A casi dos años de su implementación y con 15 juicios por jurados populares realizados, en el Gobierno consideran que el sistema está lo suficientemente consolidado. Por ese motivo quieren incorporar más delitos penales cuyos casos se decidan por este sistema. Una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de distintos estamentos será la encargada de trabajar en las modificaciones de la normativa actual.
La ley 9.106 fue sancionada en octubre de 2018 contemplando los casos de homicidio agravado previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación, es decir los que reciben, en caso de culpabilidad, prisión perpetua. Ahora, la intención es continuar con los delitos en donde hay penas temporales, con máximas y mínimas, alcanzando a otros homicidios con condenas de hasta 25 años de prisión.
La implementación de juicios por jurados populares fue uno de los bastiones del ex gobernador Alfredo Cornejo en materia judicial, que negoció con la futura presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti. La ley, permitió que en abril del 2019 Sebastián Petean Pocoví fuera condenado a prisión perpetua luego de ser considerado culpable del doble homicidio de los policías Jorge Cussi y Daniel Ríos, en lo que fue el debut del sistema.
Dos resoluciones diferentes: CortezTarabay y la “valija fúnebre”
Luego de ese primer juicio, fueron once más los casos en los que intervinieron 12 integrantes del jurado popular encargados de dar su veredicto, y que el juez o jueza tradujera en sentencia. Es necesaria la unanimidad, ya sea para culpabilidad o absolución, y casi todos los casos han finalizado con los acusados culpables.
Hubo un solo “estancado” que tuvo como protagonista a Claudia Cortez Tarabay, acusada de asesinar a su marido y absuelta luego de que el Ministerio Público Fiscal no insistiera en la acusación, conocida la decisión dividida del jurado.
Otro caso terminó con el propio juez, Eduardo Martearena, en el centro de la polémica porque se negó a aplicar la pena de prisión perpetua prevista. El caso está en la Corte esperando resolución.
En lo que va del 2020 se realizaron tres juicios por jurado y para el 2021 hay confirmados cinco más, entre los que está el caso de Leonardo Hisa. El ex senador radical está acusado de femicidio por el crimen de Norma Carletti, su ex pareja.
Un sistema en condiciones de evolucionar
“Desde la puesta en vigencia del sistema de juicios por jurado populares, se ha demostrado que ha sido un éxito en los juicios y en la logística compleja para ponerlo en escena. Creemos desde el Gobierno, que estamos en condiciones de avanzar en la incorporación de más delitos”, explicó a Los Andes Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia.
El gobernador Rodolfo Suárez comparte esta premisa y por eso en el Ejecutivo trabajan en el decreto que terminará de delinear la conformación de la comisión y que saldrá en los próximos días. La primera reunión podría darse, incluso, antes de fin de año.
La mencionada comisión, estará compuesta por siete miembros. El ministro José Valerio irá por Suprema Corte de Justicia, D’Agostino por el Ejecutivo y el fiscal Fernando Guzzo representará al Ministerio Público Fiscal. El Colegio de Abogados y Procuradores designó a Susana Soletti y la Asociación de Magistrados a Ximena Morales. Los dos representantes de ambas cámaras legislativas son Marcelo Rubio (Senadores) y Adrián Reche (Diputados).
Para D’Agostino “hay que ser cuidadosos en la cantidad de delitos a introducir por lo complejo del sistema de los juicios” por lo que se consensuará dentro del grupo conformado. Se emitirá un dictamen y a base de éste, se trabajará en un proyecto de ley modificatorio de la legislación actual y que incluirá, entre otros, a los homicidios simples o dolosos.
“La idea es ir de mayor a menor gravedad, entendiendo como gravedad la pena establecida. Están las perpetuas, después los homicidios con penas máximas de 25 años. Tenemos una ley muy avanzada respecto de otras circunscripciones”, indicó el funcionario.
El “caso Martearena”
El juez Eduardo Martearena condujo el juicio por el asesinato de Juan Lucero, ocurrido en 2017 en Godoy Cruz. La historia se conoce como de la “valija fúnebre” ya que a la víctima la llevaron dentro de una valija hasta el lugar donde apareció muerta.
El veredicto del jurado determinó que los acusados, Abel y Rafael Yáñez y Mariano Gutiérrez eran culpables del delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. El juez no impuso la prisión perpetua por considerarla inconstitucional y, en una audiencia de censura, los condenó a 25 años de prisión. El Ministerio Público Fiscal recurrió a la Corte y se espera el fallo para “las próximas semanas”.
