Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó un nuevo cepo para acceder a dólares a precio oficial, con una restricción que, de forma inédita, alcanza a las provincias, las que sólo podrán acceder al 40% del monto de los vencimientos de deudas en dólares.
El anuncio realizado, que regirá hasta fin de 2023, generó el descontento del gobernador Rodolfo Suárez, quien plantó bandera y anunció que irá a la Justicia Federal para intentar que quede sin efecto la medida. Recordemos que Mendoza tiene un vencimiento de U$S 60 millones (entre capital e intereses) que debe saldarlo en el mes de septiembre.
“Vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas”, sostuvo Rodolfo Suárez en redes sociales.
El mandatario aseguró que “la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la que impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria a sus autonomías, es discriminatoria y anti federal, complicando el proceso de pago”.
“Es otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que sigue perjudicando a los argentinos. Ante esta realidad, Mendoza está preparada para afrontar sus obligaciones con el ahorro generado por una administración eficiente y austera”, añadió.
En este sentido, agregó que no acceder a los dólares más baratos “también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita”.
En coincidencia se manifestó también Alfredo Cornejo, senador nacional radical y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza. “Suárez ha tomado una clara y contundente decisión: recurrir a la Justicia contra la medida absurda del Banco Central que limitó el acceso a dólares a las provincias”, indicó.
Además, añadió que esta medida “no es más que un nuevo ‘cepo’ y muestra la desesperación del gobierno nacional por la falta de divisas, resultado del descalabro macroeconómico al que nos ha llevado la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.
Acto seguido, lanzó flores al mandatario local, al sostener que con esta acción, se busca “proteger los intereses de la provincia y asegurar el acceso a los recursos necesarios para seguir trabajando por el bienestar de los mendocinos”.
Medida inédita
Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, calificó de “inédita” y “absurda” la medida del Banco Central, al sostener que “no se registran antecedentes de este tipo de cara a los gobiernos provinciales”. “Una vez más, el gobierno federal carga a las provincias el costo de las decisiones que toman ellos”. lanzó.
El funcionario planteó que “es absurdo que un organismo oficial como el Banco Central, que ni siquiera tiene jurisprudencia para regular provincias, impida a las provincias el acceso al tipo de cambio oficial, no existe antecedente de esto”.
De acuerdo al endurecimiento del cepo, comentó que el organismo que lidera Miguel Pesce ya había limitado la venta para empresas, “pero nunca lo ha hecho con las provincias y es absolutamente una novedad”.
No obstante, añadió que en Hacienda ya estaban preparados para un escenario como este. “A pesar de que nuestro pago es recién en septiembre, éste era un escenario previsible”, por lo que negó la posibilidad que Mendoza intente rollear la deuda, o con una medida más drástica que podría ser un default.
Para Fayad, la decisión del Banco Central deja al descubierto los problemas macroeconómicos del país, ya que el pago de la deuda de las provincias, “no debería resultar un inconveniente” para las arcas públicas, debido a que no representa un gran porcentaje de los dólares que, por ejemplo, ingresan por retenciones a las exportaciones.
“Cuando las reservas son cero, cada dólar cuenta. Ahora, si se compara la magnitud de los pagos que le quedan a hacer a todas las provincias, que deben estar en el orden de los U$S1.000 millones de dólares, con el promedio de exportaciones al año, que son U$S 80.000 millones, se da cuenta que esta medida no tiene sentido en cuanto a las proporciones. Resulta absurdo que le restrinja a todas las provincias el acceso al mercado de cambio oficial por solamente U$S 1.000 millones. Esto nos da la pauta de la delicada situación en la que estamos”.
Córdoba también judicializa
La actuación del Poder Ejecutivo mendocino se condice con otras provincias, como Córdoba, cuyo gobernador, Juan Schiaretti, anunció este jueves que también irá a la Justicia y presentará un recurso de amparo. En este caso, los vencimientos que deberá afrontar Córdoba son de un total de U$S 145 millones y se deben pagar antes del 10 de junio.
El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, manifestó que se estaba trabajando “en una presentación judicial cuestionando la legalidad de la medida”.
Para Giordano, fue una medida “imprevista, discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional”.
Cepo a Mendoza y las provincias
La medida rige a partir de este viernes hasta fin de año, sin alcanzar el pago de intereses de deuda de las provincias. en este sentido, Mendoza debe pagar en septiembre U$S 45 millones de capital y U$S 15 millones de intereses, por lo que sólo accedería a U$S 18 millones al tipo de cambio oficial (es el 40% permitido por el BCRA). El resto del capital (U$S 27 millones), deberá conseguirlo por otro lado, o intentar refinanciar su deuda.
La entidad encabezada por Miguel Pesce lo confirmó este jueves, tras la reunión de su directorio, donde se dispusieron los lineamientos para los pagos de deuda provincial en dólares con legislación externa y nacional, y otros endeudamientos financieros con el exterior.
“La norma establece que deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años”, señaló el BCRA en un comunicado.
