Mañana el gobernador Rodolfo Suárez dará su último discurso ante la Asamblea Legislativa, para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial.
Se trata de una cita institucional, pero que todos los años es seguida con atención por legisladores, entidades empresarias y otras organizaciones de la sociedad civil, porque tradicionalmente el Gobernador anuncia las líneas de acción para el año de gestión, en este caso el último que está recorriendo Suárez.
Como tradicionalmente sucede, en el Gobierno se guarda bajo siete llaves el contenido de ese discurso. Lo que se viene repitiendo en voz baja es que habrá una mención a la construcción de la represa El Baqueano, que el jueves consiguió de Nación, que la futura generación eléctrica de la obra tenga “precio”.
Lo que sucedió el jueves es que la obra ingresó al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas con un contrato a 15 años con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), una entidad mixta que se encarga de comprar la energía producida en todo el país, ya sea hidroeléctrica, atómica, térmica, solar o eólica.
Lo que se dice ahora es que, terminado el proyecto y la evaluación de impacto ambiental, sólo queda la expropiación de las tierras que quedarán sumergidas por el espejo de agua que se cree tras levantar el paredón. Para esa expropiación hace falta una ley y se especula con que Suárez anunciará mañana el próximo envío del proyecto para que la Legislatura lo apruebe.
El discurso de la pandemia
En aquel discurso de 2020, el primero de Suárez en su gestión, estuvo marcado por el Covid-19. En esa oportunidad el mensaje se hizo en una Legislatura vacía y los legisladores provinciales siguieron las incidencias vía teleconferencia.
En ese mensaje, Suárez anunció el envío de 11 leyes a Legislatura. Es que en medio de la pandemia, desatada menos de tres meses antes del aquel mensaje, el tema más imperioso eran las medidas para mejorar la atención e ir desatando la actividad económica del cierre de actividades.
Así que esas leyes se transformaron en el principal anuncio a futuro. Una de ellas quedó archivada en los cajones legislativos, quizá la más importante para Suárez: la que declaraba la necesidad de la reforma constitucional. Ese proyecto fue anunciado como una forma de reducir los gastos de la política, puesto que la principal propuesta era eliminar una cámara legislativa y eliminar la elección de medio término.
“La reducción del gasto público y a una adecuación institucional de calidad del Poder Legislativo acorde a los tiempos que corren. No tiene sentido tener una cámara de senadores y otra de diputados que en la norma y en la práctica representan lo mismo”, decía Suárez aquel primero de mayo y en agosto lo presentó en Legislatura.
Esa propuesta necesita dos tercios de los votos de las dos cámaras, cantidad de voluntades que el proyecto nunca tuvo porque los bloques oficialistas no los tienen y la oposición no los otorgaba. Hay que decir todo: tampoco todos los legisladores oficialistas estaban de acuerdo con la propuesta. Así esa iniciativa nunca prosperó.
En los discursos 2021 y 2022, Suárez insistió en el pedido de abrir el debate sobre la reforma institucional, como llama el Mandatario a la modificación de la Constitución.
El 1 de mayo del año pasado, Suárez dijo a los legisladores que lo escuchaban: “vengo a pedirle a la oposición, con la mejor voluntad de diálogo, que permita abrir el debate de cara a la sociedad. No hay excusas justificables para seguir demorándolo. El proyecto lleva casi 2 años en la Legislatura y, como es sabido, no se puede argüir ninguna especulación de parte ya que, en caso de habilitarse, por los tiempos que lleva la conformación del proceso constituyente, quien les habla ni siquiera estará al frente del Poder Ejecutivo”. El pedido no despertó la piedad opositora y sigue durmiendo.
De las principales propuestas anunciadas en el 1 de mayo de 2020 y que tuvieron luz verde se cuentan las que creaban el programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado), que está vigente para la formación e inserción laboral. También está vigente la creación de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología y la ley de ordenamiento del piedemonte (aprobada en 2022) y la creación del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS).
