El gobernador Rodolfo Suárez rechazó este mediodía que el Poder Ejecutivo provincial tenga injerencia en el escándalo judicial que envuelve a Las Heras, particularmente con la situación de la secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz.
El mandatario provincial se refirió a la polémica por presuntas presiones políticas, que se desprenden del duro avoque que realizó el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Sebastián Campizzi, quien se mostró en desacuerdo de imputar a la funcionaria lasherina por el delito de coacción que se la investiga.
Ortiz está denunciada por una empleada municipal que asegura, fue obligada por ella a tener relaciones sexuales con un funcionario (sería Osvaldo Oyhenart) y grabar la conversación. En esta causa ya fueron imputadas la directora de Relaciones con la Comunidad, Patricia Rivero, y su hija Carolina Murúa, quienes habrían amenazado con un arma de fuego a la mujer para que entregara el audio. Sin embargo la candidata a legisladora de La Unión Mendocina, aún no es acusada formalmente.
Ante esto el fiscal Capizzi argumentó “la inconveniencia de imputar formalmente en este estadio de la investigación, cuando aún faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada”.
Hoy el mandatario provincial fue consultado sobre este descargo y negó que existan presiones del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. “Es un absurdo. Si hay algo que funciona bien en Mendoza es la institucionalidad, la división de poderes y la no injerencia de un poder con el otro”, respondió de forma tajante el mandatario provincial, tras entregar casas este martes en General Alvear. Y tildó de “osadas e inciertas esas declaraciones”.
El recurso de la defensa
De acuerdo a la denuncia, Ortiz habría obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con Oyenhart para obtener información y debía grabar la conversación. Luego, se produce un episodio (según la denuncia) en el que Rivero le había exigido a la joven que le entregara el audio y manipuló un arma (sería calibre 38). De ese hecho participó también su hija Carolina Murúa. Estas dos mujeres fueron imputadas.
En la denuncia, también está acusada la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz aunque su presencia en el Polo Judicial se dilata, dado que aun no está notificada. Como contó este medio, la abogada defensora de la funcionaria municipal interpuso un recurso que consiste en una “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”. Allí, argumenta los motivos por los que su defendida no debe ser acusada y recuerda que el 26 de junio presentó audios, certificados con escribana pública, con los que asegura está claro que Ortiz no cometió delitos de coacción.
Básicamente se centra en dos situaciones puntuales. “Debía tener relaciones sexuales con Osvaldo Oyhenart y que lo hiciera hablar de todo y grabara si no se quedaba sin trabajo”, así se refiere la letrada Elena Quintero, a las coacciones de las que se acusa a Ortiz. Para la abogada defensora, la denunciante se contradice en algunos tramos del relato porque reconoce que tenía un vínculo cercano con el funcionario, con quien tuvo relaciones sexuales consentidas.
El segundo punto que refuta es el de la obligación a grabar la conversación para evitar un despido. “Ante la pregunta de la Fiscalía respecto que si las amenazas de Janina fueron sólo echarla del trabajo o pasó algo más, la denunciante respondió que Ortiz le dijo a su amiga que no se olvidaran que ambas eran madres. Que se sobreentiende que con eso Ortiz las está apretando queriendo meterse con sus hijos y esto le genera el temor”, dice el texto.
“Sin embargo, Moyano revestía la calidad de empleada municipal, por tanto su despido era a través de un procedimiento administrativo, esto quiere decir que era imposible su despido al menos que a la finalización del sumario correspondiente y tras darle el derecho de defensa, encontrara legalmente motivos para ello y tras la confirmación de todas las vías recursivas con las que cuenta”, argumenta Quintero.
Tres fiscales en el caso Ortiz
Por ley, al ser funcionaria pública Ortiz, en la causa deben intervenir tres fiscales. Además de Blanco, Sebastián Capizzi está al frente de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados y en un duro avoque dejó por escrito que no estaba de acuerdo en la imputación a Janina Ortiz en el estado en el que estaba la causa. El tercer dictamen, que es el que promueve la imputación, corresponde a la fiscal adjunta en lo penal Paula Quiroga.
Capizzi insistió en “la inconveniencia de imputar formalmente en este estadio de la investigación, cuando aún faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada”.
Por su lado, la defensa de Ortiz entiende que antes de la imputación, deberían expresarse sobre su escrito y sobre los audios que entregó porque de lo contrario “se estaría violando el derecho a defensa”.
Quiroga, quien tiene el voto más pesado en la decisión por ser la Fiscal Adjunta fundamenta jurídicamente que se impute a la Secretaria de Gobierno, porque en este estado procesal sería conveniente para asegurar el derecho a defensa y porque corren plazos procesales. Según indicaron fuentes judiciales con acceso a la causa, la funcionaria judicial entiende que de lo contrario, a Ortiz debería tomársele una declaración informativa, lo cual dejaría a la persona “en un limbo” y la resolución se dilataría en el tiempo.
