Días atrás se cumplió un año de la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de suspender el debate de la reforma de ley de educación, tras la fuerte polémica que generó en el sector la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial. Si bien la intención del mandatario era retomar la discusión durante este 2021, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que el tratamiento de una nueva norma se postergará, al menos, hasta el año que viene.
En septiembre del 2020, con las restricciones a la presencialidad en el sistema educativo por la pandemia todavía vigentes, el gobernador Suárez y el director general de Escuelas, José Thomas, presentaron un borrador de proyecto de Ley de Educación Pública y convocaron a un Congreso Pedagógico para realizar aportes a la propuesta.
Esta medida generó cuestionamientos del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), de un importante sector de los docentes y también de la oposición y se realizaron caravanazos en forma de protesta.
A raíz de la críticas, el oficialismo pospuso el Congreso por un mes y realizó modificaciones al borrador, pero transcurridos los primeros días de octubre, el mandatario frenó el debate de la reforma y lo pateó para el 2021. Suárez argumentó que pretendían aguardar a transcurrieran las elecciones sindicales del SUTE, ya que consideraban que la disputa interna del gremio obstaculizaba la discusión.
A un año de esa decisión, el proceso electoral en el gremio docente recién está dando sus primeros pasos y la votación de nuevas autoridades se desarrollará el 15 de diciembre. Pero además, se ha sumado otra traba para retomar el tratamiento que son los comicios legislativos nacionales y provinciales. “No lo quisimos hacer en una año eleccionario porque todo se mezcla”, aseguran desde el Gobierno provincial.
Es así que el gobernador ha determinado que el debate de una ley educativa seguirá suspendido hasta el 2022. Así lo confirmó a Los Andes José Thomas, titular de la DGE. “Nosotros vamos a seguir proponiendo el debate y la construcción, esperamos que se dé el momento el año que viene, que no es un año eleccionario, para ejecutarlo. De acá a fin de año no va a ser”, manifestó.
El funcionario expresó que pese a la postergación se siguió trabajando en analizar los cambios que requiere el sistema educativo provincial. “Después de que la frenamos hicimos el Congreso Pedagógico, hubo muchísimo debate y ha habido debate a principios del año”, indicó.
La propuesta de reforma siempre se trató de un borrador que incluso tuvo algunas modificaciones durante el breve periodo de discusión. Algunos de los cambios objetados tenían que ver con la omisión de las escuelas artísticas, la posibilidad de reforma del estatuto docente, la modalidad de evaluación del sistema educativo, el salario supeditado al compromiso de los trabajadores y la inclusión de los municipios como prestadores de educación, ente otros.
“Nosotros proponíamos un consenso abierto, de diálogo, que todos participen y tratar de llevar a la Legislatura algo que tenga un consenso previo y después que la Legislatura forme su consenso y trabaje para poder hacer la mejor ley”, resaltó Thomas.
Si bien consideró que el SUTE buscó sacar provecho de la situación e hizo su juego oponiéndose a la iniciativa, ensayó una suerte de autocrítica de cómo el Gobierno encaró la propuesta. “Tal vez las ganas y la inercia que teníamos nos plantó en algo que parecía una velocidad de consenso y de definición rápida que no la teníamos. Y eso fue lo que hizo que algunos sectores de los docentes trabajadores y comprometidos entendieran que parecía algo político y rápido. Queremos demostrar que esa no era la intención sino que es construir entre todos los sectores de la sociedad, no solo el de la educación, una ley para el futuro de Mendoza”, subrayó.
El peso de la interna gremial
En la DGE entienden que al momento de reabrir el debate para la elaboración de una nueva norma que rija la educación mendocina es necesario que todos los sectores se sienten a discutirlo. En este sentido, esperan que una de esas sillas esté ocupada por el SUTE.
“No se va a poder debatir la ley en serio mientras el SUTE tenga la interna que tiene. Hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario porque es un tema clave y no podemos prescindir de la voz del gremio en la definición”, dijo Suárez a Los Andes el años pasado tras tomar la decisión de posponer la discusión de la ley.
Hoy por hoy en la interna del gremio docente hay tres sectores en pugna. Por un lado está la actual conducción que agrupa a espacios de izquierda; y la oposición se encuentra dividida entre la agrupación Azul Naranja, vinculada al kirchnerismo, y la Celeste, de histórica extracción peronista y que comandó el sindicato durante casi dos décadas.
En las próximas semanas se terminará de definir con la presentación de listas si este escenario continuará hasta los comicios o si habrá una reconfiguración en la oferta educativa para las elecciones sindicales del 15 de diciembre.
La lectura que hacen desde el Gobierno provincial es que habría una puja entre los contendientes gremiales por ver quién es más opositor y más crítico a la ley de educación.
Si bien el oficialismo contaba con la mayoría legislativa para sancionar la norma, apostaba a contar con el mayor consenso posible, no solo de la oposición sino de buena parte de la sociedad. En este sentido, pretendían evitar que las manifestaciones desencadenaran en algo similar, en menor escala, a lo sucedido con la reforma de la 7.722 y su posterior derogación.
El SUTE sigue alerta
Pese a que la eventual rediscusión de la iniciativa se daría ya con una nueva conducción del SUTE, desde la actual conducción mantienen firmes sus reparos contra la propuesta de Suárez y advierten que el Gobierno insistirá en una reforma general o algunas parciales.
En diálogo con Los Andes, el secretario general Sebastián Henríquez aseguró que “es muy probable que vuelva a pasar que el Gobierno insista con reformas educativas”. “Puede venir con una ley exclusiva o en distintos paquetes de leyes, sería iluso creer que de una vez y para siempre se cerró el tema y no van a querer volver a intentarlo”, agregó.
Remarcó que en su oportunidad cuestionaron puntos concretos del borrador que impulsaba la DGE. “La idea de evaluar externamente al sistema educativo, la evaluación de la calidad educativa creando un organismo y la cuestión presupuestaria. Había una serie de elementos que no son inventos de ellos, son cuestiones que se vienen intentando en América Latina y está asociado al ítem aula, a la idea de ellos de modificar el estatuto del docente y establecer premios y castigos en relación a lo salarial. Acá el gobierno presentó un frente único con esa ley y no midió las consecuencias. No tuvo nada que ver con la interna del sindicato sino que hubo una reacción masiva y sostenida que tuvieran que retroceder”, afirmó el dirigente sindical.
