Hubo un tiempo en el que radicalismo y peronismo dialogaban. Había cruces, tensión, momentos difíciles, pero siempre había una puerta abierta para cerrar algunos acuerdos: así se recreaba el viejo intercambio de cargos por votos, que suele ser vituperado, pero que también genera algunos consensos mínimos.
Quizá el momento en el que el diálogo político se mostró más sólido y con un objetivo común fue cuando el gobernador Arturo Lafalla convocó a los candidatos a gobernador en la elección 1999 y sellaron un consenso por la seguridad pública, tras la rebelión policial que mantuvo en vilo durante tres días a toda la provincia.
Desde entonces, hubo participación de la oposición en diferentes órganos de control; en algunos casos con norma taxativa, en otros apenas por una regla no escrita. Ahora esa regla parece rota. El PJ denuncia que el Gobierno avanza con nombres propios para todos los cargos que alguna vez fueron para la oposición; desde el oficialismo se dice “ni nosotros los ofrecemos, ni ellos los piden. El diálogo está cortado porque ellos quieren”.
No faltan quienes señalen que las dos partes en pugna parecen chicos encaprichados. Quizá para bajar la tensión, hay quienes recuerdan que está en marcha el nombramiento del peronista Alejandro Abraham como síndico de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). El nombramiento está obligado por la ley 8.423 de creación de Emesa, pero es un avance.
Hay otro lugar en el que hay representación opositora por ley 6.721: la Inspección General de Seguridad. Allí está el abogado Gustavo Sarli, quien no es muy conocido en el mundo de la rosca política, pero que tiene vínculos con el peronismo de Maipú.
Quizá el ejemplo que más grafica la falta de diálogo entre las partes es el del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Según la ley 6.362, el organismo debe ser conducido por tres directores. La norma no dice nada acerca de oficialismo y oposición, pero durante años ha sido una regla no escrita que uno de los directores sea de la oposición. Actualmente el Instituto funciona con dos directores y el tercer lugar está vacante desde que Alfredo Cornejo llegó al Gobierno.
Para los simples mortales, es casi una bendición que haya al menos un cargo libre de la política (un pequeño ahorro al fin y al cabo), pero claramente ni el peronismo pide ese lugar, ni el radicalismo lo ofrece. Tal vez porque pedir u ofrecer implica que haya una negociación. Es decir, la ausencia es el símbolo de la falta de diálogo que hay entre los dos principales partidos.
Hay que sacar de aquel diálogo iniciado hace más de 20 años a las vacantes en cargos vitalicios. En ningún caso, ninguno de los partidos entregó lugares a la oposición: en la Suprema Corte, Celso Jaque nombró a su ex ministro Mario Adaro y Francisco Pérez a Omar Palermo y a Julio Gómez, mientras que Cornejo nombró a José Valerio y Dalmiro Garay, mientras que Rodolfo Suárez a Teresa Day.
En el Tribunal de Cuentas sigue esa lógica de los “propios”; Pérez nombró a su amigo Héctor Caputo y al ex legislador peronista Ricardo Pettignano, mientras que Cornejo nombró a dos cornejistas: Néstor Parés (era diputado provincial UCR cuando fue nombrado) y Liliana Muñoz de Lázzaro. Por último, a cargo de Fiscalía de Estado está Fernando Simón, quien fue nombrado por Pérez cuando era senador provincial del PJ.
Norma tácita
Salvo los casos en los que la ley obliga a la presencia opositora, el convite a la oposición arrancó en la gestión de Roberto Iglesias. “En pleno quilombo de 2001-2002, Roberto empezó a ofrecer lugares a la oposición para involucrarla en algunas decisiones. Así es que, tal vez por inspiración del consenso en seguridad, aparecieron nombramientos de peronistas y demócratas en distintos directorios”, dice un radical memorioso.
Esa costumbre fue mantenida por Julio Cobos, Celso Jaque y Francisco Pérez, aunque hay una salvedad que, dicen, quizá empezó a romper el clima entre los principales partidos de la oposición. En abril de 2012, PJ y UCR acordaban que, a cambio de la sanción de la ley de creación de Emesa, la ya mencionada 8.423, habría nombramiento de radicales en distintos lugares. En ese mes de abril llegó Miguel Bondino al Instituto Provincial de Juegos y Casinos y en mayo Pérez nombró al último radical con acuerdo partidario en el Departamento General de Irrigación: Alejandro Gennari como consejero de la cuenca del río Mendoza.
En octubre de ese año, tras el anuncio de la UCR de que rechazaría el proyecto de reforma constitucional de Pérez (en un congreso partidario realizado el 13 de octubre de ese año), aparecieron los desencuentros. El candidato al directorio del EPRE del entonces presidente del radicalismo mendocino, Alfredo Cornejo, era el entonces senador Mario Salomone; pero Pérez postuló al iglesista Jorge Mastracusa.
