El Gobierno de Mendoza ha decido avanzar en una solución a un problema de larga data que involucra al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los beneficiarios de las casas. Funcionarios provinciales presentaron un proyecto de ley que apunta a brindar facilidades a los adjudicatarios para que puedan regularizar la titularidad de la vivienda y acceder a la escrituración. Asimismo también se implementará un régimen de cancelación anticipada. Desde el organismo resaltaron que la iniciativa alcanzará a más de 40.000 familias.
Los últimos años de crisis económica han generado dificultades para que el organismo estatal pueda cobrar las cuotas de los beneficiarios de las viviendas sociales. A su vez, esta mora ha impactado en la imposibilidad de establecer la regularización dominial de miles de casas, lo que termina ocasionado inconvenientes tanto al Estado como a las familias que allí habitan.
El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, y la titular del IPV, María Marta Ontanilla, llevaron a la Legislatura una propuesta del Ejecutivo liderado por el gobernador Rodolfo Suárez que tiene el doble objetivo de solucionar el problema de la mora y el de la escrituración.
Según indicaron a Los Andes desde el IPV, se calcula que esta iniciativa beneficiará a más de 40.000 propietarios que no cuentan con escritura, mientras que registran un número similar de adjudicatarios que adeudan cuotas. Esto representa a cerca del 70% de todos los créditos que tiene al momento el IPV, que son alrededor de 60.000.
A escriturar
El ministro Isgró resaltó que este proyecto busca la “regularización dominial de muchas familias que son poseedoras de viviendas que han obtenido a través de programas del IPV y aún no han tenido la escritura de las mismas”. Asimismo indicó que también se apunta a “regularizar las deudas que cada familia pueda tener con el pago de sus casas”.
Ontanilla explicó que la norma va a permitir que las familias puedan cancelar sus deudas históricas con algunos beneficios específicos. “El objetivo final es que todas las familias puedan recibir finalmente la escritura de su vivienda. Aquellas personas que son poseedoras, que no tengan la escritura y que demuestren su posesión pacífica, van a poder regularizar su situación”, indicó.
La eventual aprobación de la propuesta permitirá que los beneficiarios accedan a facilidades, mediante descuentos y la simplificación de trámites, para regularizar la titularidad de la vivienda que habitan y así, finalmente, acceder a la escrituración.
Además precisa que quienes habiten una casa entregada por el IPV producto de una venta, cesión de derechos o permuta, podrá solicitar el cambio de titularidad siempre que cumpla con los requisitos que se han determinado para este fin.
Uno de los aspectos principales que destaca el Gobierno provincial de esta iniciativa es la eficiencia del gasto público y el ahorro de recursos que implicará al Estado. El ministro de Infraestructura remarcó que este proceso de regularización permite por un lado disponer de más recursos para “construir casas para quienes hoy no las tienen”. Pero además señaló que favorece a que el Estado deje de afrontar gastos que esas viviendas ocasionan por estar todavía a nombre del organismo público.
El proyecto de ley establece que quienes deseen acceder a la escrituración, podrán hacerlo, aún cuando registren deuda con diversos organismos. Actualmente, esta situación significa un obstáculo para muchos adjudicatarios, pero la aprobación de la nueva normativa simplificaría el proceso. Por ejemplo, si una familia tiene una deuda con Aysam o Edemsa, tras la escrituración esa deuda pasa a su nombre, en lugar de estar a título del IPV.
De todas maneras, esto no implicará que esas deudas sean condonadas sino que, al ser reconocidas, les permitirá continuar con el curso del trámite.
“Principalmente buscamos que la familia tenga su bien, que ya lo poseen pero que el título sea de ellos para su posteridad. Y por otro lado, que dejen de estar a nombre del Estado, provocando el gasto mensual y anual que eso implica”, explicó.
En tanto, la presidenta del IPV sostuvo que la ley permitirá que miles de beneficiarios se puedan poner al día con las cuotas, ya que atiende justamente a aquellas personas que adeudan las mensualidades. Detalló que habrá beneficios para cancelar las acreencias con quitas en el capital e intereses y destacó que se trata de importantes descuentos.
Para estos se dispondrá la implementación de un régimen de cancelación anticipada. En este sentido, se han establecido diferentes beneficios dependiendo el saldo de capital adeudado o la antigüedad de la vivienda o crédito.
Problema en alza
En su edición del 10 de octubre, Los Andes informaba que la pandemia del coronavirus y la crisis económica que trajo aparejada hicieron que la morosidad de los beneficiarios del IPV trepara al 60%, es decir que 6 de cada 10 adjudicatarios de las viviendas construidas por el Estado provincial no pagan la mensualidad que le corresponde.
Si bien la gran mayoría de los créditos poseen cuotas inferiores a $500, correspondientes a planes que no tenían mecanismo de actualización, el alto nivel de morosidad preocupa a los funcionarios provinciales.
Por este motivo, en octubre el IPV buscó incentivar a los adjudicatarios para que cancelaran el saldo de sus créditos con descuentos y quita de intereses. En esa oportunidad, se lanzó un plan masivo de cancelación en etapas. La primera abarcó a más de 5.000 adjudicatarios, que recibieron durante la primera quincena del mes de octubre, un boleto con el importe total para cancelar la vivienda.
Dicho informe incluyó un descuento del 20 por ciento sobre el saldo de capital y, en el caso de registrar mora, una quita del 100% de los intereses moratorios generados. Esta fue una de las medidas con las que el organismo apuntó a reducir la cartera de créditos añosos que se encuentran activos.
Ahora, con esta nueva iniciativa que ingresó a la Legislatura, el IPV busca intensificar depuración de su cartera, con la posibilidad de ir reduciéndola. Esto permitiría mejorar la administración de los créditos vigentes.
Tratamiento legislativo
El proyecto ingresó este jueves a la Cámara de Diputados pero su tratamiento no se dará en breve. Esto se debe a que a partir de la semana que viene comenzará el receso legislativo que se extenderá durante todo enero.
Esto quiere decir que el tratamiento en comisiones y al discusión de la propuesta podría arrancar recién en febrero. “Me imagino que en marzo o abril podremos estar implementándola si todo va bien”, manifestó Ontanilla.
