En Mendoza, la brecha entre los sueldos más altos y los más bajos del sector público se ha incrementado notablemente en los últimos años. El principal motivo es que mientras la gran mayoría de los sueldos estatales aumentaron al ritmo de la inflación por la cláusula gatillo que el gobierno de Alfredo Cornejo acordó con los gremios en la segunda parte de su gestión, los sueldos de la cúpula de la Justicia -los de la Suprema Corte y los magistrados- los aumentos fueron mayores gracias a que están atados a las subas que define para sí misma la Corte Suprema nacional.
Así, el aumento salarial de los jueces en 2019 fue de 69%, muy por encima de la inflación. Además, la cláusula gatillo profundizó la disparidad, aunque no la brecha, porque al ser el mismo porcentaje de incremento para todos, el impacto para algunos se tradujo en 10 mil pesos en un año y para otros fue de 50 mil pesos más.
Actualmente, los sueldos más abultados del Estado provincial se pagan en la Justicia, mientras que los celadores están en la base de la pirámide salarial. Hoy, el sueldo de un juez “supremo” con 30 años de antigüedad es de aproximadamente $512.000. Para calcularlo se tiene en cuenta el básico de clase, de $287.857, más el 2,6% por cada año de antigüedad. En el otro extremo, un celador de una escuela cobrará en marzo $21.000, con el aumento que el gobernador, Rodolfo Suárez, dispuso para los estatales.
Es decir que el salario de un ministro de la Suprema Corte equivale a los sueldos de 24 celadores. También se puede decir, para graficar esa brecha, que un celador debe trabajar dos años para reunir lo mismo que cobra un juez en 30 días de trabajo, más allá de las diferencias de responsabilidades que tienen, obviamente.
Esta brecha se acrecentó en los últimos años. En 2019, era de 11 sueldos y en 2018, de 10.
A este análisis se puede sumar la información del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, única fuerza política que hace públicos los bonos de sueldo de los legisladores y que ha presentado proyectos para asimilar las dieta de diputados y senadores a la de un docente. Según los datos del FIT, en 2014 el sueldo de un senador era de $30.074, mientras que una maestra con 10 años de antigüedad y 10% de zona cobraba $5.599. En ese momento, el sueldo de un senador equivalía a 5,3 salarios docentes.
Esta brecha se agrandó con el correr de los años: llegó a ser de siete sueldos en 2018 -$93.888 contra 13.285- y al año siguiente rozó los ocho sueldos -$154.015 contra 19.261-. Hoy, la diferencia se ha achicado unos puntos y está en 6,7 sueldos: un senador cobra $206.000 y un docente $30.461.
En la base a la pirámide salarial de los estatales también están los empleados clase 3 de la administración central, cuyos haberes en enero fueron de $28.000.
Por qué crece la brecha salarial
Aunque el dinero para pagar los sueldos de los estatales mendocinos de los tres poderes sale de las arcas del Estado provincial, los incrementos salariales se determinan en distintas mesas paritarias y están regulados por legislaciones diferentes.
La gran mayoría fija sus acuerdos en la paritaria de la Administración Central y si hay aumentos en las clases, por defecto suben los salarios de los funcionarios y de los legisladores. Es que el salario del gobernador está fijado por ley y equivale a dos sueldos de un empleado clase 13. Hoy ronda los $250.000.
Por ley, también están enganchados los ministros y legisladores, cuyos sueldos equivalen al 95% del salario del gobernador. Entonces, cada vez que mejoran los sueldos de los empleados públicos, también lo hacen los salarios de los altos mandos.
Por su parte, los magistrados (jueces, defensores y fiscales) están atados a las subas que determine la Corte Suprema de la Nación para los jueces federales. Cada vez que hay un aumento en la Justicia nacional, la Corte provincial saca una acordada para adherir a los incrementos. La última suba fue del 20%, más los retroactivos de los aumentos que no cobraron desde octubre de 2020 a la fecha.
El enganche de los magistrados locales con la Justicia Federal se alcanzó a través de un acuerdo que firmó el ex gobernador Celso Jaque con la Asociación de Magistrados. Este convenio puso paños fríos a los enfrentamientos de Julio Cobos con jueces provinciales. Por lo tanto, desde 2008, el Ministerio de Hacienda debe pagar los aumentos que determine la Justicia nacional sin poner reparos. Las subas también aplican para los equiparados a magistrados.
Para poner límites a estos desfasajes se han impulsado distintas leyes desde el Ejecutivo. En 2014, el peronista Francisco Pérez inició el debate sobre si el sueldo del mandatario provincial debía ser el más alto de la administración pública. El 10 de setiembre de 2014, la Legislatura sancionó una ley estableciendo el tope salarial y, en octubre, ATE y Ampros decidieron ir a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de esa ley. En 2019, la Suprema Corte falló que era constitucional.
Por su parte, Suárez envió el año pasado a la Legislatura un proyecto para limitar el sueldo de los jueces mendocinos que se sancionó a los pocos meses. La norma estableció que, cuando los magistrados lleguen a la edad jubilatoria, ya no pueden sumarse años de antigüedad a su bono de sueldo. Con esto, buscó incentivarlos a jubilarse antes, porque muchos se mantenían en sus cargos para hacer crecer su salario y así cobrar más al retirarse con el 82% garantizado.