En aquellos años, el radicalismo tenía una dura interna entre iglesistas y el resto de los espacios que lideraban Cornejo y Ernesto Sanz (en aquel momento jugaban en tándem). Había dos bloques radicales en cada cámara. Pérez apostó a profundizar esa interna.
Con el correr del tiempo, las cosas fueron volviendo al curso normal. En 2015 llegó a la Inspección General de Seguridad el abogado radical Marcelo Puertas, quien cuando asumió Cornejo terminó siendo el presidente de ese ente.
Cuando llegó Cornejo al Gobierno nombró algunos peronistas en conducciones colegiadas. Por ejemplo a Francisco Losada en el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) y, en 2019, a Hugo Reos en el EPRE (tras la salida del otro peronista, Elián Japaz, que se fue al Concejo Deliberante de Maipú). Hoy Reos sigue estando en el EPRE.
En la Inspección General de Seguridad, obligados por ley, continuó un director del peronismo nombrado por Jaque, el abogado Norberto Parma, quien se fue del cargo en 2020. Entonces fue reemplazado por un abogado penalista ligado al peronismo de Maipú, pero con muy bajo perfil: Gustavo Sarli.
Hay dos hechos del último mes que desataron la queja peronista: las postulaciones de radicales de pura cepa en el EMOP y en Irrigación.
En el EMOP Losada terminó su mandato junto a Manuel López (Pro) y Suárez mandó a Legislatura los pliegos de dos radicales para reemplazarlos: el ex senador radical Lucas Quesada y Agustina Llaver, quien se viene desempeñando como delegada del ente en el sur de la provincia.
En Irrigación, Cornejo pidió la reelección de Gennari en 2017 y postuló al empresario de Monte Comán César Bernúes como consejero del río Diamante. En esa época quedaban tres peronistas más entre los consejeros del Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del organismo rector del agua (Nicolás Gutiérrez por el río Atuel; Fernando Escobar por el Tunuyán inferior y José Viard por el Tunuyán superior).
Un año después entraban al HTA el ex diputado provincial radical Gustavo Villegas (Atuel); Facundo Cahiza (también ligado al oficialismo por el Tunuyán Inferior) y el ex senador radical Omar Sorroche (Tunuyán Superior). Así se acabó la representación peronista en el HTA de Irrigación.
Este año hubo nuevo recambio: terminaron sus mandatos Gennari y Bernúes. Suárez propuso a Gennari para un tercer mandato como consejero del río Mendoza y al ex diputado provincial oriundo de San Rafael Gustavo Ruiz por el río Diamante. El 16 de agosto pasado la mayoría de Cambia Mendoza avaló las postulaciones. Los senadores del Frente de Todos-PJ no participaron de la sesión de acuerdo, acusando al radicalismo de pisotear la institucionalidad de Mendoza.
En Casinos, durante el gobierno de Pérez, en aquel ajetreado 2012, el radicalismo ubicó a Bondino, ex ministro de Seguridad de la gestión Cobos. En diciembre de 2015, Bondino asumió como senador de Cambia Mendoza y dejó el cargo.
Con la llegada de Cornejo asumieron la entonces demócrata Josefina Canale al frente del Instituto y Mercedes Rus como directora. El tercer lugar del directorio quedó vacante durante los cuatro años siguientes. Con Suárez, Ida López quedó en la presidencia del directorio de dos que completa Francisco Martínez. El tercer lugar sigue vacante.
La vacante en el EPAS
En el EPAS hay tres oficialistas desde la era Cornejo. Sin embargo, el actual vicepresidente a cargo de la presidencia en realidad entró en la gestión Pérez en representación del entonces opositor Partido Demócrata. En junio de 2014 el arquitecto Mario Draque ingresó al directorio del EPAS en reemplazo de otro reconocido ganso, Aldo Calise.
En 2015 el PD conformó alianza con la UCR, el Pro, el Socialismo, Libres del Sur y la Coalición Cívica para conformar el Frente Cambia Mendoza. Cuando Cornejo asumió ahí quedó Draque en el cargo, aunque ahora como oficialista, junto a Carlos Morán Crowley (de la Coalición Cívica) y Orlando Lucentini (UCR).
Cuando el PD empezó a amagar con salir de Cambia Mendoza, un grupo de gansos se refugió en el sello del Partido Demócrata Progresista, como Josefina Canale, el ex titular de Aysam Richard Battagión y el secretario de Salud Oscar Sagas. En ese grupo del PDP también quedó Mario Draque y sigue como vicepresidente a cargo del EPAS. La presidencia sigue vacante desde 2016.
