Una tendencia que va en aumento entre los municipios mendocinos es la creación de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (Sapem). Se trata de una herramienta que ya han puesto en práctica tres comunas mendocinas, mientras que otras han hecho avances para su implementación. Sus impulsores eñalan que es una iniciativa que ágilmente permite resolver problemas locales y brindar servicios que el sector privado no llega a cubrir.
Son empresas creadas desde cero en las cuales la municipalidad tiene al menos el 51% de las acciones y existe la posibilidad de que privados se conviertan en socios aportando capital. Pese a esa injerencia mayoritaria, están fuera de la órbita de la administración pública, se rigen por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y están sometidas a la fiscalización de la Dirección de Personas Jurídicas. En tanto, el Tribunal de Cuentas ejerce un control solo sobre el dinero que aporta la comuna, el cual se destina a través de la autorización del Concejo Deliberante y figura en el presupuesto municipal.
Mediante esta figura jurídica, los gobiernos departamentales pueden encarar emprendimientos que no están enmarcados entre los servicios o funciones tradicionales de sus jurisdicciones. A su vez, las personas contratadas por estas entidades no son empleados públicos, ya que la relación laboral está regulada por la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo.
Desde las comunas hacen hincapié en este punto ya que dicen que contribuye a que no haya un aumento del gasto público por un incremento en la planta de personal municipal. En este sentido, los sueldos salen de los fondos con los que cuenta la empresa y los ingresos que percibe por brindar los servicios específicos.
Otro elemento a tener en cuenta es que sus trabajadores no gozan de la estabilidad de los estatales. Esto significa que a la hora de desafectar a un empleado no es necesario iniciar un sumario para determinar la cesantía o exoneración del agente, tal y como establece el estatuto para personas que prestan servicios en municipalidades, sino que el procedimiento es el mismo que en el ámbito privado. De hecho, el personal no está afiliado a gremios estatales. Por ejemplo, los de la Sapem de Lavalle pertenecen al sindicato de televisión, Satsaid.
Esta particularidad no es un hecho menor, ya que semanas atrás un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) reveló que la planta de personal municipal en la provincia creció un 14% en la última década y en algunas comunas el incremento fue de alrededor del 80%. Incluso, la suba fue mayor al crecimiento de la población en el mismo periodo, que fue de un 10,7%, y a la inversa del empleo privado registrado, que sufrió una caída del 5% en ese periodo.
A nivel provincial existe la experiencia de Aguas Mendocinas (Aysam), que es una Sapem cuyo director es designado por el gobierno de turno. A su vez, en 2013, la comuna de San Carlos constituyó una empresa de este tipo con el objeto comercial de vender agua mineral y reinvertir en redes de agua potable y brindar también un servicio de transporte entre distritos. Por su parte, en los últimos años, Lavalle y Rivadavia impulsaron sociedades bajo esta modalidad para proveer internet a los vecinos de sus departamentos.
Días atrás, se publicó en el Boletín Oficial una ordenanza del Concejo Deliberante de Maipú, aprobada a finales del 2020, que autorizaba a la Municipalidad a constituir una Sapem llamada Proyectos Maipú que tendrá por objeto la prestación de servicios y venta de bienes “vinculados con la promoción del bienestar general de los vecinos”. Al mismo tiempo, se autorizó un aporte de capital social de $100 millones.
Entre los fundamentos de la iniciativa se aclara que “es necesario tener un instrumento que se ocupe de la generación de inversiones donde la mayoría de los privados no llegan, o tardan mucho en llegar” y resaltan que la finalidad es “crear inversiones para los maipucinos en sinergia con el progreso y la inclusión social”.
Desde la comuna gobernada por Matías Stevanato advirtieron que todavía no hay ningún proyecto en marcha y que el intendente está dialogando con empresarios y distintos sectores económicos para adecuar los potenciales servicios a la realidad local. De todas maneras, en un principio se proponen abordar cuestiones como soluciones habitacionales, acceso a internet, generación de empleo genuino e industrias agropecuarias.
