La primera es un recurso extraordinario federal para que la Corte Nacional revise el fallo de la Suprema Corte.
Por otro lado, también se solicitó a la misma Sala 1 que resolvió el fallo, compuesta por José Valerio, Julio Gómez y Pedro Llorente, que “mantenga la medida cautelar hasta que la Corte de la Nación revise este fallo”.
En tanto, hay otros dos frentes abiertos a los ya planteados, por parte de Ampros. Uno de ellos es una Acción Declarativa de Certeza que fue aceptada por la Corte local y que “se resolverá en plenario” (con los 7 ministros), en la que marcan que, desde el 2021, los acuerdos paritarios de Ampros con el Gobierno “tienen una cláusula específica con la que dejan sin efecto acuerdos o normas anteriores que tengan criterios contrarios a los firmados”.
La otra medida judicial es otra Acción Declarativa de Certeza, que también fue aceptada por la Corte el 8 de mayo y que resolverá en plenario, y que compromete, según Alico, a 23 terapistas. Según el abogado, los profesionales “firmaron acuerdos con el Gobierno y tienen bloqueo de título, pero la condición estaba dada sin el topeo de sus sueldos”.
Los exceptuados de la ley
Según un relevamiento realizado por Los Andes, hay por lo menos 532 trabajadores en todo el ámbito del Estado provincial que perciben salarios por sobre el del gobernador Rodolfo Suárez, quien cobra $677.000 mensuales de bolsillo (salario de abril, según informó el Gobierno).
No obstante, la gran mayoría de ellos están dentro de las propias excepciones que marca la controversial ley 8727, que fue presentada en 2014 por el entonces gobernador Francisco Pérez, y que luego de aprobada en la Legislatura, fue judicializada luego por varios sindicatos, entre ellos la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).
La ley, declarada constitucional esta semana tras el fallo unánime de la Sala 1 de la Corte, compuesta por Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio, establece excepciones en su artículo 3. Estos son los “Magistrados (Arts. 150 y 174 de la Constitución de Mendoza), Fiscal de Estado (Art. 177), Asesor de Gobierno (Art. 178), Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas (Art. 184), Contador y Tesorero de la Provincia (Art. 138)”.
En tanto, el artículo 4 marca que el Poder Ejecutivo “podrá disponer la excepción a la presente Ley para casos específicos” y que adquirirían vigencia una vez sean ratificadas por la Legislatura.
LOS 532 SUELDOS POR ENCIMA DEL GOBERNADOR
Según sostuvo en su momento el Gobierno a Los Andes, hay 24 trabajadores que se desempeñan todos en el ámbito del ministerio de Salud que cobran más que Suárez, y se componen principalmente de médicos y jefes de áreas de los hospitales provinciales.
En el Poder Ejecutivo manifestaron que si bien esta semana la ministra de Salud, Ana Nadal, sostuvo que eran “alrededor de 130 profesionales″ los que cobran más que el Gobernador, una vez que hicieron “números finos”, son “solo 24″.
No obstante, en el Poder Judicial informaron que los profesionales de la Salud que estaban cautelados hasta la fecha eran 75, por lo que este número es distinto al suministrado por el Poder Ejecutivo.
En tanto, desde Ampros, la secretaria general, Claudia Iturbe, dijo también a este medio un número diferente, que en la cautelar son “alrededor de 100″ y que los terapistas son 29. De esta manera, se podría alterar el número de estatales que perciben un sueldo mayor a Suárez.
Por otro lado, desde el Poder Judicial informaron que quienes están cobrando a la fecha más que el Gobernador son 499 trabajadores, entre los cuales se encuentra el mencionado Marino.
No obstante, agregaron que todos éstos están dentro del artículo 3 de la ley, ya que son magistrados, que agrupa no sólo a los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia (cuyos salarios superan el millón y medio de pesos de bolsillo en algunos casos), sino también a todos los jueces, fiscales de todas las unidades y también los defensores oficiales.
Se agregan también el Procurador de la Corte (Alejandro Gullé), la Defensora General (Cecilia Saint-André), los relatores, secretarios de Corte y los abogados auxiliares de la Procuración, según informaron desde el Poder Judicial.
Bajo un régimen atado a los magistrados provinciales se encuentran los salarios del Fiscal de Estado (Fernando Simón), el Asesor de Gobierno (Ricardo Canet), más el Presidente (Néstor Parés) y los vocales del Tribunal de Cuentas de Mendoza (Mario Angelini, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano y Liliana Muñoz de Lázzaro).
En tanto, en el Gobierno marcaron que los cargos de Contaduría General (Paula Allasino) más el de la Tesorería General de la Provincia (Mauro Lucchetti) también están fuera de la escala del tope de sueldos
