El Gobierno de nuestra provincia está evaluando cómo actuar frente al Gobierno nacional, luego del reparto inequitativo de fondos por la pandemia del coronavirus.
El revés de Portezuelo del Viento en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y los magros 1.900 millones de pesos que se consiguieron como préstamo del Ministerio de Economía, evidenciaron el malestar del radicalismo, y el gobernador, Rodolfo Suárez, prepara un documento para pedir explicaciones a la gestión del presidente, Alberto Fernández, sobre lo que, puertas adentro, consideran un “destrato” contra una de las pocas provincias que si bien es opositora, “ha tenido un buen diálogo y ha trabajado en conjunto” para el combate del Covid-19.
Fue una reunión que hubo esta semana en Casa de Gobierno en la que participaron Suárez; el vicegobernador, Mario Abed; y algunos legisladores nacionales del oficialismo provincial, la que abrió paso a la estrategia que se tomará de ahora en adelante, teniendo en cuenta que Mendoza, como el resto de las provincias, dependen en buena parte de los fondos que puedan llegar desde la Nación, por los problemas económicos y la caída abrupta de la recaudación.
Si bien diputados nacionales de Cambia Mendoza (Alfredo Cornejo, Luis Petri, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Omar De Marchi y Claudia Najul) presentaron un pedido de informes el lunes en el Congreso al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, para que informe en detalle sobre qué criterios utilizaron para el reparto de fondos. En paralelo, el Ejecutivo provincial prepara uno propio con el mismo destinatario,y se analiza qué día y de qué manera hacerlo llegar a manos de la Nación.
En Casa de Gobierno aseguran que no quieren perder el buen trato con el Ejecutivo nacional, pero también entienden que esta buena relación no ha funcionado para recibir un monto que se asemeje a lo que el resto de las provincias ha obtenido. “No queremos más que el resto, queremos recibir lo que nos corresponde. Mendoza ha estado severamente perjudicada”, analizan en el entorno de Suárez.
Entre ellos hay quienes también sostienen, como el propio ex gobernador Alfredo Cornejo, que hay una política “deliberada de perjudicar a Mendoza por ser de signo político diferente al kirchnerismo”.
La gota que rebalsó el vaso fue el préstamo de 1.900 millones de pesos entregado por el Ministerio de Economía, comandado por Martín Guzmán, como parte del programa “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. Mendoza es una de las diez provincias que ya lo firmó, pero es la segunda que menos dinero recibió, lo que se agudiza en términos per cápita: está última.
Desde la Provincia habían pedido 5.200 millones de pesos y, hasta el jueves pasado, les habían garantizado –según afirmaron a Los Andes fuentes del Ejecutivo- 3.000 millones de pesos por parte del ministerio del Interior. “No sabemos qué pasó del jueves al viernes por la tarde, que ese número bajó a los $1.900. Fue completamente discrecional”, señalaron.
El Gobierno asegura que “no está bien claro cómo se destinan los fondos”, ya que si bien 40 % se destina a base del índice de pobreza del Indec y de las personas contagiadas por Covid-19 cada 100 mil habitantes; y el otro 60% según “necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas”; Mendoza recibió tres veces menos que Tucumán, que firmó un préstamo por $6.000 millones.
Esto se suma a las trabas a Portezuelo del Viento que, según consideran, fueron políticas y no técnicas. Esto, por el “giro” de la Nación que desarchivó un pedido de laudo hecho por La Pampa el año pasado; pero también de las provincias peronistas en relación al visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que las anteriores administraciones habían avalado. Ahora, será el presidente Fernández quien deberá laudar si se realiza un nuevo estudio o no.
De hecho, sostienen que podría ser hasta “entendible” la postura política de Buenos Aires, hoy gobernada por Axel Kicillof (antes estaba María Eugenia Vidal, del Pro), pero que sin embargo mantiene a los mismos técnicos en el Comité Ejecutivo del Coirco que firmaron a favor de la DIA en 2019. No obstante, apuntan contra Río Negro y Neuquén, que “ha tenido el mismo gobierno, o son continuidad” del signo político y que sin embargo, por algún motivo la semana pasada votaron en contra.
