Suárez espera fondos de Nación que debían llegar el 31 de julio

Es la segunda cuota de un préstamo que el Gobierno de Fernández otorgó a Mendoza para cubrir desequilibrios financieros de la caída de la recaudación provocada por la cuarentena.

Suárez espera fondos de Nación que debían llegar el 31 de julio
Acuerdo firmado. Suárez flanqueado por los ministros de Economía, Guzmán, y de Interior, De Pedro. Fue el 26 de junio pasado, cuando se firmó la asistencia para Mendoza.

En abril, la Nación oficializó una partida de 60.000 millones de pesos para todas las provincias a través de préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Aunque se esperaba una suma mayor, de esos $60 mil millones, Mendoza firmó un préstamo por 1.900 millones de pesos en dos desembolsos. El primero debía pagarse en junio pero llegó a las arcas provinciales en julio, y el plazo del segundo se venció el viernes 31 de julio, pero desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que todavía no hay novedades del depósito sin dar más detalles ni declaraciones. Por su parte, desde la Nación solamente confirmaron el primer desembolso de 950 millones de pesos y todavía no informaron fecha cierta de pago de la segunda parte.

Inicialmente, Suárez pidió 5.200 millones de pesos y el día mismo de la firma del convenio, desde la Nación anunciaron que le darían a Mendoza 3.000 millones de pesos. No obstante, en el convenio se firmó por $1.900 millones. Este imprevisto recorte sobre el monto del préstamo obligó al mandatario provincial a mantener el calendario de pago del aguinaldo escalonado desde septiembre sin posibilidades de hacer un adelanto.

Además, Mendoza recibió un monto menor al de otras provincias como Tucumán ($6.000 millones), Chubut ($5.000 millones), Entre Ríos ($3.500 millones), Córdoba ($4.800 millones), Santa Fe ($4.600 millones) y Santa Cruz ($3.000 millones).

Reclamo

El Gobierno provincial evaluó algunas estrategias ya que considera inequitativo el reparto de los fondos por la caída de recursos del Estado provocada por la pandemia. Se trata de dos pedidos de explicaciones que acordaron Suárez, el vicegobernador, Mario Abed; y algunos legisladores nacionales del oficialismo provincial los primeros días de julio.

Desde el Ejecutivo, aseguraron en su momento que siempre habían tenido buen diálogo y relación con la Casa Rosada y que vieron que los fondos se repartieron de forma discrecional porque Mendoza fue la segunda provincia que menos dinero recibió y si se saca el número per cápita es la última de la lista.

El préstamo

Mendoza pudo acceder al financiamiento porque la emergencia económica, sanitaria, financiera, social y administrativa, le permitió a Rodolfo Suárez hacer uso de créditos por hasta casi 20.000 millones de pesos para resolver la crisis por la pandemia de la Covid-19. Estos decretos del gobernador fueron refrendados en la Legislatura.

El préstamo de 1.900 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo se tendrá que comenzar a pagar en 2021 y es parte de un programa nacional de 60.000 millones de pesos para todas las provincias del país que según el  decreto 352/2020 busca “sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de coronavirus”.

El 26 de junio, la provincia firmó el convenio bilateral en el que se acordaron las condiciones del préstamo: 1.900 millones de pesos, en dos desembolsos siempre y cuando la provincia entregue la documentación correspondiente. Se devolverá en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un período de gracia hasta el 31 de 2021, la tasa aplicable será del 0,10% nominal anual y se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia que elabora el Banco Central.

La asistencia a futuro, sin criterios definidos

Desde el Gobierno nacional, propusieron para el Presupuesto 2020 50.000 millones de pesos para reforzar las finanzas provinciales para convencer a los legisladores de la oposición de votar a favor. La suma se adicionará al Programa para la Emergencia Financiera Provincial que se creó en abril para cubrir los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte afectados por la pandemia. Sin embargo, en la ley no se especificó los criterios para distribuir los fondos.

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