El peronismo denuncia que el Gobierno tiene plata en el colchón y no la usa en financiar carencias; el Gobierno admite que tiene ese ahorro para cubrir imprevistos ante una crisis que golpea desde hace años. Es un “fondo anticíclico” no del todo del formal, que ronda los 30.000 millones de pesos. Todo ese dinero está invertido en fondos comunes de inversión, bonos y acciones.
El 27 de noviembre pasado, Los Andes informaba que en el Ministerio de Hacienda estimaban prudente constituir el Fondo Anticíclico sumando cada año una masa salarial promedio (nota de la redacción: una masa es el costo mensual que tiene pagar todos los sueldos del Estado incluidos los aportes patronales, promedio es porque esa masa cambia mes a mes por los incrementos salariales y aguinaldos).
En aquella publicación, el ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad, le decía a Los Andes que el Gobierno estaba estudiando una modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, para volver a juntar el ahorro formalmente. “Lo que está no sirve. La prueba está en que en los últimos 15 presupuestos no se ha constituido el fondo. Es mucho mejor tener parámetros razonables y cumplibles, a tener parámetros que no se pueden cumplir y estar eximiendo a la Provincia del cumplimiento”, explicaba el ministro, para luego recordar que en cada una de las 15 leyes de presupuesto aparecía una cláusura que suspendía la constitución del ahorro.
Lo que no decíamos en aquella oportunidad es que ese fondo anticíclico existe de hecho. Esos 30.000 millones ahorrados en inversiones financieras equivalen aproximadamente a una masa y media mensual. “Con el pago de la deuda, hemos quedado en ese monto”; dice ahora el ministro Víctor Fayad a Los Andes. El pago al que se refiere es a la primera cuota del este año por 60 millones de dólares que se pagó a mediados de este mes.
Antes de ese pago, el monto era mayor y similar al monto que denuncia la senadora del Frente del Todos-PJ Mercedes Derrache. De acuerdo a la publicación de la Tesorería General de la Provincia, cuando terminó el año pasado el organismo tenía en la caja 54.469 millones de pesos.
Derrache sostiene que a ese dinero que tenía la Provincia al 31/12/2022 hay que restarle la deuda flotante, que estimaba en unos 20.000 millones de pesos. (N.de la R: Deuda flotante es lo que debe el Estado por un servicio o un bien que recibió que generalmente se paga a 30 o 60 días, se trata de un compromiso o “devengado”, pero no pagado efectivamente).
Luego señala que en 2021 también quedó un remanente en Tesorería de $34.683 millones, al que le aplica el descuento de la deuda flotante del año pasado; esos remanentes sumados, más la renta obtenida por las inversiones, le darían cerca de 55.000 millones de pesos en el colchón de la gestión de Rodolfo Suárez y que está invertido en “bicicleta financiera”. Según Derrache, las operaciones habrían dado una renta en todo 2022 cercana a los 16.000 millones de pesos.
“La Provincia termina diciendo que el resultado operativo de 2022 es un superávit de 9.326 millones de pesos. El resultado es mentiroso”, asegura la senadora peronista, convencida de que hay más plata.
Según Derrache, en la planilla de ejecución presupuestaria 2022, en los casilleros correspondientes a inversión financiera, habría un desfasaje. En total, en esa planilla publicada hace cerca de dos semanas, en 2022 la Provincia declaraba 46.371 millones de pesos invertidos; de los cuales $28.073 millones corresponden al fideicomiso Portezuelo del Viento (plata que transfiere la Nación cada tres meses y que tiene como destino exclusivo la construcción de la obra o, en su defecto, alguna otra represa). Derrache resta lo de la represa e indica que hay $18.298 millones invertidos.
Ese monto más los 9.326 millones de pesos del superávit, estaría dando cerca de 30.000 millones de pesos. Si se suman los 16.000 de renta por las inversiones, la senadora peronista arriesga que el ahorro ronda los 45 mil millones de pesos. A eso habría que agregarle lo supuestamente acumulado de 2021, con lo que se llegaría al monto que la senadora denuncia que el Gobierno tiene el colchón.
“Las inversiones financieras que la Provincia viene haciendo las toman como un gasto; contablemente lo registran como un gasto, pero en realidad no lo es”, dice Derrache.
La explicación oficial
Ante la consulta, el ministro de Hacienda saca a relucir el excedente de Tesorería 2022, los $54.469 millones y dice que ese remanente es el que tenía invertido a principios de este año.