En el discurso del año pasado, Suárez dijo respecto al CEAS: “en un año y medio se reglamentó la ley que lo regula y comenzó su funcionamiento, conformando siete comisiones que vienen estudiando más de 100 proyectos. De ellos 8 ya han sido aprobados y se han convertido tanto en iniciativas legislativas como en propuestas al Poder Ejecutivo Provincial”. El CEAS viene lento en concreciones: de esas ocho que mencionó Suárez en 2022, ninguna se ha concretado.
En 2020 también reiteró su compromiso con el sendero de austeridad y orden del gasto público iniciado por su antecesor, Alfredo Cornejo. En aquel momento dijo que el gasto de personal representaba 54% del total del gasto. Dos años después, fuentes del Ministerio de Hacienda afirman que los salarios representan un poco menos de aquel porcentaje, 52%. Lo que si ha sucedido entre 2021 y 2022, es que se consolidó la obtención de un superávit fiscal, que ha permitido tener en la actualidad una nómina y media de ahorros, algo así como 30.000 millones de pesos debajo del colchón, a pesar de la baja de alícuotas de ingresos brutos que se inició en 2017 y que siguió ampliándose durante los años de gestión de Suárez. Obviamente, este logro fiscal seguramente tendrá un capítulo en el discurso que Suárez dará mañana.
La vuelta a la normalidad
El 1 de mayo de 2021, todavía la pandemia de Covid-19 era el tema ineludible de toda la actividad de gestión. Hubo una larga explicación de las medidas tomadas para la atención de los enfermos y el desarrollo de las actividades lo más normales posibles, incluida la vuelta a la presencialidad en las escuelas de la provincia a contramano de las intenciones nacionales Sin embargo hubo espacio para algunos anuncios.
En el segundo mensaje, Suárez anunciaba que ya se habían iniciado el proceso licitatorio del acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta; el anuncio volvió a reiterarse en 2022. Esa obra fue adjudicada hace pocos días a la empresa Corporación del Sur SA y el anuncio fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril pasado.
En mayo de 2021, Suárez anunciaba el envío a Legislatura de la ley para desarrollar la segunda etapa del Programa Mendoza Activa. En la actualidad van cuatro etapas, por lo que podría decirse que se cumplió largamente con el anuncio de hace dos años.
Sin embargo, hablando de actividades económicas, en ese mismo mensaje también se anunciaba el envío de “una la Ley de fomento a la inversión industrial. La iniciativa apunta a crear un sistema provincial de incentivo a la inversión industria”, decía Suárez. Esa iniciativa todavía no llega a Legislatura.
Tercera cita
En 2022, Suárez volvió a hacer una larga rendición de cuentas e hizo unas pocas promesas. Una fue la del acueducto Monte Comán-La Horqueta, que venía de 2021 y que, como se dijo, ahora empezará a concretarse.
También prometió la licitación de las obras para extender el servicio del Metrotranvía, que actualmente está en desarrollo (hubo en pedido de prórroga para la presentación de propuestas) y se estima que en los próximos días habrá novedades.
También prometió la llegada de 20.000 medidores de consumo de agua en los domicilios. El 20 de marzo pasado Los Andes informaba que Nación había autorizado la importación de los aparatos que en los próximos meses se instalarán en Dorrego.
También prometió el envío de dos proyectos de ley. Uno para modificar la actual ley de Responsabilidad Fiscal y otra para modificar la normativa tributaria actual. La primera de ellas está bajo análisis del CEAS que, como se dijo, viene lento en concreciones; de la otra no hay noticias.
Inicio del año legislativo
Todos los 1 de mayo los gobernadores van a Legislatura a dar por iniciado el ciclo de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Ritual constitucional. En la Constitución se establece que el periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 1 de mayo al 30 de setiembre.
Cinco meses de trabajo. En ese periodo, los legisladores pueden presentar sus proyectos. La Legislatura funciona en octubre cómo prórroga de este plazo.
Meses extraordinarios. Desde el 1 de noviembre la Legislatura funciona como periodo extraordinario. Sólo se pueden tratar proyectos ya presentados en el periodo ordinario o los que lleguen desde el Ejecutivo.