La Paz es otra comuna que inició gestiones para implementar esta modalidad, pero a través de un programa específico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). A fines de 2020, el intendente Fernando Ubieta se reunió con las autoridades del organismo para interiorizarse sobre los alcances y requisitos del “Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas”, que a través de un fondo fiduciario permitiría apoyar la creación de una Sapem en el departamento del Este.
Asimismo, la Municipalidad de General Alvear trabaja en un proyecto para crear una Sapem destinada a producir, industrializar y comercializar el cannabis medicinal de acuerdo a la legislación provincial.
Agua y transporte: la experiencia de San Carlos
La comuna de San Carlos fue una de las precursoras en la última década al apostar a conformar una Sapem. A través de esa figura jurídica, creó la firma San Carlos Borromeo SA, que se encargó de comercializar agua mineral natural de manantial con la marca “San Carlos Agua Pura” y también incursionó en el servicio de transporte público para zonas rurales, donde no llegan los micros de línea.
El contador Claudio Laciar fue el director de la empresa que funcionó durante la gestión de Jorge Difonso hasta diciembre de 2019. En diálogo con Los Andes, Laciar resaltó que “es una herramienta fantástica”. “La utilidad que tiene es desarrollar tareas que la municipalidad de por sí no puede desarrollar y hacer actividades con un fin social en el departamento”, remarcó.
Afirmó que la creación de “San Carlos Agua Pura” les permitió dotar de agua mineral a todo el departamento y competir localmente de igual a igual con otras firmas reconocidas a nivel nacional.
Asimismo, explicó que fue muy importante la tarea que desarrollaron con el transporte rural. “En San Carlos las distancias son grandes entre los distritos y no hay comunicación de transporte público. Creamos un sistema de transporte rural que comunicaba a todos los distritos por la parte periférica, donde ni siquiera iban taxis o remises”, indicó.
Internet para Rivadavia y Lavalle
Durante 2019, las comunas de Rivadavia y Lavalle pusieron en marcha cada uno una Sapem para brindar servicio de internet en los departamentos.
En el caso del municipio del Este se constituyó la empresa “CREA-Servicios Tecnológicos”, de la cual el 65% del capital accionario es de la municipalidad y el 35% de la Cooperativa Eléctrica Popular de Rivadavia.
Hernán Amat, secretario de Gobierno de Rivadavia, comentó a Los Andes que “actualmente lo que hace es brindar servicio de internet a la ciudadanía” y sostuvo que apostar a esta figura jurídica “ha sido una experiencia muy beneficiosa”.
Señaló que la fusión con la cooperativa eléctrica se hizo para aprovechar la infraestructura en común y para que “no hubiera competencia entre dos instituciones que brindan un servicio público”. Advirtió que se está extendiendo el servicio desde el área urbana hacia los distritos a través de 120 kilómetros de red de fibra óptica y con los aportes provenientes de ambos socios pero también con recursos propios de la compañía.
“La idea es que sea autosustentable y que se financie por recursos propios”, subrayó el funcionario y añadió que el objetivo a futuro es que la empresa brinde otros servicios como desarrollo de software.
En el caso de Lavalle, Gerardo Vaquer, director municipal de Asuntos Estratégicos y titular de la Sapem local, manifestó a este diario que con esta herramienta “podés generar actividades que a las empresas privadas no les conviene o no es prioridad para ellas, y desde el Estado lo podés implementar y resolver algunos inconvenientes”.
La sociedad anónima lavallina lleva el nombre de Proyectos Lavalle S. A. y su primera empresa se llama Interluz, encargada de proveer internet por fibra óptica al territorio departamental. El 90% de acciones están en manos del municipio y el 10% de capital es aportado por un inversor privado.
A través de la firma se han habilitado puntos de conexión a internet en las comunidades de San Pedro, San José, Lagunas del Rosario y La Asunción, y se trabaja para llevarlos hasta El Cavadito.
Vaquer expresó que se trata de un instrumento “mucho más ágil”. “El Estado toma decisiones políticas y a través de esa empresa pública hace las inversiones para que la gente tenga herramientas. Es poder intervenir para poder otorgar herramientas a la población”, remarcó.