El dinero que declara el Tesoro es el líquido que tiene la Provincia sin tener en cuenta los compromisos de pago ya asumidos y que se pagarán en cuanto se terminen los pasos administrativos. El monto comprometido a corto plazo es lo que se conoce como devengado. Lo que se pagará a 30 ó 60 días se conoce como “deuda flotante”. Según indica Fayad “es normal esa diferencia sobre todo cuando hay tanta inflación. Técnicamente, después de esos pagos y los 12.000 millones de hace unos días, estamos en el rango de una masa y media”.
La sucesión de números marea a los inexpertos. Pero más allá de eso, los datos de Fayad y de Derrache parecen tener algunas similitudes. Las diferencias aparecen cuando se percibe que el movimiento de la caja es dinámico, es como una película y el resultado del 31 de diciembre de 2022 es una foto. Con el correr de los días aparecen gastos por sueldos, obras, insumos, compra de bienes y servicios y vencimientos de las deudas y también recursos de la recaudación de impuestos provinciales, regalías y coparticipación federal. Entonces el saldo de caja de Tesorería se va moviendo día a día.
¿Bajo qué ley se está juntando el colchón? El artículo 10 del presupuesto 2023 vuelve a suspender la aplicación de la ley de Responsabilidad Fiscal. “Suspéndase la constitución de los Fondos Anticíclicos previstos por el artículo 10 de la Ley 9356, en caso que correspondiere, por Ley Nº7314 y sus modificatorias y por Ley Nacional 25917 y sus modificatorias”.
A continuación, ese mismo artículo del presupuesto incluye una novedad. “Durante el ejercicio 2023 el Poder Ejecutivo deberá proponer una nueva regla de constitución y eventual utilización del mencionado Fondo que se adecúe a la realidad macroeconómica en que se encuentra inserta la Provincia”.
Ahí está el proyecto que el Gobierno estudia para volver a constituir el Fondo Anticíclico, que Los Andes informó en noviembre y que todavía no llega a la Legislatura. Sin embargo, de hecho ya está constituido el ahorro para las calamidades que en el Gobierno advierten podrían suceder en medio de la crisis desatada.
La ley de Responsabilidad Fiscal
Según el artículo 11 de la ley 7314 ordena que el Fondo Anticíclico debía contar “con una integración mínima equivalente a una nómina salarial”.
Esa ley dice que que el Fondo Anticíclico “se constituirá con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del excedente de recursos corrientes” respecto de los ingresos previstos en el Presupuesto anual. En el artículo 12 se indica que hay que juntar plata “hasta alcanzar el dos por ciento (2%) del Producto Bruto Geográfico (PBG)”. Cuando se llega a ese umbral máximo, el 50% de excedente de recaudación, “serán aplicados a la cancelación de deuda pública consolidada y/o a inversión en obra pública”.
Según datos del Ministerio de Hacienda, el Fondo Anticíclico llegó a tener 0,5% del PBG en 2007, el último año de la gestión de Julios Cobos, que hoy equivaldrían a unos 12.000 millones a pesos a plata actual (aclaración que todos saben: por efecto de la inflación, hay que actualizar el valor de la moneda para comparar). Con el correr de los años y las crisis, en sucesivas leyes de presupuesto se exceptúo la obligación legal de juntar excedentes de recaudación y el colchón se diluyó.
Sin embargo, a la luz de los números que muestran la Tesorería y en la medida que los superávits fiscales empezaron a aparecer, se volvió a constituir el colchón. Según el Consejo Empresario Mendocino en 2021 el Gobierno de Rodolfo Suárez terminó con un superávit de $11.690 millones. Y, según el dato de la ejecución presupuestaria de la Provincia, el 2022 terminó con los $9.326 millones que ya mencionamos.
Ese colchón viene siendo el centro de una disputa política sobre en qué debería gastarse esa plata, si es que debe gastarse. Uno de los puntos con el que más ha machacado el peronismo es que el Gobierno no se gasta toda la plata prevista para obras, de acuerdo a lo que se votó en cada presupuesto.
“Ya llevamos tres años y medio tres años de gobierno; saquemos 2020 porque la pandemia fue un año excepcional, pero sabemos que la ejecución de la obra es lentísima: el año pasado se ejecutó el 78% sobre el total que tenían que tenían previsto” apunta Derrache, para luego recordar escuelas con problemas edilicios o una serie de obras que vienen lentas o el viejo debate de la cantidad de casas que ha hecho la gestión.
En enero, desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública decían que “tuvimos un presupuesto de $7.500 aprobado, a hoy con la inflación, ese presupuesto votado ha crecido a $23.000 millones para 2022. A diciembre tenemos ejecutado $18.500 millones. Hemos gastado el 85% del presupuesto reconsiderado por la inflación, que es 270% más o menos el presupuesto inicial y todavía faltan computar certificados”.
