Este miércoles el recinto de la Legislatura mendocina vivirá una doble jornada de actividades. El Senado y la Cámara de Diputados tratarán dos proyectos de ley claves impulsados por el gobierno de Rodolfo Suarez que alcanzarían sanción definitiva.
Las dos cámaras sesionarán el mismo día debido a un corte previsto en el suministro eléctrico de la Casa de las Leyes que tuvo lugar este martes. Esto obligó a postergar el cónclave del Senado por un día.
Desde las 9, los senadores votarán la autorización para que Estado provincial invierta 5 millones de dólares para participar en el proceso de capitalización de la empresa IMPSA. Luego, alrededor de las 13 la Cámara Baja discutirá la prórroga por un año a la Ley de Emergencia Sanitaria, Social, Administrativa, Económica y Financiera por la pandemia de coronavirus.
Para la primera de las iniciativas Cambia Mendoza alcanzó un acuerdo con el bloque Frente de Todos-Partido Justicialista y el proyecto se tratará sobre tablas con el aval de los dos tercios de la Cámara Alta, por lo que se descarta que contará con una aprobación mayoritaria, como sucedió en Diputados.
De esta manera, el Gobierno de Mendoza contará con la Ley que le permitirá suscribir e integrar 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. Proceso de capitalización en el que está involucrado también el Estado nacional, que adquirirá el triple de acciones que la provincia.
Vale resaltar que para hacer frente al financiamiento de este procedimiento, Mendoza solicitó al Gobierno nacional una asistencia por $520 millones, de los cuales ya han autorizado $200 millones con los que se podrá pagar la primera parte de la integración. Además está comprometido el envío del resto de los fondos, pero en caso de que se demoren se cubriría la inversión con recursos de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa).
El miembro informante del oficialismo en la sesión será el senador Diego Costarelli, quien señaló a Los Andes que “el motivo por el cual intervenimos en IMPSA es preservar el principal capital social que tenemos los mendocinos, que es el empleo genuino privado. Trabajan actualmente 636 personas, más la relación directa que tiene con 100 pymes mendocinas, que no se puede perder”. Resaltó que esta medida va en la misma línea que los programas Mendoza Activa, Enlace y Activa Hidrocarburos.
Pasando a la otra cámara legislativa, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados dio este martes despacho favorable al proyecto para extender por 12 meses la Ley Nº 9220 de Emergencia en la provincia, que había vencido el pasado sábado 3 de abril.
El despacho obtuvo mayoría de votos, pero los integrantes del FDT-PJ no lo acompañaron y advirtieron que esperarán al tratamiento en el recinto este miércoles para dar a conocer su postura.
“Desde el oficialismo queremos que el gobierno siga contando con las herramientas que se dieron en su momento porque el contexto no ha cambiado. El gobierno se ha manejado con mucha responsabilidad en ese sentido, por lo que necesitamos que sigan vigentes”, expresó el presidente de la comisión, el diputado radical Jorge López.
En esta iniciativa no hay consenso entre el oficialismo y el peronismo, debido a que el principal espacio opositor exigía la comparecencia de la ministra de Salud, Ana María Nadal, en la Legislatura para que rindiera cuentas de la inversión de la provincia en la gestión de la pandemia durante el último año.
Tras la negativa a asistir de la funcionaria, cuando se discutió el proyecto en el Senado los legisladores justicialistas se abstuvieron en la votación. No obstante, la propuesta avanzó con los votos de Cambia Mendoza y sus aliados.
Se espera que para la sesión de Diputados de este miércoles se repita esa situación y que la mayoría oficialista termine dando sanción final a la prórroga de la Ley de Emergencia.
Con esta norma, el gobernador Rodolfo Suarez tendrá a disposición una serie de herramientas legales que permiten adoptar medidas con urgencia frente a la pandemia. En concreto, se autoriza al Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias, modificar términos contractuales y de licitaciones públicas, renegociar contratos y hacer compras directas. Además, otorga la posibilidad de hacer uso de hasta el 10% del presupuesto votado en créditos.
Sobre este último punto puede abrirse un capítulo judicial entre el Gobierno y el peronismo, ya que para la oposición el pedido de endeudamiento requiere de una nueva autorización de los dos tercios de los votos de ambas cámaras, planteo que rechaza el oficialismo que plantea que ya cuenta con el aval.
